"La decisión presidencial de aceptar la renuncia de Macedo de la Concha y comprometerse a no obstaculizar la inclusión en la boleta electoral de 2006 a López Obrador no cierra el asunto del desafuero"

Melissa Sánchez

La decisión presidencial de aceptar la renuncia del Procurador Rafael Macedo de la Concha y comprometerse a no obstaculizar la inclusión en la boleta electoral de 2006 a Andrés Manuel López Obrador, ciertamente dio un giro de 180 grados a la situación política del país, pero no cierra el asunto del desafuero del Jefe de Gobierno, pues para ello todavía faltan acciones jurídicas que, a su vez, pueden nuevamente enrarecer el ambiente político. El asunto era fácilmente salvable antes de que la PGR tomara la decisión de ejercer la acción penal o que la Cámara de Diputados concediese la procedencia de la acción penal, pero en estos momentos la única solución jurídica sencilla es un fallo judicial contrario a las pretensiones originales de la PGR, sin embargo, para que eso suceda el Ministerio Público tiene que consignar el expediente, y eventualmente hasta habría que pasar por el encarcelamiento de López Obrador, lo cual tensaría nuevamente el clima político, pues existe la posibilidad de que el juez considere que sí existen elementos para establecer la comisión del delito y la responsabilidad del Jefe de Gobierno. Ciertamente en estos momentos cualquier ruta que se siga deja en evidencia la incapacidad de la PGR y los diputados que votaron a favor del desafuero, pero algunas de estas salidas pueden también implicar responsabilidades de los funcionarios de la Procuraduría y mayores ridículos para los diputados. Esa es la dificultad que enfrentan en estos momentos la Presidencia y el nuevo titular de la PGR. Lo que más llama la atención en este caso es que, hasta el miércoles 27, cada decisión del Ejecutivo complicaba más el asunto; esta última intervención ciertamente cierra el paso al riesgo mayor: un enfrentamiento político que condujese al país al caos, pero abre otros flancos que tampoco es sencillo proteger. Sin duda fue el propio Vicente Fox el que construyó su propia trampa y hoy, aunque aparentemente haga pagar a otros el costo de sus errores, tiene que aceptar que el asunto todavía no está cerrado y él también tendrá que asumir una parte importante de dicho costo. Entre las razones que lo llevaron a recapacitar seguramente figuran las siguientes cinco: Una, el alto riesgo de que la situación se saliera totalmente de control, producto de un acto (premeditado, arrebatado o hasta ingenuo de uno o varios manifestantes) que sumiese al país en una espiral de violencia con pérdida de vidas humanas y cuya solución final, muy probablemente, sería la dimisión presidencial. Dos, la vertiginosa caída en la popularidad del Presidente, evidente en todas las encuestas que se levantaron en los últimos días. Tres, el posicionamiento de los principales editorialistas e intelectuales mexicanos, que más allá de su simpatía o no con AMLO, se pronunciaban, en su mayoría, en contra de la acción que podría dejarlo fuera de las boletas electorales de 2006. Cuatro, las tomas de posición de los principales medios de comunicación e intelectuales internacionales y, hasta de algunos gobiernos, que veían los hechos como un retroceso en el proceso democrático mexicano. Cinco, seguramente el juicio de la historia también pesó de manera importante en las reflexiones de Fox, pues todo hacía suponer que, al final de la ruta, la eliminación de la contienda electoral, de quien encabeza las encuestas de preferencia electoral tendría un peso igual o mayor que el hecho de haber sacado al PRI de Los Pinos. Lo extraño es que todos estos elementos estuvieron presentes a lo largo de todo el enfrentamiento y fueron ignorados una y otra vez; fue hasta que se dio cuenta que su popularidad ya no era suficiente para remontar los efectos adversos de sus decisiones, que decidió dar marcha atrás. Hay que reconocer que se requiere valor, conciencia y sensibilidad para cambiar de rumbo después de más de un año de marchar tercamente en una misma dirección; pero hay que dejar claro que hasta el momento todavía no corrige sus errores, simplemente manifestó su disposición a hacerlo y dio algunos pasos indispensables para enmendar el rumbo, pero falta todavía concluir el asunto jurídico, que implica cerrar el caso del desacato a la suspensión concedida por el juez y que AMLO recupere su fuero. Obviamente para concluir este negro capítulo en la vida del sexenio, Fox y su equipo requieren, además de los elementos señalados en el párrafo anterior, también de inteligencia, talento y un buen bagaje de conocimientos jurídicos, pues hay que lograr concluir el caso sin causar mayores estropicios jurídicos y políticos. Lo cual significa en el terreno jurídico no cerrar un caso y abrir otro u otros casos, que pueden resultar igualmente complicados; en el político, no provocar la irritación de otros actores, que probablemente no cuenten con la popularidad y capacidad de movilización de López Obrador, pero son piezas importantes dentro de los grupos de presión que siempre están presentes en la esfera pública. Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que el equipo jurídico de la Presidencia y la PGR logran diseñar una ruta que permite cerrar todos los asuntos legales; en lo político, no puede olvidarse que quien dejó la Procuraduría es un influyente miembro del Ejército mexicano, por lo cual hay que cuidar de no dañarlo más de lo estrictamente necesario, es decir, evitar involucrarlo en asuntos de responsabilidad durante el alto cargo que desempeñó. Otras relaciones con las que deben tener especial cuidado es con las dos fuerzas políticas que hicieron posible el desafuero en la Cámara de Diputados: PAN y PRI y, desde luego, un grupo que se había manifestado, en términos generales, a favor de proceder estrictamente conforme a derecho eran los empresarios, por lo cual seguramente también se sienten lastimados con el nuevo rumbo. Pese al discurso oficial de que se optó por esta alternativa para, libres de confrontaciones estériles, poder dedicar los últimos 19 meses del mandato a sacar adelante las reformas pendientes, es evidente que no pueden esperarse mayores logros en los trabajos legislativos, así que las baterías del Gobierno foxista tienen que enfocarse a lograr un terso cambio de sexenio, tal como ocurrió en 2000, lograr los mayores avances posibles en rubros que puedan modificarse mediante decisiones administrativas y lograr los consensos necesarios para la aprobación del presupuesto 2006. En el caso del Partido Acción Nacional, el Presidente debe además buscar cerrar las heridas que este asunto provocó, pues también al interior de su partido se polarizaron las posiciones y, por lo mismo, hoy hay voces que le reclaman su indecisión; además tiene que buscar revertir la disminución en las simpatías electorales que este asunto le ocasionó al blanquiazul. Es evidente que el asunto no está cerrado, todavía quedan muchos cabos por atar en lo jurídico y lo político, esperemos que haya más capacidad y firmeza para concluirlo de la que hubo para abrirlo, manejarlo y alentarlo hasta el miércoles 27 de abril.