"Ernesto Zedillo, el Presidente del rescate bancario y carretero, creador del Fobaproa, no tiene responsabilidad oficial, ni penal, ni administrativa, ni recibirá sanción alguna por sus actos, a pesar de que creó deuda a cargo del Gobierno federa"

Gilberto Yáñez

El pasado lunes Noroeste publicó un magnífico artículo de Arturo Murillo M., en el cual se narra el proceso de la quiebra del sistema bancario nacional, como consecuencia de la devaluación de diciembre de 1994, el subsiguiente rescate de los depositarios bancarios y de algunos de los bancos a partir de 1995 y finalmente la venta de los bancos a empresas extranjeras, con excepción de uno solo.
Tiene razón Murillo cuando afirma que en una democracia transparente, ... "se habrían fincado responsabilidades a todos los que administraron la privatización y a todos los fraudeadores del Fobaproa".
Pero en mi opinión, el interesante relato de Murillo está inconcluso, porque no aludió al problema de la aprobación de la deuda pública resultante del rescate bancario, al cual con razón Murillo califica de rescate equivocado.
En primer lugar, la decisión de rescatar a los bancos y el sistema elegido para dicho rescate fue decisión del entonces Presidente de la República Ernesto Zedillo, con la asesoría lógica del Secretario de Hacienda. Se entregaron pagarés mercantiles a los bancos a cargo del Gobierno federal, a cambio de los documentos representativos de las deudas a cargo de los deudores de la banca. Dicho de otro modo, se compró la cartera de crédito de los bancos, su activo circulante, quienes entregaron al Gobierno federal los documentos que quisieron, indiscriminadamente.
Como afirma Murillo, el gobierno pudo haber elegido un mejor método de rescate, como pudo ser comprar en el primer año la cartera de los créditos hipotecarios menores a un millón de pesos, estableciendo una jerarquía de importancia en función de los ingresos de los deudores afectados.
Pero independientemente de la forma como se realizó el rescate bancario, la realidad es que el Presidente de la República no tiene ahora, ni tenía en 1995, la facultad constitucional de crear deuda pública a cargo del Gobierno federal, sin la aprobación del Congreso.
El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución, ordena: "Art. 73. El Congreso tiene facultad: VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29."
Sólo el Congreso, integrado por ambas cámaras, tiene la facultad de aprobar una deuda a cargo del Gobierno federal. Ninguna cantidad puede ser pagada por una deuda, sin la previa aprobación del Congreso y éste sólo puede aprobar deudas que tengan como propósito incrementar los ingresos públicos, salvo el caso de suspensión de garantías conforme al artículo 29 de la misma Constitución, en cuyo caso se requiere también de la aprobación de ambas cámaras del Congreso.
Se ha hablado desde 1999 que la Cámara de Diputados aprobó la deuda originada por el rescate bancario y también por el rescate carretero, al disponer en el Presupuesto de Egresos las partidas necesarias para pagar a los bancos rescatados los abonos anuales que el Gobierno federal debe pagar por los pagarés suscritos con motivo de dichos rescates. Sin embargo, la aprobación de esas partidas en el Presupuesto de Egresos ha sido invariablemente otorgada sólo por la Cámara de Diputados, porque sólo a esta Cámara le compete aprobar dicho Presupuesto, sin la intervención del Senado. Consecuentemente, el Congreso, integrado por ambas cámaras, nunca ha aprobado expresamente la deuda por los rescates bancario y carretero como deuda pública.
En virtud de lo anterior, el Gobierno federal está pagando intereses a los bancos rescatados y pronto deberá pagar parte del capital o principal, sin que el Congreso haya aprobado esa deuda como deuda pública, lo que la convierte en nula. Asumir o adquirir una deuda mediante la firma de pagarés mercantiles es crear una deuda, que en el caso del Gobierno federal no puede ser creada por el Presidente sin la aprobación del Congreso, integrado por ambas cámaras.
