"Final de sexenio foxista"

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02/10/2006 00:00

    Inseguridad

    Se ha vuelto un lugar común decir que los finales de sexenio, al menos desde 1970, se han caracterizado por graves crisis económicas y sobre todo políticas. Desde el trágico final de Díaz Ordaz hasta los riesgos de inestabilidad con Salinas, pasando por las devaluaciones económicas de Echeverría, López Portillo y la que recibiera Zedillo. Por años, estos recordatorios tenían el propósito de demostrar la incapacidad de los gobiernos priistas y  subrayar la necesidad de su cambio.
    Vicente Fox, a diferencia de todos sus antecesores, recibió un país en calma. Sin crisis económica alguna, sin conflictos sociales que enfrentar y, más destacado todavía, sin ninguna resistencia del PRI después de su derrota electoral. El nuevo Presidente, surgido del partido de oposición más experimentado y respaldado por su indiscutible victoria electoral, tenía la oportunidad de demostrar que aquellas acusaciones en contra de los gobiernos priistas eran una tradición que la alternancia podía terminar. Pero el primer sexenio panista llega a su fin en medio de una lamentable crisis política que, en rigor, es resultado de su falta de habilidad y voluntad para resolver conflictos.
    Decir que Fox recibió un país en calma y sin riesgos no es ocioso porque sitúa el origen de los problemas precisamente durante su sexenio. Fue él como Jefe del Ejecutivo quien decidió emprender proyectos particulares sin construir los apoyos necesarios que llevaron a su gobierno a constantes enfrentamientos con el Congreso y los partidos. Fue su gobierno el que decidió atacar desde el principio a López Obrador con el propósito de minar sus posibilidades presidenciales y puso en marcha la costosa campaña del desafuero que terminaría favoreciendo al tabasqueño y dañando tanto al Ejecutivo federal como al Poder Judicial.
    En contra de sus fáciles y ocurrentes promesas sobre Chiapas, después de seis años no sólo el EZLN sigue haciendo de las suyas, sino que fue el propio Fox quien al principio de su gobierno le otorgó el reconocimiento tácito al apoyarlo para que hiciera su primera gira al DF e incluso, en contra de la legislación interna del Congreso, promoviera su participación en la tribuna legislativa.
    Vicente Fox seguramente ya lo olvidó, pero no está de más recordar que en aquel entonces el hoy Presidente electo, Felipe Calderón, era el líder del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y fue uno de los más decididos legisladores que criticaron el desmedido apoyo de Fox a la guerrilla y su evidente ignorancia de la ley.
    En la misma línea de errores se encuentra el problema que su administración provocó al intentar construir el aeropuerto que le costó sacrificar el proyecto y, lo más grave de todo, sentar el precedente de que cualquier grupo que alegue injusticia social, puede enfrentarse al gobierno, violar la ley, no recibir sanción alguna y, por si fuera poco, establecer sus normas y criterios en zonas propias. Tuvieron que pasar casi cinco años para que el Ejecutivo se decidiera a intervenir en Atenco y pusiera orden en un territorio donde un grupo y una familia se habían convertido en la única autoridad.
    La lista podría continuar, pero estos acontecimientos sirven para contextualizar, y en cierto modo explicar, los meses finales del sexenio foxista. El conflicto generado en las elecciones presidenciales, que ha convertido a López Obrador y al PRD en un dolor de cabeza presente, pero que lo transformará en un obstáculo para el Gobierno de Calderón, y el movimiento de maestros y grupos radicales en Oaxaca que se ha prolongado por cuatro meses, solamente se pueden entender por la inexperiencia y falta de autoridad del Gobierno de Fox.
    Gracias al encono que provocó la abierta intervención presidencial y la soberbia con la que se conduce ahora que el PAN ha ganado, es que López Obrador y sus seguidores promueven plantones, sabotean actos oficiales e incluso incurren en violaciones a la ley que, pese a lo evidente, cuentan con la tolerancia gubernamental.
    El caso de Oaxaca es ejemplar de la incapacidad del Gobierno federal. La duración del conflicto y en especial la intransigente demanda que lo ha motivado y que ha sumido a la entidad en la parálisis y la violencia, han sido posibles por el cálculo político y ahora por la negligencia.
    En mayo, cuando los maestros iniciaron el movimiento, la demanda principal era económica y circunscrita al magisterio y, por lo demás, recurrente en ese estado. Por eso mismo a nadie, empezando por el Gobernador, pareció interesarle, pero cuando semanas después se estableció la caída de Ulises Ruiz como reclamo único del movimiento e incluso se constituyó la APPO, el Gobierno federal decidió no intervenir porque las campañas electorales estaban en lo más candente y nadie  aseguraba el triunfo de Calderón.
    Con una pasividad asombrosa, se ha permitido que la APPO se apodere de la ciudad de Oaxaca, bloqueé carreteras, cierre escuelas, oficinas de gobierno, la Universidad y agreda a todo aquel que no esté de acuerdo con sus demandas, en espera
    de que Ruiz renuncie.
    Si bien nadie puede defender la incompetencia del Gobernador, eso no justifica que un grupo y no la sociedad oaxaqueña, exija la cabeza del Mandatario solamente porque tiene razones particulares para hacerlo. Lo que está en juego en Oaxaca no es la presencia de Ruiz sino la viabilidad de las instituciones, la gubernatura y las elecciones que determinan a quién eligen los ciudadanos.
    Como parece obvio, a nadie parece importarle este detalle. Fox no quiere terminar su sexenio reprimiendo, Ruiz y el PRI no quieren arriesgar con una renuncia apresurada el control del estado, y la APPO, el PRD y los ex priistas que se opusieron a la candidatura de Ruiz, están esperando su caída para apoderarse del estado.
    No se trata sólo de que otros mandatarios estatales pudieran encontrarse algún día con movimientos similares, sino que la intransigente demanda de la APPO tiene el mismo sinsentido que la de López Obrador de no reconocer el triunfo y próximo Gobierno de Calderón.
    La pasividad, la falta de autoridad y el temor de no querer usar los recursos del Estado para imponer el orden, han sido la marca distintiva de este sexenio. Fox, al igual que varios de sus antecesores, termina en medio de una crisis que como nunca antes, pone en duda la autoridad presidencial. Asunto de incompetencia política, no de ideología.

    *Investigador de El Colegio de México.