"El Gobierno mexicano legalizó de un plumazo a los llamados autos ´chocolates´, los que desechan EU por nocivos; en México se podrán importar de EU y Canadá, sin pagar arancel, autos de más de 10 años de antigüedad."

SUGEY ESTRADA / JESÚS LÓPEZ / HUGO GÓMEZ

No más indocumentados

A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde los necesitan, pero los desechan por nocivos, aquí en México, el Gobierno federal, de un plumazo, legalizó desde el lunes a los indocumentados, aunque no se trata de gente que se haya metido de contrabando a nuestro país, sino de los llamados autos "chocolates".
Las autoridades justificaron la medida porque, de acuerdo a lo pactado en el TLCAN, a partir de 2009, en México se podrán importar de EU y Canadá, sin pagar arancel, autos de más de 10 años de antigüedad; por eso, aseguraron, se adelantó la apertura.
Lo anterior suena bien, habida cuenta que en no pocos casos los miles de vehículos referidos son patrimonio de familias campesinas o de habitantes de las zonas rurales, de donde sale el mayor número de los mexicanos expulsados por las circunstancias socioeconómicas que se van a Estados Unidos, con el riesgo de perder hasta la vida, en busca del trabajo y de los ingresos que no encuentran en sus comunidades de origen.
Si en ciertas capas sociales dicha medida produjo beneplácito, en otras ha sido motivo de inconformidades y protestas que, por sus peculiaridades, no tienen antecedentes, ya que con la velocidad de la luz se están registrando en varias localidades del país y con el agravante de que los reclamos se han dirigido, de manera directa, en contra del Presidente Vicente Fox Quesada, por haber firmado el decreto que se publicó el lunes 22 en el Diario Oficial.
Consecuentemente, se autoriza ya la libre importación definitiva de autos con entre 10 y 15 años de antigüedad, pagando una serie de gravámenes equivalentes al 15 por ciento del valor de factura del vehículo, que incluyen un arancel de 10 por ciento.
Además, los autos que ya están en el país con carácter temporal podrán quedarse si pagan los mismos impuestos fijados.
Entre los reclamantes e impugnadores de la referida acción no sólo se encuentran los distribuidores de autos, que siempre han operado dentro de la legalidad, sino también algunos personajes que no pueden ser considerados simpatizantes de los empresarios, como es el caso del Jefe de Gobierno de la ciudad México, Alejandro Encinas Rodríguez, quien de manera fulminante reaccionó y dijo que, si los vehículos recién documentados no pasaban la verificación exigida en el altiplano, no va a permitirse que circulen en la capital federal, que ya de por sí, en materia de contaminación y otras cosas, es algo cercano al desastre.
Hubo precipitación
Los impugnadores de la medida legalizadora de los "chocolates" coinciden al afirmar que, además de precipitarse, al Gobierno federal le faltó tacto y prudencia para manejar este asunto de los vehículos indocumentados, pues la medida va contra la certidumbre jurídica, le resta credibilidad a la autoridad y, de paso, se perjudica a los propietarios de vehículos legales, porque ahora sus autos se devaluarán.
Además, destacan, a los que han pagado sus impuestos y respetan la ley, se les está mandando el mensaje de que en este país, los que finalmente triunfan, son quienes no respetan la ley ni no son ciudadanos responsables.
Encima, quienes desaprobaron la decisión presidencial y demandarán la intervención de la Suprema Corte, dicen que como si todavía le sobraran energías para seguir confrontándose con varios grupos a la vez, Vicente Fox se ha echado encima a los dirigentes de la iniciativa privada y hasta los factores reales de poder, por lo cual ahora tendrá que pagar el elevado costo político de regularizar los miles de automóviles, camionetas y hasta camiones usados que se encontraban de manera ilegal en el país, y que en su mayoría fueron introducidos por mexicanos que trabajan o trabajan en EU, y que, si no se quedaron en sus terruños con todo y cuanto alcanzaron a pasar, al regresarse al país vecino, se les olvidó llevarse sus transportes.
No gustó el bandazo
Olvidos o no, al Presidente del Consejo Coordinador Empresarial no le gustó lo que llaman el nuevo bandazo foxista y advirtió que legalizar lo ilegal puede llevarnos a prácticas anárquicas; es una acción con tintes de carácter político-electoral porque los partidos ya lo habían empezado a manejar en algunos estados, y es un tema que tiene su rentabilidad política.
Desde noviembre de 2004, los diputados ya buscaban un consenso para una regularización, pero el decreto de Fox llegó primero.
Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, César Flores, consideró que, la de Vicente Fox Quesada, es una desafortunada decisión, que va más enfocada a una presión política que a la necesidad de resolver un problema importante.
