"El desembolso de la administración foxista por el regreso de los ingenios expropiados que tendrá que devolver podría llegar a los 9 mil millones de pesos sólo en inversión e indemnizaciones"

Raquel R. de Estrada

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la semana pasada al Gobierno federal regresar un ingenio azucarero a su dueño original, en dicho sector de calcula que, con los cuatro que ya se vio obligado a devolver y otros seis que deberán retornar a sus manos originales, el desembolso de la administración foxista podría llegar a los 9 mil millones de pesos sólo en inversión e indemnizaciones.
Ese sería el costo para el erario de la fulminante expropiación de 27 ingenios que, a principios de su mandato, dispuso el Gobierno de Vicente Fox, ya que, según José Cruz, asesor de la Unión Nacional de Productores de Caña, los criterios aplicados por la Suprema Corte en su resolución tendrán que repetirse en otros casos, hasta que en manos de la administración pública sólo queden 15 ingenios:
Tres del Grupo Santos, uno del Teresa Machado, nueve del Escorpión (Caze) y dos del Grupo Azucarero México (GAM). En realidad, apunta el especialista, podría haber conservado 16 si el gobierno no hubiera vendido uno, de Teresa Machado, en la cifra irrisoria de 134 millones de pesos.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se produjo por el ingenio Fomento Azucarero del Golfo o Zapoatita, localizado en Panucho, Veracruz, de Teresa Machado, después de que este y otros grupos recurrieron al amparo alegando que la administración pública federal no justificó "la utilidad pública" de la expropiación ni respetó su derecho de audiencia previa.
El lunes 16 de enero la SCJN dio la razón a Teresa Machado porque, efectivamente, el gobierno no otorgó el derecho de audiencia, no pudo demostrar técnicamente que los dueños de los ingenios hubieran incurrido en insolvencia financiera y, en consecuencia, no justificó la alegada "utilidad pública".
Inclusive, determinó que no se aplicó el principio de generalidad, es decir, el Gobierno de Fox no midió con la misma vara a los más de 60 ingenios que hay en todo el país, y sólo se concentró en 27.
Tras aclarar que la aplicación de estos criterios jurídicos no significa que todos los ingenios expropiados volverán a sus dueños, el experto Cruz adelanta que, por lo pronto, sí tendrán que extenderse a otros tres litigios del Grupo Teresa Machado, relativos a los ingenios José María Morelos (Jalisco), La Margarita (Oaxaca) y Central Progreso (Veracruz).
"Se trataría entonces, señala en entrevista, de cuatro ingenios que pierde el gobierno. Y éstos se sumarían a otros cuatro del Grupo Azucarero México --Benito Juárez (Tabasco), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Tala o José María Martínez (Jalisco) y El Dorado (Sinaloa)-- que la administración pública tuvo que regresar en 2004.
"Pero, además, a estos ocho tendrían que añadirse otros tres pertenecientes al Grupo Santos, ya que su dueño sólo espera que un tribunal de San Luis Potosí emita el mismo fallo que benefició al grupo de Teresa Machado, pues se trata de casos similares."
Recuerda el especialista que, en el momento de la expropiación, el gobierno foxista se apoderó de seis ingenios del Grupo Santos --Plan de Ayala y Alianza Popular (SLP), Bella Vista (Jalisco), Pedernales (Michoacán) y Cuatotolapa y San Gabriel (Veracruz)--, pero precisa que, a la sazón, tres de ellos --Plan de Ayala, San Gabriel y Cuautotolapa se hallaban enfrascados en una controversia judicial.
Esto último, porque el 3 de septiembre de 2001, fecha de la expropiación, el Grupo Santos todavía no pagaba el 100 por ciento de esos tres ingenios, que había comprado a Carlos Rello, por lo que la administración pública tuvo que cubrir la deuda privada del Grupo Santos.
Por cierto que Carlos Rello, ex concesionario de Pepsi-Cola en Edomex y ex Secretario de Finanzas de Montiel presuntamente involucrado en el lavado de dinero que se atribuye al ex Gobernador, adquirió esos tres ingenios durante el sexenio de Carlos Salinas.
"Y aunque no se ha hecho público revela José Cruz--, nosotros sabemos que por conducto del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), el Gobierno de Vicente Fox le pagó 30 millones de dólares por los tres ingenios: 10 millones se los dio en efectivo y 20 millones de dólares más se los pagó con azúcar que luego Rello tuvo que comercializar.
Aunque no sabemos bien a bien en qué términos el gobierno le pagó a Rello, creemos que por esta razón FEESA no tuvo el dinero suficiente para reparar los ingenios que manejó durante su administración."
Ante el golpe de la expropiación, el Grupo Azucarero México ofreció dos de sus ingenios el San Pedro y el San Francisco "en dación de pago" por lo que adeudaba a Bancomext y a la hoy extinta Financiera Nacional Azucarera, y por ello en ambos casos no interpuso amparo.
El ingenio San Pedro sigue en manos del gobierno, en tanto que el San Francisco lo vendió el año pasado en 134 millones de pesos, mediante adjudicación directa del Sistema de Administración de Bienes Enajenados, a Francisco García González, ex yerno de Enrique Molina Sobrino.
Por lo que se refiere al Grupo Escorpión o Caze, la administración pública federal le expropió nueve ingenios que se encontraban en un proceso litigioso con el Banco Internacional --hoy HSBC--, y respecto de los cuales José Cruz explica:
"Lo que sucedió aquí es que las acciones del Grupo Caze estaban dadas en garantía por créditos otorgados por la banca privada y la banca gubernamental. Al darse la expropiación, la banca privada reclamó al Gobierno federal su pago."
Así mismo, comenta Cruz, "se dijo entonces que el gobierno había incurrido en dos autoexpropiaciones", con los ingenios La Joya, de Campeche, y Santa Rosalía, de Tabasco, ya que al salir el decreto expropiatorio "estos ingenios ya estaban siendo administrados por el Fideicomiso Liquidador (Fideliq, hoy SAE)".

