"El demérito lo hacen algunos de los presuntos responsables o sus familiares quienes, una vez negadas por un juez las órdenes de aprehensión solicitadas por Carrillo, salen públicamente a desmentirlo"

Luis Ángel Flores

Empañadas, las investigaciones del fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto sobre la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco repitieron, en una primera instancia, el fracaso para procesar al ex Presidente Luis Echeverría Álvarez. Pero además, elevaron tanto el nivel de las dudas en torno al trabajo de la fiscalía especial contra la Guerra Sucia que el propio perseguidor de delitos terminó denunciado.
El demérito lo hacen algunos de los presuntos responsables o sus familiares quienes, una vez negadas por un juez las órdenes de aprehensión solicitadas por Carrillo, salen públicamente a desmentirlo. Entre ellos, el General retirado Javier Vázquez Félix, el militar que por órdenes directas del Secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, recogió esa noche los cadáveres de la Plaza de las Tres Culturas. En entrevista con Proceso, el General de 80 años asegura que el número de muertos fue de 38 civiles y cuatro militares. Para la fiscalía, en cambio, sólo fueron 21.
Es el caso también del capitán retirado Luis de la Barreda Moreno, ex director y ex subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, prófugo por otros delitos que le imputa la fiscalía. Su hijo, el ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda Solórzano, hizo pública una demanda penal que interpuso la semana pasada contra el fiscal especial por presunta manipulación de las averiguaciones judiciales, al involucrar al ex policía, según la denuncia sin ninguna justificación, en los hechos de Tlatelolco.
Convaleciente de un reciente infarto cerebral y con la mediación de su hijo, Javier Vázquez Pacheco, el General cuenta, brevemente, su participación el 2 de octubre de 1968. "En esa fecha yo era el comandante del 43 Batallón de Infantería que tenía su asiento en Toluca, Estado de México. Por orden del Secretario de la Defensa ese día me concentré en las instalaciones de Canal 11 de televisión, en el casco de Santo Tomás. Ahí tenía mi cuartel general.
"De ahí me ordenaron que me desplazara a la Plaza de las Tres Culturas. Lo que yo hice fue recoger los cadáveres. Fueron los restos de 38 civiles y cuatro soldados. Entre los civiles estaba un niño de 12 años que murió en el edificio Chihuahua. Los muertos civiles los entregué a la Cruz Roja. Ya no supe más de ellos porque nos trasladamos a Toluca", asegura.
Vázquez Félix, quien ha sido mencionado como uno de los consignados por el fiscal por esos hechos, señala que el parte militar lo hizo directamente al Secretario de la Defensa, Marcelino García, con quien, asegura, tenía una amistad cercana.
El General retirado declaró sólo una vez ante la fiscalía, en octubre de 2003, cuando fue interrogado en el hospital militar. El interrogatorio se detuvo, dice su hijo, "porque al momento de las preguntas, que eran muy tendenciosas casi se infarta. Ese hecho está consignado en la diligencia ministerial", asegura.
Convencido de la versión de que los francotiradores del edificio Chihuahua pertenecían al Consejo Nacional de Huelga, el General retirado reconoce en la entrevista que al momento de estar en la plaza tenían instrucciones "de no tirarles a los del guante blanco. Eran tropas de nosotros, del batallón Olimpia que comandaba el General Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle", ya fallecido.
Gracias a su cercanía con el Secretario de la Defensa, confirma también que García Barragán tenía serias diferencias con el Jefe del Estado Mayor Presidencial, el General Luis Gutiérrez Oropeza. "No se querían", asegura. La relación del Secretario de la Defensa también era mala con el Secretario de Gobernación, Luis Echeverría, afirma.
De la presunta consignación hecha por el fiscal en su contra, Vázquez Félix dice: "No es justo. Cómo lo va a hacer. Si ellos nos tendieron una trampa. Ellos, los del comité huelga, fueron los que mataron, no nosotros".
El número de muertos que refiere el General retirado es el mismo que había indicado en noviembre de 1992 cuando le envió una carta al General Alfonso Corona del Rosal, quien era regente del DF en octubre en 1968.
"Yo vi los muertos tendidos en el piso e incluso tomé parte activa cuando fueron levantados. Exactamente hubo 38 muertos de ambos sexos en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas y se halló el cadáver de un niño de 12 años en un edificio Chihuahua. Además, perecieron cuatro soldados del 44 Batallón de Infantería", dice la carta reproducida en las memorias del ex regente.
Y aunque en documentos estadounidenses desclasificados a fines de los 90 se estima que el número de muertos pudo ser de hasta 200, para la fiscalía el número de víctimas fue de 21.
De acuerdo con la versión del pliego de consignación del expediente de 68 filtrada por la fiscalía en mayo, la remisión de la averiguación previa ante el juez "no solamente se circunscribe a acreditar los 21 casos de los homicidios documentados y sucedidos el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, sino que además se documenta y acredita la realización de otros ilícitos que se enmarcan dentro de los actos de represión gubernamental al movimiento estudiantil de 1968, antes y después de ese día"
Otro de los responsabilizados por el fiscal de la matanza de Tlatelolco fue el ex capitán De la Barreda Moreno. Pero a decir su hijo, el militar retirado no estaba ese día en funciones. "El capitán De la Barreda no pudo haber participado en modo alguno en los hechos de aquella aciaga noche porque en esa fecha se encontraba convaleciendo en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, donde permaneció internado del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1968".
Por ese hecho, el anterior ombudsman del DF demandó el martes 27 al fiscal ante la Procuraduría General de la República. Acusó a Carrillo de cometer un delito contra la administración de la justicia al incluir a su padre en la consignación, lo cual demuestra "su auténtico talante jurídico y humano".
