"En el juicio que todavía padece en Cancún la periodista Lydia Cacho deberán contar todas las grabaciones como evidencias disponibles de que no es posible difamar, es decir dañar la buena fama de una persona que no tiene su propio honor entre lo"

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Lo que Nacif encarna

La serie de conversaciones telefónicas, grabadas subrepticiamente, entre Kamel Nacif y una decena de interlocutores, lo muestran como centro de confluencia, como encarnación de delitos y prácticas de poder que se perpetran a diario, pero de las que sólo sus efectos trascienden.
La afortunada circunstancia pública en que la sociedad se halla ahora respecto a ese individuo y sus nexos es que, al ser reveladas, nos colocan en la vía de su eliminación y de su castigo, si se logra romper la espesa capa de cinismo que todavía las encubre.
Todo empezó con la publicación de Los demonios del edén, escrito el año pasado por Lydia Cacho, que al denunciar el caso de Jean Succar Kuri, un pederasta entonces preso en los Estados Unidos y ahora procesado en Cancún, puso al mismo tiempo la atención pública sobre "el poder que protege a la pornografía infantil".
Meses después de la aparición del libro, el personaje más citado en la obra después del protagonista, Kamel Nacif, amigo, socio y protector de Succar Kuri, denunció por difamación a la periodista en la ciudad de Puebla.
Era extraña una acción penal en defensa de la reputación de una persona que en diversos círculos padecía ya mala fama. Era conocido por su compulsión al juego, que lo condujo a tener en Las Vegas problemas con autoridades fiscales mexicanas.
Como no es infrecuente que ocurra, su ludopatía se asociaba a la ilegalidad: hace trece años propuso a un cronista deportivo concertar un acuerdo con pelotaris en el Frontón México para ganar o perder sus partidos según conviniera a los apostadores.
No era, pues, que su honor le importara demasiado. El propósito que persiguió al denunciar a Lydia Cacho era, al mismo tiempo que castigarla, frenar la difusión de los delitos de Jean Succar Kuri, e impedir con ello su extradición a México, extremo necesario para mantener a salvo las redes de comercio sexual infantil.
De allí que, aunque la acusación fue presentada en julio de 2005, conforme lo hizo necesario la situación procesal de Succar Kuri, en diciembre logró la aceleración del procedimiento poblano, que derivó en la aprehensión de la periodista, en Cancún, su traslado por tierra a Puebla, durante 20 horas, infinito lapso en que fue amenazada y torturada sicológicamente, y su detención en una cárcel poblana de la que salió pronto gracias a que pudo comunicar su situación.
Se le fijó una fianza 10 veces mayor que otra establecida poco antes en caso semejante, y al cabo se la redujo a la mitad, todavía muy exagerada respecto del promedio.
En febrero aparecieron grabaciones de conversaciones tenidas por Nacif con el Gobernador Mario Marín y otras personas. Pudo fácilmente concluirse de esas comunicaciones la maniobra en que, a instancias de Nacif, que se mostró muy agradecido, Marín actuó de modo que el Ministerio Público y la administración de justicia atentaran contra las garantías de la periodista.
Por ejemplo, según pudo comprobarse después, la juez del caso se declaró incompetente, pero tras una conversación de los abogados de Nacif con los superiores de la juzgadora, ésta reconsideró su decisión, y entonces redujo el monto de la fianza, sólo después de consultarlo con quienes dirigían en ese punto su actuación.
La intervención del Gobernador de Puebla en la maniobra fue socialmente insoslayable, y por eso en abril las cámaras del Congreso solicitaron a la Suprema Corte de Justicia averiguar, conforme a su facultad excepcional establecida en el Artículo 97 constitucional, si se habían producido los hechos contra las garantías individuales de la periodista.
La Corte designó a dos magistrados para realizar la pesquisa. La concluyeron a principios de julio y con base en sus resultados el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia presentó el lunes pasado al pleno su proyecto de resolución, donde se establecía que "no está demostrada la violación grave de garantías individuales" de Lydia Cacho, y ponía el caso en el ámbito de la justicia ordinaria, en cuya fase ministerial la Procuraduría General de la República no ha conseguido siquiera el testimonio de decenas de personas a que se pidió convocar.
