El Gobierno federal actuó de forma contundente y decidida este martes al ocupar con destacamentos de policías y soldados la refinería de Pemex y detener a casi 50 personas, entre empleados y operadores foráneos de autotanques, presuntamente vinculadas al tráfico ilegal de combustible.
La contundencia, sin embargo, derivó de una circunstancia específica: los acontecimientos de Michoacán del fin de semana, donde bandas de delincuentes asociados al grupo autodenominado "Los Caballeros Templarios", asolaron decenas de municipios michoacanos, atacando instalaciones estratégicas, principalmente de la Comisión Federal deElectricidad.
En Salamanca hace tiempo que circulaba información sobre la existencia de bandas de "huachicoleros", como se les llama coloquialmente a los traficantes de combustible, protegidas y asociadas con el crimen organizado, particularmente el que tiene su asiento en la vecina Michoacán.
Esta actividad, que no podría ser posible sin la existencia de una extendida corrupción al interior de la propia refinería, ha sido tolerada a lo largo de mucho tiempo por autoridades locales y federales.
La alarma, según fuentes fidedignas, se produjo cuando en la emergencia michoacana se logró confirmar, mediante información de inteligencia, que el área de embarque de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), se encontraba penetrada por elementos vinculados a los cárteles insubordinados en la Tierra Caliente michoacana.
La posibilidad de una falla de seguridad que pudiese producir atentados al interior de RIAMA activó todas las alertas y fue el detonante de una operación que bien pudo haberse realizado hace muchos meses, incluso años.
Lo que ocurrió la noche del martes en Salamanca nos muestra los nuevos retos de la seguridad en el País, los cuales no tienen tanto que ver con circunstancias locales, sino con la interconexión de una industria del crimen que rebasa fronteras estatales y que está vinculada a la corrupción institucional.
Cuando se observan de cerca las nuevas modalidades de la amenaza criminal que pesa sobre el País y Guanajuato, se antojan totalmente obsoletas las estrategias de los gobiernos para combatir este flagelo.
En Guanajuato, apenas iniciado el sexenio de Miguel Márquez, se decidió y se contrató por la vía más rápida posible un sistema tecnológico de monitoreo en tiempo real, al exorbitante precio de 2 mil 700 millones de pesos, el cual se está colocando en estos momentos y deberá estar listo a mediados del próximo año.
Denominado como "Proyecto Escudo", el sistema incluye arcos de monitoreo en los principales accesos del estado y en las entradas y salidas de los municipios; videocámaras en prácticamente todas las zonas urbanas y en las carreteras; centenares de kilómetros de fibra óptica para unir todos los sistemas y subsistemas y un sofisticado centro de inteligencia donde se concentrará la información.
De estar en funciones, ¿ese aparato hubiese podido hacer algo para frenar la infiltración del crimen organizado en RIAMA? ¿Los arcos hubieran podido saber cuáles pipas contenían combustible robado o adulterado y cuáles no? Lo más probable es que no.
La venta que se ha hecho de Proyecto Escudo como un instrumento de "blindaje" de Guanajuato es, por lo menos, exagerada y por ello mentirosa. El problema será cuando las arcas estatales queden exhaustas tras el gasto excesivo en la bisutería tecnológica, la cual además ni siquiera será propiedad del Estado, sino que se manejará como una renta que atará a futuras administraciones.
Queda claro que el crimen organizado del que se quiere "blindar" al estado, ya se encuentra dentro de sus fronteras. El tamaño de las expectativas que han ofrecido los actuales responsables de la seguridad en el estado, buena parte de las cuales sólo tendía a justificar la mega inversión, anuncia ya el tamaño de un fracaso que, lamentablemente, no será sólo del Gobierno, sino que lo padeceremos todos.
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