"La ex directora de Investigación y Análisis Histórico Documental de la Femospp, Ángeles Magdaleno Cárdenas, cuestiona el informe sobre la Guerra Sucia en México, filtrado y publicado por una Ong estadounidense."

Luis Ángel Flores

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado se ha visto envuelta en nuevos cuestionamientos por la filtración de un borrador de lo que será el Libro Blanco de la Guerra Sucia en México, ya que confirma el uso discrecional de los archivos y pone al fiscal Ignacio Carrillo Prieto bajo investigación administrativa por el descontrol de la información a su cargo.
La difusión del borrador, que Carrillo llegó a calificar como "socialización" del trabajo de su oficina, se produjo en medio de un conflicto laboral por falta de pago a quienes elaboraron el documento. Además, removió las investigaciones contra personal de ese ministerio público especializado, incluido el propio fiscal, por la presunta desviación de recursos de la Femospp divulgada en julio pasado (Proceso 1500).
La ex directora de Investigación y Análisis Histórico Documental de la fiscalía, Ángeles Magdaleno Cárdenas, cuestiona el informe filtrado, de 700 páginas y dividido en 12 capítulos, que aparece en la página electrónica de la organización no gubernamental National Security Archives, de Estados Unidos. Pero, sobre todo, destaca el uso discrecional de la información por parte de Carrillo.
Al respecto, habla de varios casos, como la orden que recibió del fiscal, a principios de 2003, para documentar la presunta participación del entonces titular de la PGR, general Rafael Macedo de la Concha, en la guerra sucia.
En entrevista, Ángeles Magdaleno se refiere también a un expediente que debió integrar para dárselo al actual candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado. Fue un amplio informe sobre la persecución que su padre, Carlos Alberto Madrazo, sufrió a mediados de los años 60 por parte de Luis Echeverría Álvarez en calidad de Secretario de Gobernación.
Otro caso fue el del general de división retirado Luis Montiel López, hermano del hoy ex coordinador de la policía ministerial de Morelos, José Agustín Montiel López, involucrado en 2004 en el escándalo de protección al narcotráfico en Morelos con el Gobierno de Sergio Estrada Cajigal. Parte de esas investigaciones, excepto la de Madrazo, se filtraron a la prensa.
El 19 de abril de 2004, en medio del escándalo por la revelación de la protección oficial que tenía el cártel de Juárez en Morelos, se hizo público que el expediente del general Montiel López estaba en manos de la Femospp porque, además de hallarse relacionado con el narcotráfico, el militar había sido parte de la Brigada Blanca junto con los generales Mario Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, con quienes coincidió también en Guerrero.
Sobre la investigación que la propia fiscalía hizo del titular de la PGR, de la que oficialmente depende la Femospp, la historiadora egresada de la UNAM relata: "En enero de 2003, Carrillo me pidió que investigara al Procurador Macedo, pues Mario Ramírez Salas, director de Vinculación Ciudadana de la Femospp, le aseguraba que un periódico de la Ciudad de México tenía información que implicaba al general en la guerra sucia.
"El fiscal me pidió que atendiera el caso. Le dije que era muy difícil que así fuera por la edad del general, pero a los pocos meses me insistió en la búsqueda. Investigué y le entregué la información tal como la obtuve. No fueron fichas, sino un documento en el que se acreditó que (Macedo de la Concha) había sido un enlace entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la PGR. Filtraron la información y me quisieron responsabilizar. Pero tengo testigos de cómo sucedieron las cosas".

