"El episodio es grave por sí mismo, porque incluyó un comportamiento autoritario incapaz de comprender que la protesta pacífica es una forma de expresar indignación ante la insuficiencia de la ley, expresión usual en todas las sociedades democr"

Gestionan

Prohibido protestar


En la víspera de que en Los Pinos se efectuara una sesión extraordinaria del Sistema nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, miembros del Estado mayor presidencial impidieron con violencia que una madre de familia y una Diputada federal se encadenaran a la reja de la casa del Ejecutivo.
Agredidas con desmesura, la legisladora tuvo que ser hospitalizada durante 48 horas. El parte médico registró esguince cervical y contusiones en varias partes del cuerpo. No salió inmediatamente porque le fue detectada una inflamación cerebral.
Mavic Jaimes Miranda nació en 1970 en Cuernavaca, donde ahora es maestra de secundaria. Casada con el también profesor Froylán Nava Ocampo, se trasladaron hace cinco años a Houston, donde él obtuvo una plaza como maestro bilingüe.
Llevaban consigo a sus dos hijos, nacidos en el Instituto nacional de perinatología, porque los embarazos respectivos eran de alto riesgo, como lo fueron cuatro anteriores que terminaron en aborto.
La violencia que a decir de la señora Jaimes caracterizó su vida matrimonial la condujo a demandar el divorcio en aquella ciudad texana, donde lo obtuvo, así como la custodia de los niños.
La separación no aminoró la agresividad del padre, que fue encarcelado el 17 de julio de 2003 durante unos días por lastimar a su ex esposa.
El 3 de julio siguiente, al tener a sus hijos en el fin de semana, huyó a México con ellos. Desde entonces la madre, que también volvió, los ha buscado por doquier, pretendidamente con el auxilio de la Procuraduría General de la República, pues presentó denuncia ante el Ministerio Público Federal, sin obtener resultado alguno.
El 10 de mayo de 2004 se encadenó durante unas horas al monumento a la Madre, en la ciudad de México. Sólo consiguió la atención de la Comisión de equidad de género de la Cámara de diputados, que la ha apoyado desde entonces en sus gestiones.
Elegida Diputada federal en 2006, su paisana Adriana Díaz Contreras la acompaña personalmente en su esfuerzo por localizar y recuperar a sus hijos. Decidieron juntas repetir la experiencia de 2004, pero escogieron hacerlo en Los Pinos.
El Presidente Calderón nos ha mostrado varias veces a su familia, razonó la señora Jaimes, y quise hacerle ver que a mí también me importa la mía. Decidió encadenarse a las vallas que circundan la casa presidencial, y cuando la Diputada Díaz Contreras se disponía a hacer lo mismo, personal militar de la residencia oficial las atacaron violentamente.
Rompieron las cadenas y las arrastraron hasta la avenida del Chivatito.
El episodio es grave por sí mismo, porque incluyó un comportamiento autoritario incapaz de comprender que la protesta pacífica es una forma de expresar indignación ante la insuficiencia de la ley, expresión usual en todas las sociedades democráticas.
Le añade gravedad la indiferencia presidencial ante la agresión. No se han pedido disculpas y mucho menos se ha anunciado sanción alguna contra los responsables, que deberán ser llamados por la justicia habida cuenta de la denuncia presentada por la legisladora.
Tampoco se ha conocido reacción alguna de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cuyo presidente está obligado a velar por la integridad física de sus compañeros, parte de su fuero constitucional, condición que los agresores pasaron por alto de modo más que grosero.
Pero el acontecimiento adquiere mayor relieve cuando se le examina en el contexto de una creciente penalización de la protesta social, cuando se están adoptando medidas de diversa índole y distinto origen conducentes todas, sin embargo, a prohibir la expresión de inconformidades y a criminalizar a quienes demandan acciones legales o administrativas en su beneficio o se oponen a las que los perjudican.
Ese es el entorno en que tres activistas de San Salvador Atenco fueron condenados, la semana previa, a 67 años y medio de prisión por haber retenido, en un caso durante dos días y en otro por sólo unas horas, a funcionarios del Gobierno mexiquense, a causa de demandas insatisfechas.
