"En agosto del año 2000, Michelangelo Bovero, señaló en el Instituto Federal Electoral en una conferencia magistral que la democracia exige, ante todo, que esté asegurada la igualdad"

Héctor Castro / Fernando Velasco

Lecciones y consecuencias de la elección en Oaxaca En agosto del año 2000, Michelangelo Bovero, señaló en el Instituto Federal Electoral en una conferencia magistral que la democracia exige, ante todo, que esté asegurada la igualdad entre todos los ciudadanos en el goce de los derechos fundamentales, y no sólo de los derechos de libertad, sino también de los más elementales derechos sociales (a la supervivencia, a la salud, a la educación, etcétera): éstas son las que yo llamo precondiciones de la democracia, y lamentablemente las elecciones del domingo en Oaxaca nos enseñan con meridiana claridad que éstas todavía no existen en muchos estados de la República mexicana. Y, obviamente, las diferentes fuerzas políticas se aprovechan de la inexistencia de las precondiciones de la democracia para buscar obtener el voto ciudadano a través de medios ilegales e ilegítimos, pero difíciles de demostrar jurídicamente. El pleito de familia en la entidad sureña permitió observar nuevamente el reparto de despensas y diversos objetos para obtener el voto ciudadano, el condicionamiento de obras a cambio del apoyo de la comunidad, la compra de votos por parte de promotores del voto, el acarreo de votantes y desconocemos en estos momentos si también aparecerán la manipulación de actas y hasta el fraude cibernético como denuncian los integrantes de la alianza Todos Somos Oaxaca (PAN-PRD-Convergencia). Lo cierto es que aunque se ha logrado avanzar de manera importante en el respeto al voto, en que sea el ciudadano el que decida quien quiere que lo gobierne, todavía queda mucho camino por recorrer y estas elecciones permiten una amplia reflexión al respecto. Primero vale la pena señalar que la confianza en los organismos electorales todavía no es uniforme, es decir, aún existen órganos electorales estatales que no gozan de la confianza de todas las fuerzas políticas ni de la ciudadanía y esto es un reflejo del control que tienen los gobernadores sobre los Congresos estatales. Baste recordar el conflicto preelectoral que se vivió en Yucatán, cuando el entonces Gobernador Víctor Cervera Pacheco quiso imponer un Consejo electoral a su modo, afortunadamente la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e, incluso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligaron a reponer el procedimiento y designar un cuerpo colegiado que diera confianza a todos los actores políticos. Pero lamentablemente no sucedió lo mismo en Tabasco, donde a pesar de la desconfianza en el órgano electoral las elecciones extraordinarias tuvieron que celebrarse en las mismas condiciones que el proceso anulado. Y esto viene a cuento porque uno de los elementos cuestionados es precisamente la imparcialidad del presidente de dicho órgano y otro la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que según los secretarios nacionales del PAN y PRD, Manuel Espino y Carlos Navarrete, y el presidente interino de Convergencia, Alejandro Chanona, fue alterado para arrojar los resultados que le dan una apretada victoria a Ulises Ruiz, candidato de la alianza Nueva Fuerza Oaxaqueña, integrada por el PRI-PT-PVEM. Lo cierto es que cualquier sistema de esta naturaleza puede sufrir algunas fallas momentáneas, que deben ser reparadas rápidamente si se han desarrollado todas las pruebas y establecido los planes de contingencia necesarios, pero cualquier sospecha se hubiese diluido si hubiese acceso a los resultados casilla por casilla, pues todos los actores políticos y todos los observadores externos hubieran podido verificar dichos resultados al detalle. En el caso de las elecciones federales, desde la elección del año 2000, además de tener acceso a los resultados casilla por casilla a través de Internet a partir de la tarde del lunes siguiente al domingo de la elección se permite el acceso a las copias de las actas que sirvieron de fuente para la captura de la información, obviamente esto tiene que hacerse físicamente en cada uno de los 300 órganos distritales. Lamentablemente son muy pocos órganos estatales, Baja California entre otros, los que brindan a la ciudadanía los resultados casilla por casilla. Pues si las fallas son reparables, lo que definitivamente es imposible de reparar es la posibilidad de acceder a información que el órgano electoral, hago hincapié que fue decisión de dicha instancia, no contempló entregar a la ciudadanía. Muchos otros aspectos de la organización electoral pueden ser revisados, desde la integración de los consejos ciudadanos y las mesas