Las cuentas
En cuanto a los 9 mil millones de pesos que el Gobierno foxista pudiera tener que erogar en total por sus errores, el asesor de la Unión Nacional de Productores de Caña puntualiza:
"De acuerdo con cifras proporcionadas por el gobierno a la Auditoría Superior de la Federación, entre el 3 de septiembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2003, la administración pública invirtió 3 mil 166 millones de pesos para reactivar los 27 ingenios expropiados."
Y a esa cantidad, continúa, deben sumarse las indemnizaciones correspondientes a los 11 ingenios que regresan a manos de sus dueños, incluyendo los cuatro que ya se hallan en poder del Grupo Azucarero México.
Subraya que para hacer un estimado de lo que deberá cubrir el erario federal debe tomarse en cuenta el azúcar que, durante el tiempo de la expropiación, debió haber producido cada grupo, considerando que la tonelada del producto actualmente se cotiza en 570 dólares.
Así, los ingenios que retornarán a manos de Teresa Machado, calcula el asesor, debieron tener una producción de 370 mil toneladas; los de GAM, 430 mil, y los del Grupo Santos, 200 mil, que al precio actual darían un total de alrededor de 5 mil 700 millones de pesos.
Esta cantidad, sumada a los 3 mil 166 millones de pesos que ya invirtió el gobierno durante los dos primeros años de la expropiación, daría un total de 8 mil 866 millones de pesos, dice.
Sin embargo, estima que tanto Teresa Machado como Alberto Santos tratarán de llegar a un arreglo con el gobierno, "ya que no son gente que busque pleitos, además de que tendrán que negociar, pues ellos también tienen adeudos con el gobierno.
"Ahora que si el gobierno pretende pagarles cada ingenio en una cantidad similar a aquella por la cual remató el de San Francisco (134 millones de pesos), entonces sólo pagaría unos mil 400 millones de pesos, pero no creo que los dueños de los ingenios lo acepten, pues tenderán a hacer la negociación con base en la producción de sus propiedades."
Adicionalmente, adelanta, cuando la SCJN concluya la revisión de todos los amparos, se presentarán otros problemas, como el caso de las 800 mil toneladas de azúcar que, según los dueños de los ingenios, tenían en bodegas en el momento de la expropiación, cuya existencia está respaldada por diversas actas que los propietarios de los negocios habían levantado cuatro meses antes. "Por esas toneladas de azúcar también tendrá que ofrecer una indemnización el Gobierno foxista", advierte.
Por otra parte, la actual administración deberá explicar el funcionamiento y administración del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), que fue creado expresamente para hacerse cargo de los 27 ingenios, así como la existencia de las comercializadoras del producto Promotora Azucarera, S.A. de C.V. (Proasa) y Fideicomiso Comercializador (Fico).
Esto, porque desde la revisión de la cuenta pública de 2002 a 2004, el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, cuestionó la creación de dichos organismos e impugnó el hecho de que no se le haya permitido auditarlos.
Al respecto, un documento interno de la Auditoría en poder de Proceso establece: "Fico y los ingenios expropiados han efectuado la comercialización del azúcar al margen de las normas que rigen al sector público, asignando contratos de comercialización sin ajustarse a las leyes y fijando los precios del azúcar de manera discrecional"
José Cruz se pregunta todavía de dónde surgió la idea de la expropiación, aunque recuerda que, como secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez había comentado previamente que lo mejor era intervenir los ingenios.
Y remata: "No sabemos quién se benefició al final con la expropiación de los ingenios ni quién la operó. De lo único que sí tenemos certeza --porque estuvo en las negociaciones y lo presentaban como asesor del presidente de la República-- es de que en todo el proceso participó Lino Korrodi. Habrá que preguntarle qué sacó él de todo esto".