"Estamos ante un problema de inseguridad pública que rebasa a todos los actores políticos e impone, por tanto, la necesidad de instrumentar una política de Estado capaz de revertir el deterioro de las instituciones y la convivencia pacífica de l"

Saúl Valdez / Fernanda González

La inseguridad pública ha deteriorado la calidad de vida de los mexicanos, desarticulando aún más el tejido social de suyo lastimado por la existencia de más de 60 millones de compatriotas que viven en la pobreza, cuyas expectativas de una vida mejor son muy reducidas por no decir inexistentes en México.
De ahí el imparable flujo de trabajadores indocumentados hacia EU, mismo que por sus dimensiones: medio millón anual, constituye el más grande fenómeno migratorio en la historia de la humanidad.
Hoy la sociedad mexicana vive bajo un clima de violencia delincuencial sin parangón. En un estudio dado a conocer en Bogotá, Colombia, la organización no gubernamental IKV Pax Christi, ubica a México como el primer lugar en el número de secuestros a escala mundial. Irak, desgarrado por la guerra, ocupa el segundo sitio (Reuters 14/08/008).
El despeñadero donde hoy estamos sólo se explica por los muchos años de indolencia, corrupción e impunidad en los cuerpos policíacos de las tres esferas de Gobierno, la PGR, las procuradurías de justicia locales y, en suma, el poder judicial. Todo ello sobre determinado por el crecimiento exponencial del narcotráfico al amparo del poder político.
Imposible obviar que los primeros cultivos de amapola en México, precursores del tráfico de drogas, fueron apadrinados por el Gobierno estadounidense, con la venia del Gobierno mexicano, para producir morfina que aliviara el dolor de los heridos del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial.
Estamos ante un problema de inseguridad pública que rebasa a todos los actores políticos e impone, por tanto, la necesidad de instrumentar una política de Estado capaz de revertir el deterioro de las instituciones y la convivencia pacífica de los mexicanos ante el brutal embate de la delincuencia organizada.
Un problema complejo de tan vastas proporciones como el de la inseguridad pública que hoy sufrimos los mexicanos no debería ser politizado bajo ningún concepto y circunstancia, pues tanto el Gobierno federal como las autoridades locales han fracasado estrepitosamente en contener el crecimiento del delito y la violencia.
A partir del secuestro y asesinato del adolescente Fernando Martí en el DF, la organización México Unido contra la Delincuencia exigió que en un plazo no mayor de 30 días el presidente Felipe Calderón, el jefe de Gobierno capitalino y los gobernadores del país se reúnan para abordar como único tema "los reclamos de la sociedad civil y establecer conjuntamente, sin tintes partidistas, una decisión de Estado encaminada a combatir el secuestro".
No obstante, la presidenta de dicha agrupación, María Elena Morera, puso énfasis en que el Presidente Calderón y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, "se deben sentar a dialogar, pues la ley los obliga a garantizar nuestra seguridad".
En el fondo del reclamo hecho por la señora Morera hay una implícita referencia a la negativa del segundo a entrevistarse, o tomarse la foto, con el primero, como secuela del conflicto pos electoral en donde una franja considerable de la sociedad mexicana que votó por Andrés Manuel López Obrador cuestiona la legitimidad de origen del titular del Ejecutivo federal.
Ante la insistente exigencia de un sector de la sociedad para que acepte por fin entrevistarse como jefe de Gobierno con el Presidente Felipe Calderón para atender de común acuerdo el incremento de los secuestros y otros delitos en el DF, Ebrard se propuso ser artífice de una cumbre sobre seguridad pública con los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con los gobernadores y los responsables de la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública federal y Defensa Nacional, sin dejar a un lado a "organizaciones de la sociedad civil".
Así lo dio a conocer mediante una misiva enviada a la presidente de la asociación México Unido contra la Delincuencia, donde plantea "la urgencia de construir varios penales de alta seguridad para secuestradores y delincuentes del orden federal, que están siendo enviados a los penales locales de media o baja seguridad; la regulación de la telefonía celular, que desde 2007 fue presentada a Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con motivo del incremento de las extorsiones telefónicas, y la integración de un consejo ciudadano nacional de seguridad pública y procuración de justicia".
Es, en efecto, injustificable que el Gobierno del Presidente Calderón no haya tomado las medidas pertinentes a fin de que la telefonía celular no siga usándose impunemente para delinquir.
La resistencia de Marcelo Ebrard a entrevistarse con el presidente Calderón tiene, por supuesto, mar de fondo con posible puerto de llegada a la elección presidencial de 2012.
En entrevista a La Jornada (14/08/008), el jefe de Gobierno aseveró que con la convocatoria de México Unido contra la Delincuencia lo "quieren jalar para abajo", culpando a la Ciudad de México por la situación de inseguridad pública que vive todo el país, y haciendo creer que una reunión con el Presidente Calderón es imprescindible, o tiene un "poder mágico" para abatir la delincuencia.
Ebrard centró la atención en la conveniencia de que sean los gobernadores y "todos los demás involucrados" quienes aborden el repunte de la delincuencia mediante un "diálogo público, donde se transparenten los problemas que se tienen en cada una de las entidades del país".
"El problema es de ellos (los gobernadores), y si va Calderón, que vaya", remató el Jefe de Gobierno con una actitud lindante en la arrogancia.
Una reunión de los gobernadores para abordar el crecimiento de la inseguridad pública sin el presidente de la República sería un contrasentido.
Advertido del activismo de Marcelo Ebrard en la Conago, durante una gira por Puebla donde recibió elogios del "Góber precioso", Mario Marín, el Presidente Calderón convocó al Consejo Nacional de Seguridad Pública a efecto de abordar el tema del secuestro, si bien el anuncio formal lo hizo desde sus oficinas en Bucareli el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (14/08/008), fijando para el jueves 21 la realización del mismo. Dicha convocatoria incluye a los gobernadores y el Jefe de Gobierno del DF.
No esperemos, sin embargo, nada extraordinario de semejante reunión. Con ella sería la sesión número 23 convocada durante lo que va de la administración calderonista. Acaso la única diferencia sea que será la primera a la que Marcelo Ebrard asista.

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