"En el caso Nueva Creación hay una luz: la maestra Margarita Ontiveros Salas, supervisora de la Zona 012 de la SEPyC, se comprometió a denunciar penalmente al maestro Noé Chávez si las pruebas lo ameritan"

Cristina Zambrano

¿Qué ocurre en el magisterio mazatleco?


Otra denuncia de abuso sexual contra pequeños de 3 y 4 años de edad, interpuesta por dos madres de familia contra el profesor de educación física Érick Noé Chávez, del kínder Nueva Creación, debe activar la alerta en el sector educativo del sur de Sinaloa. Esta desgracia, documentada con pruebas médicas y sicológicas realizadas por personal del DIF Municipal de Mazatlán, se presenta, sin embargo, como oportunidad para que Bernardo Vega Carlos, jefe del Departamento de Servicios Educativos en el Sur del Estado, pinte su raya, imprima su estilo y atienda la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que el 11 de septiembre pasado exigió que se investigue al profesor Arturo Cundapí Ramos y a los inspectores, que comprobaron que en el kínder había camas y no lo denunciaron.
Un párrafo sustantivo de la recomendación 8/2008 de la CEDH, entregada el 11 de septiembre pasado al licenciado Florentino Castro López, secretario de Educación Pública y Cultura en el Estado, señala a Cundapí Ramos como responsable por no haber actuado "para poner solución a la problemática que (se) estaba presentando en el plantel educativo y por el cual se debieron tomar medidas oportunas que impidieran al resto del alumnado ser víctima de las acciones llevadas a cabo por personal del propio instituto". Mucho dolor se pudo evitar si las autoridades educativas y judiciales hubieran respondido al momento de recibir la denuncia de tres madres ofendidas. Hoy, integran el expediente 28 vidas destrozadas de niños y niñas violados que jamás tendrán un desarrollo normal.
"Bajo este contexto -expone la recomendación- es innegable que los derechos humanos tanto a la educación como de los niños en términos generales, fueron vulnerados debido a las omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, ya que su actuación no fue apegada a la legalidad y no sólo eso, ya que también infringió instrumentos internacionales que protegen a los menores".
Pide al licenciado Castro López que aplique el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa al personal del Departamento de Servicios Regionales de la SEPyC, así como demás personas que hubiesen tenido bajo su cargo la inspección y vigilancia del Instituto Educativo Paula McNigth. Bernardo Vega acierta al reconocer que hubo indolencia de Cundapí Ramos pero yerra al decir que el McNigth es un caso cerrado.
En el caso Nueva Creación hay una luz: la maestra Margarita Ontiveros Salas, supervisora de la Zona 012 de la SEPyC, se comprometió a denunciar penalmente al maestro Noé Chávez si las pruebas lo ameritan y a colaborar en las averiguaciones necesarias. Bien por ella.
El nuevo titular de la SEPyC en la zona sur tiene la oportunidad de sentar precedente en ambos casos para evitar que en las escuelas ocurra el abuso y explotación sexual infantil, suceso vil que desprestigia al magisterio mazatleco que cumple con su trabajo y es éticamente responsable.

Enjuiciamiento por venganza
La investigación emprendida contra la Directora de Atención a Víctimas del Delito, licenciada Beatriz Franco, quien intervino en el rescate de una madre salvadoreña y sus hijos que eran explotados por el padre, está envuelta en una represalia oficial por el caso Paula McNigth, orquestada por el subprocurador Martín Flavio Leal Armenta, acusado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de haber actuado con negligencia al ordenar el cateo del kínder un mes después de las denuncias y haber protegido la huida de los responsables con su actuación dilatoria y errática.
Esta actitud, evidentemente negligente, propició fricciones serias al interior de la Subprocuraduría y la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, responsable de dar apoyo a los menores violados por la familia Quintero y sus socios norteamericanos.
Alfredo Higuera Bernal, avalado por Óscar Loza Ochoa, distinguido defensor de los derechos humanos en Sinaloa, puede empezar por aplicar la Ley de Servidores Públicos contra el subprocurador Leal Armenta, acusado por 28 madres de familia, la CDEH y funcionarios relacionados a la defensa de víctimas del delito como cómplice -por indolencia y omisión- del crimen cometido contra esos pequeños.