He de insistir en que la violencia contra servidores públicos no es de modo alguno condonable.
Pero reitero con mayor fuerza el despropósito legal y judicial de equiparar la breve privación de la libertad, que se cumple en espacios públicos, con declaración diáfana de su propósito, con los secuestros mercenarios merecedores esos sí de la máxima sanción judicial por sus móviles y porque a la pérdida de la autonomía personal de la víctima añaden brutal violencia sicológica sobre el secuestrado y sus deudos.
La base legal para comparar las retenciones de Atenco con secuestros destinados a obtener el pago de rescate, con frecuencia de montos que arruinan a una familia, se aprobó años atrás, como un dispositivo de autoprotección del Estado, que de ese modo reconoce su capacidad de enfrentar con medios políticos la protesta social, cuyos móviles se multiplican en una sociedad que pierde cotidianamente lazos de cohesión.
En ese mismo sentido previsor se inscribió una reforma al código penal federal practicada en las postrimerías del Gobierno de Díaz Ordaz y que ratificó el Congreso el 25 de abril, ya por finalizar el periodo de sesiones ordinarias de las cámaras.
A partir del once de septiembre de 2001, Estados Unidos ha diseñado una estrategia general contra el terrorismo y demandado de la comunidad mundial que lo haga también.
La Organización de las naciones unidas se ha hecho eco de esa exigencia y solicita a los gobiernos que la integran que adopten y reporten medidas en esa dirección.
Con ese motivo, se reformó la legislación penal mexicana para incluir el delito de terrorismo internacional. Era innecesario hacerlo, porque el terrorismo, sin apellido, está incluido en el código federal desde 1970, y su tipificación era bastante para enfrentar su nueva condición trasnacional.
El nuevo artículo 139, que no ha sido publicado pero no fue vetado pese al reconocimiento de sus impulsores de que puede ser útil a propósitos diferentes del embate antiterrorista pudo haber sido mejorado evitando la confusión de terrorismo y protesta social.
Dice así:"Se impondrá una pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas y similares, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzca alarma o terror entre la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome alguna determinación".
Las expresiones que pongo en letra cursiva son potencialmente peligrosas no respecto de los terroristas que se hagan acreedores de las sanciones previstas por las espeluznantes conductas descritas, sino de cualquier persona que en expresiones callejeras busque presionar a las autoridades para que tomen alguna determinación.
Si se deja al arbitrio judicial determinar qué otros medios son violentos para el logro de ese último propósito, tendríamos multiplicadas sentencias como la que afecta a Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez en Atenco.
Por lo tanto, hubiera sido preferible eliminar esos supuestos que difieren del propósito central del artículo reformado. Puesto que no niego la necesidad de sancionar a quienes efectivamente utilicen violencia contra acciones gubernamentales, recuerdo que el delito de sedición está tipificado desde hace décadas para evitar que la autoridad del Estado sufra mengua.
Por si algo faltara, el miércoles el Diario oficial publicó el decreto presidencial que crea el Cuerpo de fuerzas de apoyo federal.
Surgido en el contexto del combate a la delincuencia organizada, la disposición es discutible y su comprensión requiere información adicional sobre, por ejemplo, el papel que a la luz de la nueva corporación le resta a las fuerzas federales de apoyo de la Policía Federal Preventiva.
Pero en torno de lo que aquí describo, preocupa que se otorgue a una misma corporación facultad para atacar a la delincuencia organizada y para "contrarrestar actos de perturbación a la paz social" (Reforma, 10 de mayo).

El pasado presente._ Un día como hoy, de hace quince años, el 13 de mayo de 1992, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de administración pública que creó la Secretaría de Desarrollo Social, diseñada especialmente para que sirviera de plataforma de lanzamiento presidencial a Luis Donaldo Colosio.
La Sedesol reemplazó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), de muy breve existencia pero profusión de titulares.
A su vez, la Sedue había sido creada por el Presidente Miguel de la Madrid a partir de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) aparecida en el organigrama federal durante el Gobierno de José López Portillo, como primer intento de ordenar el crecimiento urbano y enfrentar sus consecuencias para el medio ambiente.
