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"El decálogo"

"Eso fue lo que escribió Ricardo Monreal hace un año aproximadamente"

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23/05/2009 00:00

    NOROESTE / REDACCIÓN / SHEILA ARIAS

    Cuentan que en las épocas del partido prácticamente único había un decálogo para el crimen organizado: 1) no muertos en las calles; 2) no drogas en las escuelas; 3) no escándalos mediáticos; 4) entregas periódicas de cargamentos y traficantes menores; 5) derrama económica en las comunidades; 6) no proliferación de bandas; 7) cero tratos con la estructura formal del Gobierno, policías o funcionarios judiciales; 8) cobrar errores con cárcel, no con la vida; 9) orden y respeto en los territorios; 10) invertir las "ganancias" en el país.
    Eso fue lo que escribió Ricardo Monreal hace un año aproximadamente.
    Según él, esto es lo que los priistas de viejo y de nuevo cuño decían y dicen en privado.
    Para contener la ola de violencia era indispensable "negociar" o "pactar" con el crimen organizado. Algo debe saber el actual senador del Partido del Trabajo.
    Porque antes de ocupar ese cargo fue priista de viejo cuño, asesor jurídico de la Liga de Comunidades Agrarias en 1979, y de nuevo cuño, presidente del PRI en Zacatecas en 1991 y Senador suplente por ese estado en la LV legislatura.
    En 1994 conquistó el Gobierno de Zacatecas como abanderado del Partido de la Revolución Democrática y gobernó esa entidad hasta 2004.
    Con ese currículum no se puede suponer que escribe de oídas, sino por experiencia propia.
    Ricardo Monreal es, además, desde hace tiempo, uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador.
    En el 2006 fue uno de los 5 coordinadores de campaña del candidato de la Coalición por el Bien de Todos.
    Recientemente renunció al PRD y se sumó al Partido del Trabajo, donde sigue siendo un estrecho colaborador de AMLO.
    Las peripecias, por decirlo suavemente, de este personaje son muchas y continúan.
    En 2003, siendo Gobernador de Zacatecas, embargó una planta deshidratadora de Chile que luego entregó, el 15 de enero de 2004, en propiedad a sus hermanos, Cándido y David, y a su hija.
    Y fue en esa planta, "San Felipe", donde el ejército incautó el 22 de enero pasado 14 y media toneladas de mariguana.
    La PGR inició una averiguación previa, pero no investiga al senador Monreal.
    En torno de estos hechos surgen varias dudas y lecciones.
    Primero, nadie ha probado hasta ahora que el senador Monreal sea cómplice de un delito.
    Es más, como ya señalé, no hay siquiera una investigación previa en su contra.
    La pregunta es si no se le investiga o porque no hay indicios o por el puesto que desempeña y las consecuencias políticas que esto traería, amén de que goza de fuero constitucional.
    Segundo, esta no es la primera vez que personajes muy cercanos a López Obrador se ven vinculados con este tipo de escándalos. Allí está el caso de Marco Antonio Mejía López, ex director del penal de Cancún, implicado en el asesinato del General Tello Quiñones en esa ciudad.
    Entre otras funciones, Mejía López coordinaba el grupo de mujeres, "Las Gacelas", que protegía a López Obrador y era y es muy cercano a Nicolás Mollinedo Bastar, el famoso "Nico".
    Tercero, sería absurdo tapar el sol con un dedo y suponer que los casos de contubernio entre el narcotráfico y los políticos se reducen al PRD.
    Hay evidencias de que esto ocurre con todos los partidos y con muchos gobiernos.
    Los ejemplos sobran: el general Rebollo detenido en 1997. Garay Cádena, comisionado de la Policía Federal Preventiva, detenido el año pasado.
    Luis Ángel Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública de Morelos, recientemente destituido y bajo investigación.
    Cuarto, si uno compara el decálogo de Ricardo Monreal con lo que ocurre ahora, es evidente que algo se rompió.
    La violencia es extrema, resulta imposible contenerla, toca todos los niveles de Gobierno y atenta contra los ciudadanos.
    ¿Cómo se llegó a este punto? Hay varias posibilidades: se dejó crecer demasiado la hidra o no se supieron hacer los amarres y las negociaciones pertinentes.
    El hecho es que estamos ante una guerra sin cuartel entre el Estado y el crimen organizado.
    Quinto, ¿de verdad va ganando el Gobierno? ¿Es cierto que el incremento de la violencia responde a que los cárteles han sido golpeados y debilitados?
    Los indicios de que no es así sobran. Los niveles de corrupción son enormes, el control de territorios por el crimen organizado continúa, la debilidad de los cuerpos policíacos no tiene solución y, por último, "el Chapo Guzmán" sigue libre y operando.
    Sexto, la magnitud del problema se resume en dos cifras. Si se establece una correlación entre las 7 mil 400 toneladas de marihuana que se produjeron con las mil 892 toneladas incautadas en el 2006, se puede estimar que sólo se confisca el 25 por ciento de la producción en nuestro país,datos del ONU. Segundo: el Fondo Monetario Internacional calcula que el lavado de dinero en México asciende a 25 mil millones de dólares anuales.
    Preguntas y conclusión. ¿Cuenta el Estado mexicano con los elementos suficientes para enfrentar este desafío?
    ¿Hay forma de detener la corrupción e impedir que los políticos y el crimen organizado se entreveren?
    Todo indica que es imposible que el Estado gane esta guerra. Puede aspirar a contener la violencia y evitar que el crimen organizado atente contra la seguridad nacional.
    Pero jamás va a extirpar el problema. Por otra parte, resulta imposible regresar al pasado, a la época del pacto que describe Monreal.
    Sin embargo, sí se puede ir hacia delante.
    El mecanismo está a la mano. Pasa por la legalización de la producción y el consumo de la droga más inofensiva y difundida, la marihuana.
    Por esa vía se arrancarían enormes recursos al crimen organizado, se le minaría su base social y descenderían los niveles de violencia.
    ¿Es el mejor sendero? Puede que no. Hay quien se horroriza ante semejante posibilidad.
    Pero la verdad es que no se visualiza ningún otro camino.