Medias verdades, muchas mentiras

La historiadora Ángeles Magdaleno, responsable entre junio de 2002 y junio de 2004 de las investigaciones con las que la fiscalía debía fundamentar sus consignaciones ante la justicia, sostiene que el documento recientemente filtrado a la prensa nacional e internacional omite muchas indagaciones hechas por el área de investigación y análisis cuando ella estaba al frente de la misma.
Es en este punto de la entrevista donde revela: "No se incluyó toda la información, como el informe que le preparamos a Roberto Madrazo a petición del propio fiscal. Fue un reporte especial que me pidió Carrillo. Le entregué dos carpetas con cerca de 300 documentos".
Dicho caso, asegura, demuestra que el régimen no sólo hostilizó a sus enemigos declarados, sino a disidentes del mismo partido, como Carlos Alberto Madrazo.
En el borrador filtrado, prosigue, faltan así mismo reportes sobre la crueldad de la guerrilla en contra de algunos integrantes de los cuerpos armados, lo que también está documentado.
"La versión que se da (a conocer a la opinión pública) es maniquea. Se presenta una historia de buenos contra malos, cuando en realidad mucha gente quedó en medio. Hubo una escalada de violencia por parte de la guerrilla que está documentada pero a la cual ni siquiera se alude en el reporte".
Comenta por ejemplo casos de víctimas, sobre todo policías preventivos, que no fueron reclamadas ni por el Estado. "Esto se dio en el Distrito Federal y en varias partes del país, como en el caso del policía Jesús Rocha Zavala, asesinado por un grupo de preparatorianos del grupo de Los Enfermos, en Culiacán, Sinaloa. Lo metieron a la preparatoria, le cortaron la piel, lo engraparon y lo violaron. Nadie lo reclamó".
Considera que tanto en la fiscalía como en el hecho de la filtración "hay un interés por falsear deliberadamente la verdad. Es una manera de que no la sepamos, pues lo que dice el informe son medias verdades mezcladas con muchas mentiras. Pero también sirve para justificar el fracaso de la fiscalía, en el entendido de que no pudimos consignar, pero sabemos quiénes son los responsables".
Guerrero ocupa gran parte del documento debido a las acciones que el Ejército realizó allí durante la guerra sucia, pero en los datos puestos en circulación también abundan las inconsistencias. Según Ángeles Magdaleno, esto se debe a los intereses de la persona que estuvo a cargo de la investigación correspondiente por parte de la Femospp, José Sotelo Marbán, quien enfrenta una acusación ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por ocultar, como funcionario de la PGR en Chiapas, información documental sobre la masacre de campesinos en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.
Destaca la historiadora que Guerrero fue el estado donde hubo más desaparecidos, y recuerda que Sotelo estuvo operando allí junto con la ex esposa del fiscal, Georgina Landa, encargada de la oficina de la Femospp en Atoyac, y se limitó a recoger los testimonios sin investigar en los archivos del estado y los ayuntamientos.
Pese a que las fuerzas de seguridad del Estado mexicano causaron muchas víctimas en otras entidades, como Jalisco, Sinaloa y Nuevo León, el informe abunda sobre Guerrero aunque muchas de las cosas que allí se consignan "ya fueron publicadas".
"Por ejemplo", puntualiza, "me sorprende que se diga que por primera vez se dan nombres de oficiales y jefes del Ejército que participaron. Se repiten los que ya se han difundido, como los de Joaquín Solano Chagoya, ya fallecido, y Salvador Rangel Medina, y los que encontré sobre el Grupo Sangre que citan. Hablan de un período específico y dan nombres. Reportan también que hay fosas donde echaron a la gente. Eso lo dijo la principal agencia de información civil".
Peor aún, continúa, el reporte divulgado distorsiona muchos hechos y algunas de sus afirmaciones no se pueden probar.
"Es indudable que oficiales y efectivos militares cometieron muchísimos abusos, pero hay que probarlos. El problema es que se desvirtúa la información porque, si no se puede probar, abona la causa contraria, la de quienes niegan los hechos. Con un documento como éste podrán decir que no se puede probar lo ocurrido, que son mentiras, cuando en realidad sí pasó. (El ex Presidente Luis) Echeverría se debe estar riendo de nosotros".
Tampoco se puede generalizar respecto al Ejército, expone la especialista, diplomada en seguridad nacional.
"Hay informes de oficiales de inteligencia militar en los fondos (documentales) de Gobernación y de la Sedena, así como en el Archivo General de la Nación, donde se advierte que la solución no era la adecuada para Guerrero. Y eso está publicado en la prensa. Acusar en lo general es diluir las responsabilidades individuales. Los represores tienen cara, nombre y apellido. A eso no llegó el informe, y con ello se elude la confrontación directa con los responsables".
No se trata, sostiene, de defender al Ejército. El problema es que siguen dejando pasar a los responsables, a los comandantes que estuvieron al frente de la represión.
Afirma que las matanzas de estudiantes en 1968 y en 1971, así como la participación del Ejército en la primera y la de Los Halcones en la segunda, son presentadas en el informe de manera distorsionada, incompleta y sin rigor de la investigación histórica.
"De los crímenes del 68, dice lo que la gente quería escuchar, pero aventura hipótesis que documentalmente no se pueden probar", insiste, y ejemplifica con la Operación Galeana, a la cual califican como una operación de Estado para masacrar a la población.
"De la operación no se puede desprender eso. Nadie lo puede sostener", señala.
La falta de rigor la ilustra con la cita 104 del informe, donde se hace referencia a documentos sin clasificación.
"No creo que un investigador serio pueda admitir eso. Mucho menos un juez al que se le pide una orden de aprehensión con base en ese tipo de información. En su falta de rigor", abunda, "acusan al ahora general retirado Javier Vázquez Félix, el responsable de recoger los cadáveres de la Plaza de Tlatelolco, pero al mismo tiempo dejan por escrito que desconocen si hay una averiguación ministerial en su contra".
El caso del punto 71 es todavía más preocupante, asegura, porque al inicio del capítulo escribieron que no se encontró la documentación que acreditara la conformación de Los Halcones, pero sí la correspondiente a sus acciones. El problema, advierte la académica, es que "la información sobre la conformación de este grupo sí fluyó. ¿En dónde está?".
Apunta que ella hizo un borrador de la gente mencionada en diversas fuentes como parte de ese grupo. "Fui entonces al archivo de personal del entonces Departamento del Distrito Federal, al que ellos (los autores del reporte) nunca acudieron, y pedí sus expedientes, sin tener la seguridad de que hayan sido halcones. Era el inicio de la investigación. Pero ellos consignaron a José Alberto Tobilla Martínez, aunque nunca se comprobó que lo fuera. Lo incluyeron sólo porque pedí su expediente".