"Es de esperarse que uno de los frutos de la reunión de ayer por la tarde entre el Presidente Fox y los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática haya sido información sobre el encuentro a que convocó el Jefe del Estado en la casa pre"

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Mariano Azuela Es de esperarse que uno de los frutos de la reunión de ayer por la tarde entre el Presidente Fox y los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática haya sido información sobre el encuentro a que convocó el Jefe del Estado en la casa presidencial el 6 de abril. Como invitante y anfitrión, él es el primer obligado a aclarar de qué se habló en esa reunión. Si lo explicó a los líderes perredistas y, mejor aún, si lo hace de modo formal ante el país en general, no sólo contribuirá a la transparencia que es precisa en esta hora de crispación, sino que hará que se disipe la nube negra que, injustamente, se cierne sobre el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón. Paradójicamente, de las cuatro o cinco personas presentes en la reunión, sólo Azuela ha producido una declaración formal sobre el tema, y sin embargo sobre él está cebándose una parte de la opinión, que lo convierte ya en el villano de esta historia desde una perspectiva que soslaya su trayectoria. Además de que es preciso examinar con cuidado la circunstancia presente, es también importante que se distinga entre el episodio específico que lo ha colocado en el centro de una áspera discusión pública, y su biografía, el trayecto personal que ha hecho de él no sólo cabeza del tribunal constitucional y el Consejo de la Judicatura, sino también el decano de la Corte, pues nadie ha pertenecido a ese cargo durante más tiempo que él, nombrado el 10 de mayo de 1983. Ciertamente, la tensión política que vive nuestro país reclama una información puntual, que no sólo el Ministro Azuela debe aportar, sino también y sobre todo la Presidencia de la República, acerca de la naturaleza, propósito y contenido del encuentro en Los Pinos el 6 de abril. Es verdad que no son anormales, ni ilícitos, los encuentros de miembros del Poder Judicial con dependientes del Poder Ejecutivo y con su propio titular. De hecho, 6 días después de aquella reunión en la casa presidencial, la Corte recibió al Presidente Fox en su sede principal, del Centro histórico de la ciudad. Pero del acto protocolario ocurrido allí, al que también fue llamado el presidente del Senado Enrique Jackson (pues se trataba de extender un reconocimiento a quienes participaron en la designación de los dos ministros nuevos, que habían asumido meses atrás su sitial en la Corte) no sólo se ofreció información oportuna, sino que la presencia presidencial fue pública y notoria. No ocurrió así con la reunión del Martes Santo, no obstante su excepcional importancia. A pesar de nuestra carencia de información sobre su curso, podemos medir su relevancia por la reserva que se procuró envolverla, y también por señales que en la perspectiva actual le confieren importancia. El Presidente había resuelto descansar durante toda la Semana Santa, al grado de que pidió aplazar una reunión prevista para el lunes 5 de abril: después de intensas negociaciones, los partidos y el Gobierno habían concluido un acuerdo que permitiría firmar, ese día, un proyecto de ley conjunto para hacer posible el voto de los mexicanos en el extranjero. El reposo presidencial abrió, infortunadamente, un espacio en que el acuerdo conseguido se descompuso y poco después la iniciativa fue presentada por el Ejecutivo solo, sin que los grupos parlamentarios le dispensaran buena recepción. En cambio, el Presidente accedió a interrumpir sus vacaciones al día siguiente, y viajó de San Cristóbal a la Ciudad de México para la reunión acerca de la cual, hay que insistir en ello, sólo el Ministro Azuela ha informado, pues no se puede decir que lo hayan hecho el General Procurador General, Rafael Macedo de la Concha y el Secretario de Gobernación Santiago Creel. Lo más que hicieron fue admitir que se produjo ese encuentro, y procuraron restarle importancia. Lejos de esa posición trivializadora, Azuela fue atento a la inquietud que su presencia en tal cita había suscitado y preparó un texto leído por él mismo tras la sesión del pleno el martes. Aunque es deseable y necesario que ofrezca a sus compañeros, si no lo ha hecho, y después al público mayor información, no fue parco al decir que se abordó el tema relativo al acatamiento de una sentencia de amparo por la Procuraduría General de la República. Se refirió, sin mencionarla, a la dictada el 15 de octubre de 2003 en favor de los propietarios de El Encino para que el Ministerio Público federal, es decir la PGR determinara la procedencia o no del ejercicio de la acción penal en la averiguación previa iniciada por la presunta violación a la suspensión definitiva atribuida al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. A reserva de que los involucrados expliquen a detalle lo sucedido, es de conjeturarse no que Azuela haya instigado a la PGR a consignar el caso y, por ende, como requisito, a demandar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, sino que sólo definió que la PGR estaba obligada a atender la sentencia o se haría su titular sujeto de desacato. Azuela no pudo azuzar a Macedo de la Concha a pedir el desafuero. La Procuraduría, que efectivamente tenía que acatar la disposición judicial (puesto que había incumplido su obligación desde el 30 de agosto de 2001, negligencia que el amparo procuraba subsanar) quedó frente a senderos que se bifurcan. Legalmente, lícitamente pues tiene atribuciones para ello, pudo determinar que no ejercería la acción penal. Resolvió lo contrario. Es su responsabilidad, no la de Azuela.