"El ex Diputado protagoniza un episodio de la política hidalguense que hubiera sido divertido de no afectar los intentos ciudadanos por romper el avasallamiento priista"

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Berganza prófugo Un oscuro nexo vincula al gobierno priista de Hidalgo con el ex Diputado Francisco Xavier Berganza, que lo hace no sólo incumplir órdenes de aprehensión contra el ex candidato panista a la Gubernatura hidalguense, por delitos graves, sino que busca exonerarlo, al punto de ofrecer el pago del adeudo que originó el episodio criminal en que está envuelto el ex cantante. Reforma publicó el miércoles una información atribuida al Procurador de Justicia de aquella entidad, Juan Manuel Sepúlveda, sobre la situación legal de Berganza, que terminó sus días políticos defeccionando del PAN para apoyar la candidatura presidencial de Francisco Labastida, creyendo hacer una opción triunfadora. Dijo Sepúlveda, según el reporte de Javier Peralta, corresponsal de aquel diario en Pachuca, que la dependencia a su cargo mantiene una búsqueda intensa del ex cantante, para dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el juez tercero penal, Ciro Juárez. Pero mientras en ello se empeña el Procurador Sepúlveda, sin mucho éxito no obstante el largo tiempo transcurrido desde que un primen mandamiento judicial fue expedido, en otras oficinas del Gobierno hidalguense se intenta una extraña operación destinada a que Berganza no pise nunca la cárcel, según se ha expresado. La tenebrosa historia comenzó hace más de 2 años, cuando César Islas Hernández quiso hacer efectivo un crédito por 700 mil pesos que le adeudaba Berganza. Después de desertar del PAN y perder su apuesta en favor del PRI, el ex cantante se disponía a ser candidato de Convergencia a la Alcaldía de Tulancingo, para lo cual quería tener un expediente limpio. En un absurdo trastocamiento de valores, en que terminó ensuciando su no demasiado pulcra trayectoria política, quiso deshacerse de un adeudo no cubriendo su importe sino incurriendo en un delito. Según confesarían en su momento, tres empleados del político fallido: Isaac Garay Beltrán, Josafat Abarca Maldonado y Rodimiro Lorenzo Reyes fueron pagados por Berganza para secuestrar a su acreedor, forzarlo a firmar un recibo sobre la cantidad adeudada, que liberara a su patrón del débito y finalmente privarlo de la vida. Los empleados de Berganza cumplieron la primera parte de la encomienda. El 21 de septiembre de 2002 capturaron a Islas Hernández en su rancho, y lo retuvieron durante dos días, con el propósito mencionado. Pero hicieron su tarea de modo tan desaprensivo que empleados del acreedor atestiguaron el secuestro, identificaron el vehículo en que fue conducida la víctima y luego la policía pudo hallarlos en el rancho propiedad de Berganza en Acaxochitlán, Hgo. Al ser detenidos, los bandoleros imputaron a su patrón la orden de hacer lo que hicieron, y un juez dispuso que se le detuviera, incriminándolo como copartícipe. Berganza promovió amparo en un juzgado federal de la Ciudad de México, con lo que ganó tiempo hasta que el juez requerido se declaró incompetente porque los hechos habían ocurrido en Hidalgo. El 5 de junio de 2003 fue dictada una nueva orden de aprehensión, respecto de la cual también solicitó amparo el inculpado, que le fue negado en última instancia el 16 de julio. Cinco semanas después, el director de la policía ministerial (que lo es por segunda ocasión) Marcos Souverbielle González, declaraba ufano que Berganza puede ser detenido de un momento a otro; ya lo estamos buscando. Mientras tanto, concluyó el proceso contra los autores materiales. El 16 de agosto se les condenó a 21 años y tres meses de prisión. El momento procesal pareció oportuno al personal cercano al Gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, para intentar obtener de la víctima una exoneración a Berganza. El pedido no puede ser satisfecho, porque Islas Hernández no incriminó jamás al ex Diputado, sino que fueron sus empleados quienes lo hicieron. Procesalmente su palabra no surtiría efectos, y aun en caso afirmativo sólo los tendría cuando Berganza fuera detenido, extremo que en esas mismas oficinas gubernamentales, a despecho de los propósitos de la Procuraduría, jamás ocurrirá. Para asegurarse de que no haya cargos contra el ex candidato panista, con dinero público se cubrió un adeudo entre particulares, como si sólo de eso se tratara. Aurelio Marín Huazo, el Secretario de Gobierno que suple al Gobernador en sus frecuentes ausencias, podría explicar el extraño comportamiento de las autoridades, que implica infracción a la ley penal e indebida disposición de recursos públicos. Al mismo tiempo, debe proveer lo necesario para impedir que la persona secuestrada hace 2 años quede en riesgo de nuevo, porque su agresor goza de libertad y puede repetir sus órdenes criminales, y porque no se presta a asegurarle esa impunidad. Berganza protagonizó un episodio de la política hidalguense que hubiera sido divertido de no afectar los intentos ciudadanos por romper el avasallamiento priista. Valido de su fama en la segunda división de los intérpretes de tonadillas triviales, fama favorecida por la payola (el corrupto sistema de difusión disquera que genera popularidades artificiales), ganó para el PAN en 1997 la única diputación federal que el PRI ha perdido en esa entidad. Luego se vería que ese triunfo fue parte de una añagaza, al cabo de la cual fue candidato del PAN a Gobernador en complicidad con el Gobierno del Estado, acuerdo subterráneo que se hizo evidente cuando se tornó labastidista. Tardíamente el PAN le recriminó una conducta que había solapado.