Se ha dicho también que los diputados del PAN aceptaron con los del PRI como deuda pública, la deuda a cargo del Gobierno federal resultante del rescate bancario, a pesar de los actos de corrupción que están incluidos en dicho rescate. Pero volvemos al mismo punto de partida. Los diputados, sin la aprobación del Senado, no pueden aprobar deuda pública a cargo del Gobierno federal. Deben concurrir tanto la Cámara de Diputados como el Senado, porque así lo ordena la Constitución, como se indica en el artículo 73-VIII transcrito precedentemente.
Ni el PAN, ni el candidato Felipe Calderón, han explicado esta importante cuestión constitucional. López Obrador ha expresado que los diputados, Calderón entre ellos, aprobaron el rescate bancario, pero es evidente que sólo los diputados no pueden aprobar deuda pública, sin la aprobación conjunta del Senado.
La Secretaría de Hacienda nunca ha explicado nada. Vicente Fox nunca ha explicado nada. Ernesto Zedillo nunca ha explicado nada. Los diputados y senadores del PAN nunca han explicado nada. Cuando fue candidato, Francisco Labastida nunca explicó nada.
Lo aberrante es que Ernesto Zedillo, el Presidente que ordenó el rescate bancario y el rescate carretero sin tener facultades constitucionales para ello, quien ordenó la suscripción de los pagarés a favor de los bancos y a cargo del Gobierno federal, no tiene ninguna responsabilidad oficial ni penal por esos actos, porque conforme a la Constitución, el Presidente de la República sólo es responsable en caso de traición a la patria y por delitos graves del orden común. Evidentemente, crear deuda no es traición a la patria, porque la ley no lo define como tal y la ley penal federal no define como delito la creación de deuda no autorizada por el Congreso como deuda pública.
Consecuentemente, Ernesto Zedillo, el Presidente del rescate bancario, el Presidente del rescate carretero, el Presidente creador del Fobaproa, no tiene responsabilidad oficial, ni penal, ni administrativa, ni recibirá sanción alguna por sus actos, a pesar de que creó deuda a cargo del Gobierno federal sin autorización del Congreso por un monto desconocido con exactitud, pero que algunos expertos indican que ahora ya alcanza el millón de millones de pesos.
El ahora Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, entonces Secretario de Hacienda, sí tiene responsabilidad oficial y penal aún no prescrita, porque realizó actos para los cuales no tenía facultad constitucional ni legal alguna. Ortiz no firmó los pagarés, pero ordenó a dos de sus subordinados firmarlos, a pesar que tanto él como sus subordinados estaban cometiendo un delito oficial, porque no tenían facultades para firmar pagarés mercantiles a cargo del Gobierno federal y a favor de los bancos. Abuso de autoridad por el ejercicio de facultades inexistentes. Por el monto de lo defraudado al Gobierno federal, la pena aplicable a Ortiz y a sus subordinados sería seguramente de muchos años de prisión, con la obligación imposible de cumplir de reparar el daño causado.
Lamentablemente, nadie explica nada. Ni el PAN, ni el PRD ni el PRI. Los legisladores, diputados y senadores, a pesar de estar obligados por la Constitución, no explican nada. La Auditoría Superior de la Federación nunca ha comentado el gran fraude oficial que fue el rescate bancario. Aparentemente, la deuda derivada del rescate bancario está en el limbo jurídico de los tres poderes de la Federación. La Suprema Corte nada puede hacer, sin que alguna autoridad competente impugne el pago de los intereses y del principal de los pagarés suscritos a favor de los bancos. El Congreso burlado por Zedillo nada ha hecho por recuperar su competencia constitucional pisoteada por el Presidente.
El Presidente del cambio, Vicente Fox, se dedicó a nadar sobre las olas de la ilegalidad y de la impunidad que tanto daño le han hecho a México. Los partidos políticos de oposición, antes de Fox y después de Fox, han contribuido a la impunidad de actos de autoridad muy graves, que afectan al patrimonio de los mexicanos y también al patrimonio de las dos o tres generaciones de mexicanos que vienen, porque sus impuestos serán los que pagarán esa deuda, si algún día se paga.