"En Sinaloa, pese a las estadísticas optimistas de la Secretaría de Desarrollo Económico, la realidad es que ha crecido la precariedad laboral ubicándonos en el noroeste como el estado con los salarios más bajos"

Abigauil Bello

Una de las graves amenazas del derecho del trabajo es la extensión del desempleo, porque si no hay trabajo no hay derechos vinculados con el mismo, ni condiciones para hacerlos valer.
Millones de seres humanos en el mundo no cuentan con otro patrimonio que no sea su capacidad de trabajo, de tal manera que si no se generan los espacios de empleo necesarios se pone en riesgo no sólo la salud y la sobrevivencia de los pueblos, sino su seguridad y permanencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha consignado que la protección contra el desempleo y la oportunidad de elegir un trabajo digno y justamente remunerado, son derechos humanos fundamentales que los gobiernos están obligados a garantizar.
El desempleo es un problema público de primer orden, que no afecta, ni le corresponde resolver, sólo a quienes lo padecen; sino que sus consecuencias se expresan negativamente en la sociedad donde se produce, involucrando a los gobiernos al tener éstos la responsabilidad de generar oportunidades de trabajo para todos, y de impulsar acciones que contribuyan a brindar mejores condiciones de vida y de ocupación para la mayoría de los gobernados.
En Sinaloa, pese a las estadísticas optimistas que presenta la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno estatal, donde se aduce reducción de las tasas de desempleo, la realidad es que cada vez más crece la precariedad laboral ubicándonos en la región del noroeste como el estado con los salarios más bajos y con más jóvenes profesionistas engrosando el Ejercito de desempleados y de personas ocupadas en el sector informal.
Hasta diciembre de 2007 únicamente 402 mil sinaloenses estaban registrados como trabajadores en el IMSS, la mayoría percibía dos salarios mínimos por su trabajo, que es el equivalente de 100 pesos por día, laboraban, sobre todo, en el comercio y actividades primarias y en establecimientos medianos y pequeños con 15 y un máximo de 100 empleados.
Poco se reflexiona sobre la vinculación entre pobreza y delincuencia, y como los escasos márgenes de desarrollo que se brindan a las mayorías alimentan la frustración y engrosan los ejércitos de violencia, si bien no es justificante la precariedad, si constituye una de las causas del incremento de la criminalidad, por eso, si bien es plausible que se trate de combatir al narcotráfico nunca se va acabar con él si no se trabaja con todas las aristas que lo alimentan, y si las estrategias que se tienen para combatirlo son erróneas, y olvidan la falta de oportunidades de trabajo, la pobreza y la ausencia de desarrollo económico.
De manera autocrítica debiera reconocerse que los jóvenes, aunque sean profesionistas, no están encontrando las suficientes oportunidades de empleo, y al no tener trabajo o tener una ocupación con ingresos precarios, no sólo se les viene negando la ocasión de construirse mediante un actividad decente un mejor presente y tener esperanzas de un mejor futuro, sino que se fortalece el camino de la delincuencia, porque se induce a los vicios y a la búsqueda de los ingresos por senderos de la ilegalidad.
Desafortunadamente en el país y en la entidad no sólo ha crecido el desempleo, sino también el empleo precario, en el mundo la OIT ha reconocido que más mil 400 millones de personas, no ganan ni 2 dólares al día, estando atrapadas en la pobreza al no tener ingresos suficientes para superar la precariedad en la que se encuentran junto con sus familias.
Circunstancia que confirma la necesidad de que los gobiernos, en sus políticas económicas, coloquen como prioridad la generación de más oportunidades de empleo con calidad, para reducir la pobreza de la mayoría de la población.
Ante esta realidad, cobra relevancia el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se declara, como derecho de todas las personas, tener acceso a un empleo con libertad de elección y que se tengan condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; garantizando para quienes trabajan, una remuneración justa y suficiente, que asegure a los trabajadores y sus familias una existencia conforme a la dignidad humana.
Según esta declaración, deben los gobiernos, entre ellos el nuestro, tanto a nivel nacional como estatal, establecer programas de apoyo contra el desempleo y tomar medidas para complementar los ingresos mediante sistemas de protección social, a fin de garantizar una buena calidad de vida del trabajador y el respeto a su dignidad.
A pesar de esta disposición que incorpora como derecho de todas las personas el empleo y como obligación de los gobiernos garantizarlo, continúa la falta de acceso a un trabajo justamente remunerado. En varias regiones cada vez son más los hombres y mujeres desempleados, involucrando en mayor proporción a mujeres y jóvenes.
En la sierra de Sinaloa, en algunos campos pesqueros y en comunidades donde hay nulo crecimiento económico, poco éxito puede tener tratar de desalentar a los jóvenes para que se alejen de las actividades del crimen organizado, que les genera en corto plazo dinero y recursos en abundancia, que los acerca al vicio y que para que siga siendo negocio inducen y alimentan el vicio.
Es alarmante el nivel de violencia que vivimos, el número de ejecutados, la crueldad y lo sangriento de los crímenes, pero parece que a nivel federal y estatal se insiste en una visión parcial del problema, presentando logros que en el mejor de los casos son temporales y extremadamente parciales, reproduciendo medidas que han probado que no son solución a mediano y largo plazo y que podrán herir al monstruo pero que no acabarán con el.
Emprender acciones para disminuir el desempleo, subempleo y empleo precario son formas también de combatir la violencia, no sólo porque su presencia constituye un grave problema social, sino porque la falta de oportunidades de trabajo y de expectativas de crecimiento económico con trabajo decente induce a las actividades ilegales y son generadoras de violencia.