"El INEG será la fuente primordial de información y, por ello, la confiabilidad de sus datos debe ser irreprochabl"

Roxana Vivanco/Netzahualcóyotl Ceballos

En 7 de abril de 2006 se añadió un nuevo apartado B al artículo 26 de la Constitución con el que se creó el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, SNIEG. Se establece que habrá un organismo responsable de su gestión y que tendrá autonomía técnica y de gestión y con patrimonio propio.
El 16 de abril se publicó en el Diario Oficial la Ley del SNIEG que crea el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEG, que transforma el actual INEGI; desaparece, pues, la parte de informática que constituía el nombre anterior, aunque se mantienen las siglas.
Durante mucho tiempo se argumentó sobre la necesidad de contar con una entidad responsable de generar las estadísticas económicas, demográficas y la información geográfica del país que fuera autónoma del Poder Ejecutivo, ya que el INEGI era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda.
Este rasgo convertía a la autoridad hacendaria, responsable de buena parte de la gestión de la política económica por la vía fiscal y, por lo tanto, del desempeño y evolución de la economía, en una especie de juez y parte.
Lo mismo ocurría con el Banco de México, encargado de la política monetaria y que calcula quincenalmente el Índice Nacional de Precios al Consumidor y al Productor, es decir, mide la inflación.
En este caso, también, había una especie de conflicto de interés pues, según se establece en el Artículo 28 de la Constitución, el Banco Central, que cuenta con el carácter de autonomía en sus funciones, tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, o sea, que debe prevenir la inflación.
En el Artículo 59 de la Ley del SNIEG se fijan las siguientes facultades al INEG: realizar los censos nacionales, entre ellos, el de población y vivienda, el económico, el agropecuario); integrar el sistema de cuentas nacionales, cuya base de medición ha sido modificada recientemente al igual que los criterios de clasificación que se han adaptado a las normas prevalecientes en Estados Unidos; ahora, además, es el INEG el responsable de elaborar los índices de precios al consumidor y al productor.
Será, así el mayor proveedor de estadísticas económicas, lo que representa una responsabilidad enorme primeramente para las tareas de planificación fijadas para el Estado en el mismo artículo 26 al que se añadió el apartado B.
En él se establece que los datos generados por el SNIEG serán de uso obligatorio y, por ello será, igualmente, la base de referencia para el gobierno en la fijación y conducción de las políticas públicas que se hace en diversas secretarías, lo mismo que en el caso del banco central para el que la medida de la inflación es un insumo primordial.
Pero también cumplirá una función central para generar y difundir información clave para el sector privado, o sea, para las empresas y las familias, y, también, para el sector social. Sobre esos datos se toman decisiones relevantes en materia de consumo, inversión y ahorro, al igual que en asuntos relacionados con diversas negociaciones como aquellas que conciernen al comercio exterior, los impuestos, los precios concertados, la creación de infraestructura y, en especial, en materia salarial.
El INEG será la fuente primordial de información y, por ello, la confiabilidad de sus datos debe ser irreprochable. No sólo debe estar sustentada en la naturaleza autónoma en cuanto a la gestión de la que dispone el Instituto sino en una confianza sobre los criterios y los métodos técnicos de medición, la consistencia interna de las series estadística y su homogeneidad y comparación en el tiempo.
Y, por supuesto, la confianza, que es el rasgo básico de una institución como el INEG, debe cimentarse en una certeza política asentada en su autonomía. Las experiencias de otros organismos constituidos legalmente de manera similar, como ocurre con el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Banco de México no han sido intachables y están abiertas a cuestionamientos.
La conformación de la Junta de Gobierno que tendrá cinco miembros, uno de los cuales será el presidente, y que deben ser aprobados por la Cámara de Senadores es un siguiente paso que debe resolverse atendiendo de manera cuidadosa y especial a la certidumbre política y sin dejar de lado la capacidad técnica.
La membresía en la Junta de Gobierno y en particular la nominación del presidente del INEG no deben derivarse de cercanías con Felipe Calderón o con el PAN. Tampoco debe ser motivo de las negociaciones entre partidos a las que acostumbran ahora los legisladores. Y, está claro que no puede ser un premio de consolación para funcionarios públicos cuya capacidad administrativa y política esté en cuestionamiento.
El nuevo INEGI debe, luego de las frágiles experiencias recientes, convertirse en un caso positivo del fortalecimiento institucional en el país. Ese es un requerimiento insatisfecho y que tanto trabajo cuesta alcanzar por la maraña de intereses políticos y económicos que no se ha podido desenredar a pesar de tantas reformas con resultados debatibles y tantas declaraciones sin trascendencia.