El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue durante un mes Secretario de Obras Públicas, y a partir del primero de enero de 1977 titular de la SAHOP.
Apenas inició su Gobierno De la Madrid, hizo reformar para ley para dar lugar a la Sedue, que tuvo cuatro secretarios. El primero fue Marcelo Javelly, un abogado que hizo carrera en la administración financiera gubernamental, diseñó la nueva Secretaría y permaneció en ella durante casi medio sexenio, pues De la Madrid lo despidió el 10 de marzo de 1985.
Lo sustituyó Guillermo Carrillo Arena, un arquitecto de historial confuso, que ocupaba el cargo cuando ocurrió el sismo del 19 de septiembre de 1985, circunstancia que evidenció sus incapacidades y contradicciones, no obstante lo cual fue mantenido en su cargo hasta febrero siguiente, en que lo reemplazó Manuel Camacho, hasta ese momento segundo de a bordo de Carlos Salinas en la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Camacho es, de todos cuantos ocuparon las secretarías mencionadas aquí, el de más larga y vigente trayectoria. Se mantuvo al frente de la Sedue hasta agosto de 1988, cuando el tenso clima político resultado de la elección en que presumiblemente triunfó su amigo Salinas obligó a éste a operar directamente la situación, a través de la persona en que más confiaba.
Camacho se encargó lo mismo de entablar conversaciones con el cardenismo herido que en fortalecer la posición de su partido, que como consecuencia del proceso electoral federal enfrentaba riesgos en comicios locales, por ejemplo los de Tabasco, donde figuró por vez primer Andrés Manuel López Obrador, Jefe del Departamento del Distrito Federal hasta noviembre de 1993, cuando fue destapado Luis Donaldo Colosio y no él mismo, como confiaba que ocurriría, Camacho vaciló entre admitir la decisión de Salinas, que lo traicionaba según su percepción, o mantener la disciplina institucional.
Con dificultad optó por esa segunda vía, y fue nombrado Secretario de Relaciones Exteriores, cargo en que apenas llegó a cumplir mes y medio, pues a mediados de enero de 1994 renunció para ser comisionado para la paz en Chiapas, función necesaria por el alzamiento zapatista.
Luego de un éxito inicial, que permitió la celebración de las conversaciones con el EZLN en la Catedral de San Cristóbal de las casas, y rota la negociación por el asesinato de Colosio, que dañó políticamente al comisionado para la paz, renunció a su cargo y poco después a su militancia en el PRI que había iniciado veinte años atrás cuando era profesor en el Colegio de México.
Durante un lustro operó como enlace entre diversos partidos y grupos ciudadanos, como cuando en 1999 empujó la iniciativa de un candidato presidencial común de la oposición al PRI.
Frustrado ese intento, fundó su propio partido, el del Centro democrático, del que fue candidato presidencial con muy escasa votación en 2000, que fue insuficiente para que el PCD conservara su registro.
Tres años más tarde aceptó figurar en la planilla perredista de candidatos a diputados, y desde su lugar legislativo trabajó por la candidatura presidencial de López Obrador, contra el que en 1988 en Tabasco había contribuido a imponer como Gobernador a Salvador Neme Castillo.
No forma parte del Gobierno alternativo pero permanece cercano a quien fue proclamado Presidente legítimo por la Convención Nacional Democrática.
Camacho fue sustituido en la Sedue por Gabino Fraga Mouret, a quien reemplazó, al iniciarse el Gobierno de Salinas, el veracruzano Patricio Chirinos, quien renunció a su cargo para ser Gobernador de la entidad.
En ese momento dejó de existir la Sedue y fue creada la Sedesol, cuyo primer titular fue Colosio, a quien en noviembre de 1993, a raíz de su lanzamiento presidencial, sustituyó Carlos Rojas, quien permaneció en el cargo bajo Ernesto Zedillo, hasta 1998, y luego fue elegido Senador y Diputado, como lo es ahora.
Lo reemplazó Esteban Moctezuma, a quien sucedió Carlos Jarque. En los gobiernos panistas sólo habido secretarias: Josefina Vázquez Mota, que ahora le es de Educación, y María Teresa Aranda, con Fox, y Beatriz Zavala, con Felipe Calderón.