"Hace unos meses, cuando el semanario Río Doce, dio cuenta de las propiedades de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez..."

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Hace unos meses, cuando el semanario Río Doce, dio cuenta de las propiedades de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, en ese entonces Director de la Policía Ministerial, resultó sorprendente enterarse que algunos de sus bienes, particularmente una camioneta Suburban y una residencia, según informó el mismo ex jefe policiaco, se los había donado el Gobernador del estado. Por esos tiempos, el Gobernador públicamente expresaba su total confianza y su apoyo irrestricto al hoy cuestionado jefe policiaco. Incluso, cuando el Ejército detuvo al hermano de Aguilar Íñiguez por andar en actividades ilícitas, Juan Millán inmediatamente salió en defensa del jefe de la Ministerial, señalando que las relaciones familiares de éste, no tenían porqué poner en duda su desempeño. Hoy, a la luz de los acontecimientos del 11 de septiembre, y habiendo quedado al descubierto la vinculación de algunos elementos de la Policía Ministerial con el crimen organizado, resulta explicable el nerviosismo que genera este tema en el Gobierno del estado. Porque, por más que pretenda ocultarse hoy por el Gobernador, es evidente que desde el Poder Ejecutivo, se le dio poder y se brindó protección al cuestionado Jesús Antonio Aguilar Íñiguez. El cual, culpable o no, desde que se encontraba al frente de la Ministerial era cuestionado por ciertos medios, incluso por algunos miembros de la Procuraduría de Justicia en el Estado, que lo señalaban de brindar protección a ciertos grupos delictivos. Por ello, es explicable que casi todos los personajes del PRI en el estado, incluyendo al propio Gobernador, cuestionen los cateos que se han hecho en las propiedades del ex director de la Ministerial, señalando entre otras cosas, que hay intencionalidad política en las acciones de la Procuraduría General de la República y de la AFI, y que lo que se pretende es dañar la campaña del abanderado del PRI, Jesús Aguilar Padilla. En su última visita el líder nacional del PRI, Roberto Madrazo, señaló que los cateos a las casas del ex director de la Ministerial eran una estrategia contra su candidato a Gobernador, y que había sido el propio Juan Millán quien había denunciado a los mandos policiacos por presumir nexos con el narcotráfico y que por ello había quitado a Aguilar Íñiguez de la Ministerial. No sé si Madrazo no esté informado de lo que pasa en el estado, o si se hace el ingenuo para sorprendernos, pero los sinaloenses no recordamos que haya sido Millán quien denunció a los mandos policiacos por complicidad con el crimen organizado. Al contrario, lo que recordamos muchos, es que ante los constantes cuestionamientos que se hacían a ciertos elementos de la policía que actúan en la entidad, el Gobernador salía en su defensa, afirmando que él confiaba plenamente y que metía las manos a la lumbre por el jefe de la Ministerial, incluso su remoción después del 11 de septiembre la presentó como una renuncia voluntaria para no estorbar en las investigaciones. A Madrazo se le olvidó, y por lo visto a Millán también, que la sociedad sinaloense les merece una explicación sobre los donativos que le hace un Gobernador a su jefe de la Policía Ministerial, sobre todo considerando que se trata de donaciones de valor considerable. Aun en el supuesto de que su fortuna sea inmensa, no deja de llamar la atención ese gesto y esa vinculación personal del Gobernador con el cuestionado jefe de la Ministerial. En ello quizá se encuentran las razones de los temores del Gobernador, por el sorprendente activismo de las corporaciones federales. Temores que se refuerzan porque a la fecha tampoco se ha dado una explicación contundente de la autorización para que se siguiera pagando los salarios del comandante Pérez López y que se le mantuviera como policía activo. En política las ingenuidades no caben, y es de suponer que efectivamente se estén usando como medidas de presión contra el Gobierno del Estado las acciones de la PGR y de la AFI, porque a nadie escapa que vivimos una confrontación entre el Gobierno federal que respalda al PAN, y el estatal que respalda al PRI, en la contienda electoral en curso. Sin embargo, lo cuestionable no es que actúen las corporaciones federales, sino que no lo hagan como deben hacerlo, y que realicen investigaciones contra el crimen organizado únicamente en este tiempo, motivados sólo por razones electorales. Lo cierto es que a la PGR y al Gobierno federal les han faltado ofrecer resultados y acciones, y tampoco han estado libres de sospechas de complicidad y brindar protección. Pero tampoco los tiempos electorales deben ser el pretexto para tender un manto de impunidad y tratar de detener la acción e investigación contra elementos corruptos en las corporaciones y en los gobiernos. Si el Gobierno de Millán estuviera libre de culpa ni siquiera le preocupara el tema, es más ni siquiera se sintiera vulnerable por las acciones de la PGR. Como dice el dicho, que el que nada debe, nada teme. Sin embargo, por lo visto, y por lo que vienen declarando, ese dicho no es aplicable al Gobernador y al candidato priista, porque han mostrado un nerviosismo inusual ante las investigaciones de las corporaciones federales. Incluso, han desarrollado una estrategia agresiva y han tratado de desacreditar los operativos. Y si bien es cierto es condenable el uso político electoral de las acciones de la PGR y la AFI, ni el Gobernador ni el candidato del PRI tendrían porque temer de estos operativos, a no ser que no tengan su conciencia tranquila.