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"Análisis: Están los ingredientes para el estallido guerrillero"

"En 1994 resurge la guerrilla armada en México y su actividad violenta se hace presente intermitentemente ante lo que ellos consideran ataques o cambios peligrosos del Gobierno mexicano"

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17/07/2007 00:00

    Melissa Sánchez

    Más allá del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que días después de que declaró la guerra al Gobierno mexicano prácticamente depuso las armas y redirigió su lucha por la vía política, en 1994 resurgió la guerrilla armada en México y su actividad violenta se hace presente intermitentemente ante lo que ellos consideran ataques, amenazas o cambios peligrosos del Gobierno mexicano.
    En enero de 1994, después del alzamiento zapatista en Chiapas, dichos movimientos detonaron artefactos explosivos en Plaza Universidad, en el Distrito Federal, y en torres eléctricas de Topilejo, en el mismo Distrito Federal, y en el estado de Veracruz.
    El 28 de junio de 1996, en el Vado de Aguas Blancas, Guerrero, el Ejército Popular Revolucionario hizo su primera aparición pública, en lo que el entonces Secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett, consideró "una pantomima".
    En el segundo semestre de ese año dicha organización realizó diversos ataques principalmente contra el Ejército mexicano y diversas fuerzas de seguridad pública, en Guerrero, Oaxaca, Puebla, México, Tabasco y el Distrito Federal.
    Después de eso alguna organización guerrillera reaparece, declarativa o violentamente, de cuando en cuando, entre estas últimas destacan las explosiones el 8 de agosto de 2001 en varias sucursales bancarias del Distrito Federal, que en su momento fueron reivindicadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, escisión del EPR.
    Días después, estalló otro artefacto en una agencia de automóviles en el Distrito Federal, que se adjudicó la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos y Pavón, integrada por el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, las FARP y el Comité Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de junio.
    La madrugada del lunes 6 de noviembre de 2006 los bombazos en contra de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una sucursal de Scotiabank, además de una bomba que fue desactivada en un restaurante de la cadena Sanborn´s, frente a la sede nacional del PRI, sacudieron nuevamente la vida nacional.
    En ese entonces cinco organizaciones guerrilleras reivindicaron dichos atentados: Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, Organización Insurgente Primero de Mayo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de diciembre y Brigadas Populares de Liberación.
    Finalmente, la madrugada del 5 de julio se registraron tres explosiones en el gasoducto que va de Guanajuato a Guadalajara y el 10 de julio una detonación en la caseta de válvulas en Coroneo, Querétaro, dañó el ducto de gas natural que va de México a Guadalajara.
    Ese mismo martes la Comandancia Militar de la zona del EPR emitió un comunicado en el que anuncia una campaña nacional de hostigamiento hasta que cesen los ataques de los gobiernos de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz y que presenten con vida a Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo, desaparecidos desde el 25 de mayo.
    En la edición del 12 de noviembre del año pasado, la revista Proceso publicó una entrevista con Jorge Lofredo, fundador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, institución no gubernamental dedicada a recopilar información elaborada por las propias células de la guerrilla, en la que el investigador afirma que tiene detectados 10 grupos armados activos.
    Los grupos detectados por Lofredo son: Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP); Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR); Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio (CCRP-CJ28J); Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR LCB); Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
    Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP); Organización Revolucionaria 2 de Diciembre-Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento (OR2D-NBCA); Organización Insurgente Primero de Mayo (OI-1ºM); Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D), y Brigadas Populares de Liberación (BPL).
    Él mismo aclara que éstos son los que "sabemos que están en activo, aunque puede haber más."
    Los hechos no dejan lugar a dudas: desde 1994 hay grupos guerrilleros que tienen la capacidad de trastocar la vida nacional y afectar la actividad productiva; además es evidente que las manifestaciones violentas crecen en magnitud y consecuencias.
    Particularmente los atentados en contra de los ductos de Pemex provocaron el desabasto de gas natural y LP en el occidente del país y afectaron a más de un centenar de empresas de Guanajuato, Aguascalientes, Guadalajara y Querétaro.
    Y es que un análisis objetivo de la realidad nacional demuestra que en la misma se encuentran presentes los elementos estructurales y coyunturales que provocan el surgimiento de los movimientos armados.
    En el ámbito de las debilidades estructurales hay que incluir: los casi 20 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema y los irritantes niveles de desigualdad, donde destaca el contar con el millonario número uno del mundo y, en contraste, la quinta parte de la población del país apenas recibe el 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto; y, desde luego, la ausencia de un estado de Derecho, lo que provoca el alto índice de impunidad e incide directamente en los altos niveles de inseguridad.
    En las causas coyunturales, probablemente las detonadoras de las explosiones violentas, se encuentran entre otras el cuestionado proceso electoral del año pasado, la criminalización del activismo social y la impunidad de las autoridades que violentan los derechos humanos de la población mexicana.
    De acuerdo con encuestas de opinión desarrolladas por el Grupo Reforma y El Universal, a un año de la jornada electoral, el 36 y el 42 por ciento de la población considera que hubo fraude en la elección presidencial.
    Esto es especialmente crítico porque a partir de los comicios un buen número de simpatizantes del candidato de la Coalición por el Bien de Todos consideran que no es posible llegar al poder por la vía electoral, lo cual deja como única alternativa para lograrlo la vía armada.
    Si a esto se le suman otros dos aspectos centrales: criminalizar toda clase de activismo social y perder la oportunidad de sancionar los abusos de autoridad y atropellos de autoridades abiertamente autoritarias.
    Mediante la sanción de los excesos de los movimientos sociales se pretende instaurar el estado de Derecho, pero se olvida que al hacerlo selectivamente y no castigar a las autoridades represoras, en realidad se logra todo lo contrario, es decir, romperlo desde la misma autoridad responsable de aplicarlo y se despierta un mayor encono entre los grupos inconformes.
    En el primer caso baste recordar que el mayo el juez Alfredo Blas Hernández dictó sentencia de 67 años de cárcel contra Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, como responsables de los delitos de secuestro equiparado y retención de personas.
    Lo mismo sucede en el caso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, donde las autoridades desataron una persecución en contra de Flavio Sosa, el líder más visible, y su familia, uno de cuyos hermanos todavía se encuentra detenido junto con él.
    Estos son ejemplos de cómo se sanciona con extremo rigor a los líderes de los movimientos sociales y apenas se investiga si existen responsables de la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
    Otra mala señala fue la decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de posponer la discusión del informe de la investigación sobre la violación de derechos humanos en Puebla.
    Así la fórmula para estimular las acciones de los grupos armados es evidente: a las pésimas condiciones de vida de los mexicanos en extrema pobreza, la lacerante desigualdad económica en el país, la impunidad, la inseguridad y las demás causas permanentes de descontento social.
    Se le suman ingredientes de coyuntura, como el descontento por el fraude electoral, la aplicación selectiva de la ley y la imposibilidad de encontrar cauces legales para sancionar o, al menos, remover a los gobernadores negligentes, autoritarios y represores.