Pederastia, narco y crimen organizado
La explotación sexual comercial infantil está asociada al crimen organizado, al tráfico de drogas y, por cierto, a la corrupción en los poderes público y político, como se presume en el caso Paula McNigth, reconoció la doctora Josefina Cevallos Godefroy, profesora de la Universidad Iberoamericana y ex titular de la Dirección General de Educación de la Comisión de Derechos Humanos del D. F, y experta en explotación sexual infantil.
Los estados proveedores de menores a las redes que explotan a niños y niñas mexicanos y centroamericanos en destinos turísticos, la frontera norte y Estados Unidos son Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Michoacán y Distrito Federal. Una menor tlaxcalteca que llega a Los Ángeles, por ejemplo, vende servicios sexuales de 15 minutos por 30 dólares en una jornada diaria de 10 horas.
Sumados al fin del día, cada niña rinde a su explotador unos mil 200 dólares diarios. Cada gángster "maneja" a unos 10 menores que pudiesen generar 12 mil dólares diarios, cantidad de sobra para pagar escoltas que vigilen a los niños y comprar autoridades de cualquier nivel.
En México, según testimonio de víctimas sobrevivientes, hay entre 16 mil y 20 mil niños y niñas mexicanos atrapados en las redes de prostitución que generan al crimen organizado ingresos estimados en 24 millones de dólares diarios, casi una tercera parte de las ganancias anuales del tráfico de drogas. Se confirma así que el tercer delito rentable es la explotación sexual infantil, sólo abajo del tráfico de armas y drogas.

La palabra de hoy: gángster
Parece no haber acuerdo sobre la grafía en español de esta palabra de origen germánico, que nos llegó a través del inglés. En efecto, el Diccionario de la Academia la incluye como gángster, mientras que el Diccionario de uso del español, de María Moliner, con la grafía gángster, la define como "bandido; malhechor que constituye con otros una banda". El término fue acogido por la prensa en lengua española como reflejo de las malas traducciones de las películas de Hollywood, de modo que la etimología debemos buscarla en el inglés, lengua en la cual se refiere al que forma parte de una gang o banda de delincuentes. Hacia fines del Siglo 17, gang era en escocés "un grupo de trabajadores" y unos años más tarde, "un grupo de personas que actuaban en conjunto para un propósito dado, generalmente indeseado e incluso delictivo".

Vox Populi, Vox Dei
Don Rodrigo Muñoz Nava, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y no del Tecnológico de Monterrey como escribí en Observatorio anterior, autor de la tesis sobre la contradicción jurídica que permite el consumo y prohíbe cultivo, distribución y venta, escribe lo siguiente:
Estimado Sr. Martini:
Fue una gratísima sorpresa que haya citado mi tesis profesional. Me produjo gran satisfacción personal el que después de tanto tiempo alguien recordara esa modesta investigación, la que, tristemente, mantiene totalmente su vigencia. El recrudecimiento de la violencia en nuestro país, el gravísimo deterioro en la credibilidad de las instituciones y el fracaso rotundo en el intento por frenar el consumo son  pruebas irrefutables de la veracidad de lo planteado en dicho trabajo.
Finalmente, con la propuesta del asambleísta Círigo, estamos viendo un intento por iniciar el debate sobre la legalización en un foro legislativo. Ha llegado el momento de desenmascarar el vil y perverso engaño de la prohibición y es, por lo tanto, de vital importancia que gente como usted, que se encuentra en el medio informativo, insista en llevar este tema al debate público.
La propuesta de Felipe Calderón no busca cambiar  la situación, ya que solamente se aumentan discretamente las cantidades que pueden poseerse para "consumo personal". Como he reiterado, si alguien posee una sustancia prohibida, ésta debe haber salido de alguna parte, y si la producción y venta siguen penalizadas ¿Acaso debemos creer que alguien que está en posesión de una sustancia prohibida no tuvo que entrar en contacto en algún momento con alguien que infringió la ley? La alarmante violencia de la que somos testigos actualmente deriva de combates por el control del mercado ¿Cómo es que se pretenda combatir el narcomenudeo de esta manera? Me parece que en todo caso esta reforma busca frenar el terrible hacinamiento en las cárceles y trata de aligerar la sobrecarga  que sufre el sistema judicial, pero nada más. Y la verdad  no creo que tampoco tendrá mayores repercusiones para solucionar dichos problemas. Este tipo de reformas, incompletas y tibias, no son mas que un paliativo, mientras no se legalicen (o mejor dicho RELEGALICEN, debemos recordar que la prohibición en su forma actual fue impuesta a principios del Siglo 20) TODAS las sustancias a nivel global seguiremos en las mismas. Será como prescribir aspirinas para combatir un tumor cerebral.
Reciba un cordial saludo
 
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