"Entre las múltiples aristas del conflicto minero se encuentra no sólo la constitución y el manejo oscuro de un apetitoso fideicomiso por 55 millones de dólares en favor del sindicato del ramo."
Rosalía Vergara
El trasfondo del conflicto minero que hizo crisis con el accidente de Pasta de Conchos y la destitución de Napoleón Gómez Urrutia, y que tiene paralizadas a tres minas y siderúrgicas, es la lucha por "el monopolio de las minas" entre Grupo México y Grupo Villacero, afirma el secretario de Asuntos Políticos y Jurídicos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Carlos Pavón.
Además, el dirigente coincide con miembros del gremio y abogados de la organización al señalar que esa pugna entre las empresas mencionadas tiene como fondo el favoritismo del gobierno hacia el Grupo México. En este "plan", dicen, participan el secretario del Trabajo, Francisco Salazar, así como representantes de la Procuraduría General de la República.
En Proceso (No. 1538) se documentó el apoyo de la Presidencia de la República al Grupo Industrial Minera México (GIMM), el cual se explica por las ligas que mantiene la empresa con la fundación Vamos México a través de Valentín Diez Morodo, Francisco Javier Soni Ocampo y Gilberto Perezalonso Cifuentes, quienes figuran en el directorio de Grupo México como altos ejecutivos.
Pavón asegura que en diciembre de 2005 hubo una reunión en casa de Julio Villarreal, uno de los dueños de Grupo Villacero, donde se planeó la embestida contra el sindicato minero.
La ofensiva, dice, comenzó con el ataque a Gómez Urrutia. El pasado 20 de enero Elías Morales (expulsado del SNTMMSRM en mayo de 2004), Miguel Castilleja Mediola y José Martín Perales levantaron una demanda ante la Procuraduría General de la República por presuntos delitos patrimoniales contra el fideicomiso F9645-2, de 55 millones de dólares constituido entre Industrial Minera México y el sindicato a partir de la privatización de Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea.
La querella comprometió a hombres de negocios de Monterrey y directivos de Altos Hornos de México; a Jorge Gómez Moreno y Felipe Alberto López López, representantes del banco Scotiabank Inverlat, así como a familiares de Gómez Urrutia e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTMMSRM.
El 15 de febrero, Gómez Urrutia recibió el primer embate gubernamental, luego de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social apoyó la segunda reelección de Víctor Flores como presidente del Congreso del Trabajo y rechazó al grupo encabezado por Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y por Napoleón Gómez Urrutia, quienes pretendían la presidencia y vicepresidencia de esta central obrera, respectivamente.
La trama
Con la demanda en curso, el 17 de febrero pasado el director del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, José Cervantes, informó a Gómez Urrutia que había tomado nota de su destitución como secretario general. Esta medida incluyó también a su Comité Ejecutivo Nacional.
Lo anterior fue consecuencia de un escrito supuestamente firmado por los miembros del Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato, Juan Luis Zúñiga Velásquez y Juan Pablo Patiño Rocha, en el que denunciaban presuntos malos manejos del fideicomiso a favor de los trabajadores de Nacozari y Cananea.
Zúñiga sostiene que el documento es falso, pues dice que él no lo firmó ni avaló irregularidades en dicho fideicomiso, ni aplaudió la destitución del CEN ni de Gómez Urrutia.
Ya se perfilaba el conflicto entre los mineros y la STPS cuando a raíz de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, entró en la escena Industrial Minera México (IMMSA), filial de Grupo México. El accidente ocurrió el 19 de febrero y provocó la muerte de 65 trabajadores que quedaron sepultados en el filón.
El hecho puso en evidencia la falta de condiciones de seguridad e higiene en la mina, y por espacio de siete días IMMSA sostuvo que los mineros podrían estar vivos. Después acusó a Gómez Urrutia de haberse quedado con los 55 millones de dólares del fideicomiso referido.
La Presidencia de la República, a través de su vocero, Rubén Aguilar, y el Secretario del Trabajo, Francisco Salazar, acusaron al líder de corrupto, avalaron a Morales Hernández cercano a Grupo México como dirigente y aseguraron que la PGR investigaría al sindicato.
En respuesta al embate contra Gómez Urrutia, esa organización efectuó huelgas en la planta electrolítica de zinc en San Luis Potosí; en Sombrerete, Zacatecas, y en Taxco, Guerrero, las cuales ya fueron levantadas. Permanecen paralizadas la mina La Caridad, en Nacozari de García, Sonora; la planta de cal de Agua Prieta, Sonora, y la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán.
La ofensiva
La madrugada del 20 de abril la policía estatal intentó desalojar a los huelguistas de la sección 271 de Sicartsa. Policías armados irrumpieron en las instalaciones de esa planta a petición de Villacero y con el aval del Gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, y se enfrentaron con los paristas. En el zafarrancho fallecieron dos trabajadores por impacto de bala. Días antes, el lunes 17, el Presidente Vicente Fox había prometido que solucionaría el conflicto sindical en dos días.
Mientras se registraban estos acontecimientos, la querella seguía su curso y no cesaban las advertencias de eventuales demandas penales o administrativas. Las cuentas bancarias del sindicato y las personales de los miembros demandados habían sido congeladas desde el 15 de febrero, por lo cual los trabajadores en huelga no pudieron acceso a su fondo de resistencia.
Partes de la demanda comenzaron a ser filtradas en medios de comunicación. Se dio a conocer que en la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/2006 Morales, Castilleja y Perales acusaron a Gómez Urrutia de haber repartido, de manera indebida y arbitraria, el dinero del fideicomiso "junto con otras personas del sindicato, así como cómplices y familiares del líder (35 de los 55 millones de dólares) mediante depósitos a su nombre y de terceras personas, prestanombres en el extranjero y demás maniobras para ocultarlos, según han podido averiguar".