En sus consignaciones, dijo, el fiscal "ha querido tener como blanco de sus fobias a mi padre. En el caso del 2 de octubre él no fue señalado por nadie en la averiguación previa", aseguró Luis de la Barreda Solórzano, actual presidente del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
El ex capitán ha sido el principal acusado por la fiscalía. Además de estar incluido en la consignación de 68 y 71, se giró orden de aprehensión en su contra en Nuevo León por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra. Hay, además, órdenes de detención por parte de un juez del Estado de México por su presunta responsabilidad en la desaparición de Ignacio Salas Obregón, fundador del grupo guerrillero Liga Comunista 23 de Septiembre. En su contra hay otras cuatro órdenes de detención de jueces de Jalisco y el DF, tres por desaparición forzada de personas y una por homicidio calificado.
Quien fuera ombudsman capitalino dice que Carrillo Prieto "ha consignado por sistema" a su padre "porque ocupó un cargo y firmó oficios a su superior jerárquico (el ex Secretario de Gobernación Mario Moya Palencia), en los que informaba sobre las detenciones de guerrilleros y de las que a él se le informaba".
El fiscal ha pervertido la función del Ministerio Público y ha buscado chivos expiatorios en lugar de buscar la verdad de los hechos, declaró al cuestionar la integración del expediente de 68. En una respuesta pública, Carrillo le señaló que la acusación no es sólo por los hechos del 2 de octubre, sino por otros que ocurrieron "antes y después".
Además de las detenciones de Echeverría, Luis de la Barreda y el General Vázquez Félix, el fiscal fracasó en su intento de procesar al ex Procurador General de la República, Julio Sánchez Vargas, y a los generales Gutiérrez Oropeza y Raúl Mendiolea Cerecero, ex subjefe de la Policía Judicial Federal.
Pretendió también la aprehensión de Salvador del Toro Morales, ex agente del Ministerio Público y al también ex director de la DFS, Miguel Nazar Haro. Todas esas peticiones fueron rechazas por el juez Ranulfo Castillo Mendoza, titular del Juzgado 15 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, bajo el argumento de que el fiscal no acreditó el delito de genocidio el 2 de octubre de 1968.
A este fracaso en la consignación del expediente, que será revisado por un tribunal unitario, se suma la accidentada investigación de la masacre por parte de la propia fiscalía. El voluminoso expediente de 34 mil fojas y más de 50 tomos pasó por manos de tres responsables desde que la averiguación previa PGR/FEMOSPP/002/2002 se abrió hace tres años.
El primer responsable fue Américo Irineo Meléndez Reyna, quien salió de la fiscalía ante las revelaciones de su pasado como violador de los derechos humanos. Su lugar fue ocupado por César Osorio y Nieto, quien renunció por diferencias con el fiscal porque, según declaró, se negó a seguir sus instrucciones de elevar el número de personas consignadas por la masacre. Lo sustituyó Jorge Manuel Ruiz Jiménez.
Los cambios de responsables significaron cambios en los delitos por consignar. En su proyecto de mayo, el pliego de consignación señalaba que además del genocidio, la fiscalía tenía pruebas "documentadas y acreditadas" de un homicidio, posterior al 2 de octubre de 1968, perpetrado el 17 de noviembre del mismo año.
A pesar de que el fiscal aseguraba en ese momento que la averiguación ya estaba concluida, la consignación del expediente tardó todavía cuatro meses en ser llevado ante un juez. El aplazamiento se debió al fracaso definitivo de la fiscalía para lograr la detención de Echeverría como el principal responsable de la matanza de estudiantes el 10 de junio de 1971.
En junio, la magistrada del Quinto Tribunal Unitario, Herlinda Velasco Villavicencio, negó en definitiva la detención del ex Presidente y de otros 10 coacusados por considerar que el fiscal no había acreditado el delito de genocidio ni la presunta responsabilidad de los implicados.
La consignación del expediente de 68 se detuvo en vista de ese fracaso y fue hasta el 20 de septiembre que Carrillo se presentó ante el juez para solicitar la aprehensión, de nuevo, por genocidio. Dos días después sufrió otro revés por parte del juez Ranulfo Castillo Mendoza.
En vista de que el argumento de genocidio sería de nuevo rechazado en razón del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que ese delito prescribe en México para casos ocurridos antes del 2002, cuando entró en vigor la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, el fiscal añadió el delito de desaparición forzada y desechó el de homicidio, que también ya habría prescrito.
De acuerdo con la propia SCJN, la desaparición forzada es un delito continuado hasta que la persona aparezca viva o muerta. Por eso, el fiscal incluyó la desaparición forzada de Héctor Jaramillo Vázquez, dirigente estudiantil del Instituto Politécnico Nacional que fue detenido en enero de 1969, por su participación en un supuesto plan para asesinar a García Barragán.
Respecto a la desaparición de Héctor Jaramillo, el juez Castillo Mendoza estableció que a pesar de la existencia del delito, Carrillo no acreditó la responsabilidad de los ex funcionarios inculpados, Echeverría y Sánchez Vargas.
Los fallidos intentos del fiscal llevaron al hijo del General Vázquez Félix, Javier Vázquez Pacheco, a adelantar lo que se puede convertir en una insistente demanda para Carrillo Prieto: "A diferencia de lo que dijo el hijo de De la Barreda, el fiscal está en lo correcto si así lo considera, pero que entregue las pruebas pertinentes. Y si no, que dé una disculpa pública. Eso es lo justo y legal".