Asimismo, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores calculó que, con la apertura adelantada, los autos usados en el país se devaluarán 30 por ciento, lo que afecta directamente a los propietarios de vehículos.
Según la AMDA, ésta es la decimoquinta legalización en 25 años, aunque esta vez, como para emparejar los cartones, el Ejecutivo Federal también redujo el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, para vehículos de hasta 190 mil pesos.
Presiones contra Zedillo
Rutinariamente, salvo durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, sobre todo en años electorales, los gobierno priistas legalizaban los autos usados, y para ello bastaba la petición de dirigentes de grupos rurales, quienes justificaban su demanda al decir que se trataba de vehículos ubicados en zonas rurales y se usaban en las tareas del campo, aunque en algunos casos fueran autos de lujo, y eso de "usados" no les iba en demérito.
Pero Zedillo, que a partir del cuarto año de su mandato se enfrentó a un fuerte movimiento nacional en demanda de regularizar los vehículos traídos irregularmente desde el extranjero, se mantuvo en su decisión de no legalizar lo ilegal, sólo autorizó la importación de camionetas usadas.
Debido a ello, los dirigentes de las agrupaciones vinculadas a partidos políticos que apoyaban a los propietarios de los autos "chocolates", organizaron las consabidas movilizaciones y concentraciones en la Ciudad de México, sin faltar los plantones, bloqueos y toda suerte de manifestaciones agresivas para presionar a las autoridades y les permitieran salirse con la suya.
Una rebelión tricolor
Precisamente, acerca de lo que pasaba en las postrimerías del Gobierno zedillista, en abril de 2000 se informó que se había dado la primera rebelión de legisladores del tricolor, ya que siete de sus diputados se habían sumado a la oposición (entre la que estaba muy activo el PAN) y aprobaron mayoritariamente un proyecto de ley para renovar el parque vehicular.
Pese al descalabro, la administración zedillista esperaba que, en el Senado, la mayoría del Revolucionario Institucional frenara la minuta que les enviara la Cámara Baja, lo cual lo lograrían sin grandes apuros.
La iniciativa de Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehicular pretendía obligar que los autos chocolates fueran inscritos en un registro de vehículos ilegales, pagando derechos de entre mil y 4 mil 500 pesos, y se crearía un fideicomiso para la adquisición de unidades nacionales baratas.
Efrén Enríquez Ordóñez, priísta inconforme porque no pudo ser candidato a Senador, justificó su voto aprobatorio al afirmar que ya habían aprendido que las cosas se ganan desde los estados, no desde el centro, además de que el proyecto sancionado daba una solución de fondo a este conflicto, a diferencia del decreto del Presidente Ernesto Zedillo que permitía solo la importación de pick-ups, dando una respuesta parcial al problema.
Solución integral
A decir de los legisladores que lo aprobaron, el dictamen aludido pretendía dar una solución integral al persistente problema de la internación y estancia en México de vehículos de procedencia extranjera, así como a la importación definitiva y temporal de autos de este tipo; constituir un fideicomiso para la renovación del parque vehicular nacional y adoptar un programa para la adquisición de vehículos populares nuevos.
Se esperaba que los fondos del fideicomiso referido provendrían de los recursos obtenidos del pago de derechos de autos ilegales; aparte, con los fondos obtenidos a partir de la inscripción de los autos en el Registro Provisional de Vehículos Irregulares de Procedencia Extranjera que Circulan en Territorio Nacional, se pensaba deschatarrizar al parque vehicular nacional, ya que entonces existían cerca de 13 millones de unidades con un promedio de uso de 14 años.
Un sector importante de priistas apoyaron el texto de referencia, incluso la iniciativa original presentada casi al inicio de la 57 Legislatura tenía mucho más firmas tricolores, pero hubo línea y retiraron su autógrafo.
De cualquier forma, a la hora de la votación 40 diputados del Institucional hicieron mutis y no sufragaron; siete más, como ya se dijo, entre los cuales estaba el nayarita José Gascón Mercado, sufragaron junto con PAN, PRD, PT y PVEM, a favor de la iniciativa.
Votaron por el pueblo
Los partidos de oposición interpretaron lo anterior como la primera rebelión de los legisladores del tricolor" por haber sido marginados de las listas a cargos de elección popular, aunque para los tricolores que votaron a favor, su justificación era más sencilla, pues alegaron que no podían llegar a sus distritos y decirle a los campesinos que no aprobaron una iniciativa que les permitiría a los electores conservar las camionetas que les permiten mover sus cosechas o allegarse recursos.
Durante el debate, la bancada priísta había argumentado que la ley propuesta era ilegal y atentaba contra las disposiciones constitucionales en materia administrativa, porque no es competencia del Poder Legislativo, sino del Ejecutivo, regularizar la situación fiscal de bienes introducidos irregularmente a territorio nacional.