En la demanda se plantea que Gómez Urrutia y sus "cómplices" realizaron operaciones con dinero de procedencia ilícita. Las líneas de investigación incluyen narcotráfico y delitos patrimoniales previstos en la ley de instituciones de crédito.
La denuncia sostiene que los trabajadores y ex trabajadores de Mexicana de Ácido Sulfúrico, Zinc de México y Carbonífera de Nueva Rosita fueron excluidos de recibir su parte proporcional del fideicomiso formado por Grupo México y el sindicato tras la venta de las minas Cananea y Nacozari, en 1988.
´Arar en el mar´
Para el abogado Jorge Zepeda Laureano, miembro del equipo de litigantes del sindicato minero, la demanda es "espectacular" porque contiene planteamientos inconsistentes para configurar delitos patrimoniales "No hay un nexo, una liga, un vínculo material o legal con el fideicomiso".
Asegura que Morales, Castilleja y Perales demandan en calidad de trabajadores y extrabajadores del sindicato minero, mas no como clientes de Scotiabank o del fideicomiso. Por esta razón, asegura, no podían denunciar delito alguno.
Así mismo, señala que la redacción de la demanda es confusa, pues "no se sabe si se ofendió a los denunciantes por un fraude o un delito especial. Lo demás es arar en el mar".
Según el dictamen del Acuerdo de Aseguramiento firmado por el titular de la mesa dos de la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, Eduardo González Peña, los cómplices de Gómez Urrutia en el caso de los presuntos malos manejos del fideicomiso minero son su esposa e hijos, y sus amigos, entre ellos banqueros y empresarios.
Para sustentar la decisión del juez que ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del sindicato, así como las cuentas personales de integrantes del comité ejecutivo del SNTMMSRM, el dictamen reproduce las acusaciones contra los implicados en las supuestas desviaciones de recursos del fideicomiso e involucra a Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, y otras empresas mineras o del acero que se han fusionado o ya no existen.
Zepeda Laureano asegura que "no puede haber operaciones de recursos de procedencia ilícita porque los fondos no tienen una procedencia ilícita. No puede haber lavado de dinero porque no hay irregularidades por lo que hace al artículo 113 bis de la ley de instituciones de crédito, motivo de la denuncia y del aseguramiento de cuentas bancarias, así como de cateos a la casa de Gómez Urrutia, entre otras cosas".
Y es que muchas de las cuentas aseguradas, dice el abogado, no guardan relación con el fideicomiso, como los fondos de resistencia o la cuenta de pagos al personal administrativo del sindicato por concepto de nómina. "Se abrió el espectro y se revisan todas las cuentas, pero no se ha seguido una sola línea de investigación".
Como parte del proceso penal que se le sigue a Gómez Urrutia, el pasado 12 de mayo el dirigente depuesto rindió una declaración escrita ante la PGR. Dos semanas después presentó dos escritos, por medio de sus representantes legales, en los que entre otras cosas sostiene que este conflicto lo han originado algunos empresarios y servidores públicos.
Orígenes del conflicto
Una de las principales causas del conflicto minero se relaciona con el manejo del fideicomiso gremial. El contrato que llevó a su constitución fue firmado el 14 de noviembre de 1988 por Napoleón Gómez Sada (padre del dirigente depuesto), como representante del sindicato minero; Jorge Larrea, presidente ejecutivo y apoderado legal de Industrial Minera México, y José Luis López Acosta, delegado fiduciario de Multibanco Comermex. Se previó que el fondo quedara integrado mediante la entrega al sindicado del 5 por ciento de las acciones de Mexome y Mexasul, las compañías mineras que fueron privatizadas.
Seis años después, el 26 de octubre de 2004, se realizó un convenio modificatorio para que el sindicato vendiera a Minera México sus acciones por 55 millones de dólares. El acuerdo fue firmado por Gómez Urrutia como representante del sindicato; Xavier García y Armando Fausto Ortega, en representación de Industrial Minera México, así como por Jorge Gómez Moreno y Felipe López por parte de Scotiabank Inverlat como fiduciario.
Un día después se formalizó el contrato de compra-venta de dichas acciones entre el sindicato, el fiduciario y la empresa a través de los representantes legales citados y una sociedad que fue organizada de acuerdo con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos, denominada Americas Sales Company.
El monto de la operación ascendió a 55 millones de dólares, que se entregaron a través de dos pagarés: uno por 47 millones 362 mil 918 dólares y otro por 7 millones 637 mil 82 dólares mediante transferencia electrónica desde la cuenta 54473128-2 del Chase Manhatan Bank a la cuenta 00104893859 de Scotiabank Inverlat.
La semana pasada, luego de que la Cámara de Diputados solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las secretarías de Hacienda y del Trabajo y a Scotiabank Inverlat información acerca de ese fondo, el organismo informó que no encontró ninguna irregularidad en el fideicomiso.
Por su parte, Carlos Pavón, secretario de Asuntos Políticos del sindicato minero, manifiesta: "Es muy duro tener a un gobierno en contra, pues ahí están los resultados de lo que está sucediendo. Sentimos que es una persecución política del gobierno.
"Lo que nosotros nos preguntamos es qué tanto interés tiene el Procurador o la gente del gobierno en querer hacer esto. Está usando a la Procuraduría para tratar de buscar a ver qué encuentran para tener órdenes de aprehensión".