Después de dos días de debate, por mayoría de siete votos contra tres el pleno desechó el proyecto por considerar que la indagación en que se basó fue insuficiente. Fue designado nuevo ponente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien propondrá si se comunican nuevos lineamientos a los magistrados Ema Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, para colmar las insuficiencias de su trabajo, o si se designa otra comisión que tenga amplia libertad para indagar si se violaron garantías individuales en forma exorbitante, caso en que se justifica la intervención de la Corte, o no hubo tales violaciones y si las hubo son susceptibles de ser reparadas por la justicia ordinaria.
Del debate entre ministros se desprendieron consideraciones que la nueva pesquisa debe atender. Por ejemplo, sin que los miembros del pleno pretendieran en ningún momento otorgar valor probatorio a las grabaciones obtenidas de manera ilícita, quedó claro que la que contiene la charla célebre entre Nacif y Marín, el llamado allí "góber precioso", debe ser punto de partida para investigar por medios legales la relación entre los interlocutores y el efecto de su conversación sobre el tramite del caso.
Los magistrados comisionados hallaron en esa tramitación irregularidades graves que dejaron sin explicación y que la tienen si se establece la intervención de Marín. Por otro lado, se deberá averiguar no sólo el ataque a Lydia Cacho sino su causa, lo que pondrá en la atención de los ministros el fondo del asunto: el poder que protege a la pornografía infantil.
Una semana antes de las sesiones de la Corte había sido difundidas otras grabaciones en torno a Nacif. En ellas figuraron los senadores Fidel Herrera y Emilio Gamboa (ahora Gobernador de Veracruz y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados) y Jean Succar Kuri, con quien Nacif habla de negocios y de prostitución.
Motivado por esa ronda de revelaciones, el propio martes en que la Corte decidía ampliar la investigación de su nexo con Marín, Nacif pretendió lavarse la cara y exonerar a sus interlocutores.
En una inserción pagada en varios diarios se mostró contrito de su lenguaje procaz y vulgar, que lo avergüenza ante los suyos según dijo, pero rechazó la comisión de cualquier otro delito. Atribuyó a su esposa, la señora Irma Benavides, con quien libra una batalla judicial por los términos financieros de su divorcio en curso, la ilegal interferencia de sus conversaciones y haber divulgado la grabación de las mismas, en combinación con el abogado de Lydia Cacho, amén de que lo quiso chantajear para impedir la difusión de más telefonemas.
Notoriamente venciendo sus temores, la señora Benavides rechazó la acusación de su marido y anunció que en cambio ella había presentado una denuncia en su contra, ante el Ministerio Público capitalino. Refirió una tentativa de homicidio en su perjuicio, practicada por Nacif en presencia del hijo de ambos (y de la que había dado cuenta hace meses el reportero Alejandro Almazán, en el semanario emequis).
Cualquiera que sea su procedencia, simultáneamente con esos hechos aparecieron nuevos registros de conversaciones de Nacif. En ellos figuran dos gobernadores más, René Juárez y Joaquín Hendricks, que rigieron en Guerrero y Quintana Roo antes que Zeferino Torreblanca y Félix González Canto.
Además de la referencia a negocios específicos en playas caribeñas, en que Nacif y Hendricks mencionan a otras personas como Alfonso Arau y Alfredo del Mazo, se aprecia en estas nuevas revelaciones la familiaridad grotesca pero eficaz con que se tratan el empresario poblano y la gente de poder a la que atiende y que lo procura, para "ver con cuánto se pone" en sus campañas electorales.
Aportar 100 mil camisetas en la de Marín, a que se refiere una de las conversaciones recientes, seguramente es parte de los favores con que Nacif "se puso" con Marín y que le permitió ser retribuido con el castigo a Lydia Cacho.
En el juicio que todavía padece en Cancún la periodista deberán contar estas y otras evidencias de que no es posible difamar, es decir dañar la buena fama de una persona que no tiene su propio honor entre los bienes y valores que forman su personalidad.

El pasado presente
Rota para siempre su esperanza de ser Presidente de la República, Mario Moya Palencia declaró su pertenencia a la liga 23 de septiembre. Su broma trágica implicó su desaparición política a partir de esa fecha, porque en la víspera, el 22 de septiembre de 1975, fue destapado el Secretario de Hacienda José López Portillo y no él, Secretario de Gobernación, a quien todos los momios favorecían, como futuro sucesor de Luis Echeverría.