En tanto, diputados del PAN y el PRD reclamaron que los priistas cumplieran su palabra, incluido Ernesto Zedillo, que desde que fue candidato presidencial prometió atender este problema si el voto lo favorecía en 1994.
Basta ya de mentiras, basta ya de lucrar con la necesidad de la gente en este país, basta ya de aprovecharse y dejarlos en una condición de desprotección ante tantos que se aprovechan sacándoles una mordida o convocándolos a un mitin, manifestó el Diputado panista Armando Rangel Hernández.
Imitó a su antecesor
En un comienzo, Vicente Fox siguió los pasos de su antecesor en la Presidencia y se negó a regularizar los vehículos introducidos ilegalmente al país, sobre todo, por quienes eran o habían sido braceros.
Apenas el pasado 14 de julio, Vicente Fox Quesada había dicho que evitaría caer en "populismos impulsados por diputados de la oposición" y prometió a los industriales que se opondría a la legalización de autos chocolate, mientras que los empresarios exigieron inspecciones para detectar estos vehículos y sancionar a sus dueños.
Al reunirse con las cabezas de la industria automotriz, el Presidente Vicente Fox dijo estar en contra de cualquier medida que tome la oposición en el Congreso para regularizar los autos que han entrado ilegalmente al país.
Nos oponemos totalmente a eso; estamos luchando frente al Congreso para no caer en populismos y no caer en decisiones que perjudican a la inversión y al empleo que tanto necesita nuestro país; nos oponemos rotundamente a caer en eso, recalcó.
De esta manera, y contra lo ofrecido por él durante su campaña por la Presidencia de la República, hace seis años, Fox garantizó mantenerse pendiente y luchar contra la intención de proceder nuevamente a legalizar ese tipo de vehículos.
Para la SCJN es delito
La discusión sobre los autos "chocolate" es cíclica, pero se reavivó en las semanas recientes luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que se tipificaba el delito de contrabando para todos los poseedores de autos que entraron sin permiso al país, que en su mayoría corresponden a familias de migrantes.
Casi simultáneamente, al clausurar el Tercer Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México, el 13 de julio, Fox Quesada atribuyó la iniciativa para regularizar los autos introducidos desde Estados Unidos, que se estudiaba en San Lázaro, a ciertos diputados, particularmente de la oposición, e insistió en rechazar cualquier propuesta en ese sentido.
Quienes lo escucharon, comentaron que Vicente Fox Quesada hablaba en un tono muy distinto al utilizado por él mismo sobre ese tema cuando buscaba la Presidencia de la República, incluso, desde que fue Gobernador de Guanajuato, cuando se manifestó por solucionar el problema.
Entonces decía que no se podía afectar el patrimonio y el medio de trabajo de esos miles y miles de esforzados paisanos, de esos héroes que con gran sacrificio viajaban a Estados Unidos para conseguir un auto o camioneta para emplearlos sobre todo en las labores del campo.
Algo parecido le dijo a la Coparmex en julio de 1999, cuando planteó la necesidad de que se creara un esquema para legalizar los autos traídos desde Estados Unidos.
Asimismo, durante un recorrido de campaña por la Delegación Gustavo A. Madero del DF, el 11 de octubre de 1999, en un tianguis dominical, un hombre se le acercó a Vicente Fox Quesada y le pidió legalizar las camionetas que los tianguistas utilizan para trabajar.
El aspirante presidencial panista le respondió que iban hacer un plan para dos millones y medio millones de vehículos que no se habían legalizado; vamos a hacer un programa bien hecho, prometió.
En comentario posterior, el guanajuatense aseguró que propondría, en caso de ganar la Presidencia, cobrar un peso por cada vehículo que se legalizara con el fin de que no fueran usados para cometer delitos, como violaciones, asaltos y asesinatos.
Olvidó que fue abogado
Ya como Presidente de la República, Vicente Fox Quesada se olvidó de que había abogado por los que tenían vehículos ilegales, y como se ha anotado, una y otra vez aseguró que no legalizaría lo ilegal.
Solo que, sin que se esperara, como rayo que cae en un día asoleado, y sin advertir que iba el golpe, Vicente Fox dio un giro de 180 grados el lunes 22 de agosto, cuando autorizó regularizar los vehículos "chuecos".
Como ya se dijo, el anuncio generó una condena generalizada por parte del sector privado, que consideró la medida como electorera y atentatoria contra la industria nacional, y ahora, en otra variante de los machetes de Atenco, se estaría a punto de que intervenga la Suprema Corte de Justicia.
Esperemos que, durante el ya muy próximo informe presidencial, las explicaciones convenzan y las lumbres se apaguen, porque si no, la sucesión presidencial se enredará más que los bejucos con los que Tarzán y Chita se columpiaban.