directivas de casilla hasta el control de la documentación electoral, muy especialmente las boletas y las actas, pero al margen de la autoridad electoral, pueden desarrollarse prácticas muy difícil de demostrar jurídicamente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha anulado dos elecciones de Gobernador, Tabasco y Colima, y una de Presidente Municipal, Ciudad Juárez, por lo que ha considerado razones genéricas, es decir, que lo inadecuado de las condiciones generales en las que se desarrolló el proceso electoral y lo cerrado de la contienda electoral, eran razón suficiente para suponer que el resultado electoral no correspondía plena y libremente a la voluntad ciudadana, por lo que ordenó organizar nuevamente la elección. Sin embargo, éstas son excepciones, en las que por cierto vale la pena destacar que en los tres casos ha resultado ganador el mismo candidato de la elección ordinaria. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales tiene ya una propuesta de modificaciones al Código Penal para lograr mejores resultados en el combate al delito en esta materia, pues aunque recibe muchas denuncias las dificultades surgen cuando hay que reunir las pruebas con validez jurídica que permitan actuar contra los infractores. La ausencia de precondiciones de la democracia lamentablemente será difícil de corregir en el corto plazo, pues requiere de políticas públicas y de modificaciones estructurales cuyos impactos se verán en el largo plazo, pero si es posible inhibir que las fuerzas políticas intenten aprovecharse de estas debilidades con una legislación que sancione adecuadamente todas estas prácticas. Esto es especialmente importante si consideramos la importancia de las elecciones de Oaxaca en el contexto nacional, tanto dentro del Partido Revolucionario Institucional como en el sistema de partidos políticos que competirán en 2006 por la Presidencia de la República. Es evidente que en Oaxaca más allá de las coaliciones que postulaban a cada uno de los candidatos la competencia era entre Ulises Ruiz, candidato de la alianza Nueva Fuerza Oaxaqueña, con el apoyo del Gobernador José Murat y el presidente nacional del PRI, Roberto Madrazo y Gabino Cué, candidato de la alianza Todos Somos Oaxaca, con el apoyo del ex Gobernador Diódoro Carrasco y la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Elba Esther Gordillo. Al interior del tricolor sin ninguna duda esta era una de las escaramuzas previas a la elección del candidato presidencial, entre otras hay que mencionar el intento de Víctor Cervera Pacheco por llegar a la Alcaldía de Mérida y el de Jorge Hank Rhon, a la de Tijuana, en las tres postulaciones Madrazo pretendía allegarse el apoyo total de los denominados dinosaurios priistas, grupo que más allá de la fuerza económica y de movilización corporativa que todavía tiene, como se puede ver en los resultados electorales de las tres elecciones, recurren a prácticas electorales ilegales e ilegítimas. De ninguna manera con esto puede desprenderse que los grupos priistas opositores o de los otros partidos políticos son hermanas de la caridad, pero si existen diferencias. Al exterior del tricolor las consecuencias de los triunfos y derrotas, en éstas y otras peleas que sin duda se suscitarán antes de definir quién será el candidato tricolor a la Primera Magistratura del país, es que grupos dejarán al partido y, por lo tanto, que nuevos partidos surgirán y que alianzas se conformarán. Un afianzamiento de la posición de Madrazo lleva a considerar más cercana la salida de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que entre las alternativas a su alcance tiene la de ayudar a Jorge Castañeda a construir su partido político, o bien, buscar alianzas con algunos de los ya establecidos. Obviamente, la salida de Gordillo no sería sola, pues seguramente llevaría aparejada la salida de algunos de los otros grupos, entre los que se encuentran algunos gobernadores y ex gobernadores priistas, que han hecho alianzas con la dirigente sindical. Del otro lado, el debilitamiento de Madrazo, podría llevar a la escisión de los llamados grupos duros del priismo que verían el encumbramiento de los tecnócratas, con los cuales estuvieron de acuerdo en continuar mientras detentaron el poder presidencial. Pero al margen de futuros acontecimientos al interior del PRI, con sus repercusiones en la vida política nacional, es importante revisar a detalle la contienda electoral oaxaqueña, pues desde hoy se puede anticipar que muchas de sus prácticas electorales aparecerán en algún frente en 2006 y desde ya hay que estar preparados para combatirlas, pues desde luego que son elementos que contribuyen al debilitamiento de nuestra naciente democracia electoral.