Exactamente 31 años después de ese suceso, su nombre apareció en la lista de 160 aspirantes a ser magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se inscribió para esa suerte de certamen de la que brotarán los seis reemplazantes de quienes hace tres semanas declararon Presidente electo a Felipe Calderón. (Seis y no siete, pues el séptimo magistrado, Alejandro Luna Ramos, permanece en su cargo, porque el año pasado fue elegido en sustitución de José Luis de la Peza, que murió, y su nombramiento como todos es por 10 años).
Moya Palencia encarnó al típico miembro de la clase media acomodada que estudió abogacía para dedicarse a la política. Nacido en 1933 en la Ciudad de México, contemporáneo y amigo de Miguel Alemán Velasco, a su lado hizo sus primeras armas en otra de sus vocaciones, la escritura: fue redactor de la revista Voz, de que era dueño el hijo del Presidente de ese nombre, y colaboró en Novedades, a trasmano propiedad del propio ex Mandatario.
Luego de una década en cargos de bajo nivel, Echeverría lo atrajo consigo. Como Secretario de Gobernación, lo hizo en 1964 director del Banco Nacional Cinematográfico y luego de Pipsa, y lo dejó, en calidad de subsecretario encargado del despacho, en su propia oficina cuando en 1969 el Presidente Díaz Ordaz lo hizo candidato presidencial.
Fue natural, entonces, que ya en Los Pinos, Echeverría hiciera de Moya su Secretario de Gobernación. Muchos creyeron, incluido el propio secretario, que lo hacía también, tempranamente, el seguro candidato a sucederlo. De modo que para todos fue una sorpresa que a la hora de la hora el escogido fuera José López Portillo.
No fue difícil entender, en último término, la causa de esa elección y el desechamiento del Secretario de Gobernación. Éste había mostrado ser un político pleno, que observó con fidelidad las instrucciones de Echeverría, interpretó las que no eran claras y acertó al hacerlas compatibles con el interés presidencial, y ejerció con amplitud el poder que le delegó Echeverría.
Era demasiado para aguardar de él sujeción como la que el Presidente esperaba de quien lo reemplazara. Por ese se inclinó por López Portillo, su amigo desde la adolescencia, que se había interesado en la política tardíamente.
Una vez resuelta la sucesión, para compensar a Moya Palencia, Echeverría hizo que al finalizar su sexenio fuera designado presidente y director general de la Organización Editorial Mexicana (OEM), la antigua Cadena García Valseca, adquirida del gobierno en apariencia por Mario Vázquez Raña, que se ostenta como tal todavía ahora pero que en aquel entonces aparecía como prestanombres del Presidente que se iba y buscaba construir las condiciones para un maximato.
Al mismo tiempo, Moya Palencia enseñaba Derecho en Acatlán, una de las nuevas escuelas periféricas de la Universidad Nacional. Muchos de sus colaboradores y partidarios tuvieron el mismo destino, por lo que a esa escuela se le llamó "el valle de los caídos".
Miguel de la Madrid lo llevó de nuevo a la administración pública, primero, y lo introdujo a la diplomacia después. Dirigió unos años el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) y luego emprendió una carrera como Embajador, primero ante la Organización de las Naciones Unidas y después ante varios gobiernos (Japón, Cuba, Italia).
Hombre de mundo, brillaba por sus dotes artísticas, como agradable panista y como novelista que recogía su inspiración en la historia: El México de Eggerton y Mexicanos al grito de guerra así lo muestran.
Aunque tras su retiro diplomático no dejó de estar en la escena como colaborador del Excélsior que pudría Regino Díaz Redondo, quedó de nuevo ante la atención pública al nacer la fiscalía especial creada por el Presidente Fox para combatir los delitos cometidos por funcionarios durante los años de plomo de la Guerra Sucia.
Uno de los episodios del genocidio que esa fiscalía ha buscado acreditar ocurrió el 10 de junio de 1971, cuando Moya era Secretario de Gobernación de Echeverría. Ambos fueron acusados de haber dirigido, en función de sus responsabilidades, esa matanza donde los halcones, una brigada paralimilitar copó con violencia en las calles capitalinas la primera manifestación estudiantil desde los trágicos días del otoño de 1968.
El paso del tiempo y las dificultades procesales para configurar el delito que se les imputaba impidieron que prosperara la acusación, y ambos quedaron exonerados hace apenas unos meses.