"La legalidad y la justicia siguen divorciadas. En Morelos, las leyes concluyeron que la menor no había sido violada por su patrón; los padres siguen exigiendo 'justicia'. Es una historia archiconocida cuyo desenlace puede ser diferente."

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La legalidad y la justicia siguen divorciadas. En Morelos, las leyes concluyeron que la menor no había sido violada por su patrón; los padres siguen exigiendo "justicia". Es una historia archiconocida cuyo desenlace puede ser diferente. Ella, la menor de tres hijos, tenía 13 años cuando entró a trabajar como nana de los niños de una pareja en Cuernavaca. Al poco tiempo de cumplir 15 años el patrón se metió a su cuarto y con caricias e intimidaciones la obligó a tener sexo oral lo que le provocó una infección bucal. El asedio continuó y meses después el hombre de 48 años la subió a un automóvil negro, se metió a un hotel de paso, pagó un cuarto con jacuzzi y entre llantos y jugueteos, sin erotismo ni romanticismo, consumó el desfloramiento. En agosto de 2004, los padres se enteraron y presentaron una denuncia por violación ante un agente del Ministerio Público varón. El ginecólogo, también hombre, confirmó que había perdido su virginidad. El asunto fue remitido a una agencia especializada en delitos sexuales. El expediente confirma que sobre la menor y su familia recayó la carga de probar que el delito se había cometido. También se advierte que su defensora de oficio, Alma Lilia Reynoso Roldán, los dejó en el desamparo, lo que probablemente explica algunos errores cometidos. El presunto violador, por su parte, contrató los servicios de uno de los bufetes mas influyentes de Cuernavaca y quien lo encabeza, César Salgado Pérez, lleva personalmente el caso. El patrón niega tajantemente los cargos. En este tipo de asuntos, ¿a quién creerle? ¿a la jovencita o al profesionista? La legalidad mexicana tiende a ser clasista y en caso de duda favorece al rico o al poderoso. Para normar su criterio la agente del MP, Perla Salgado Puente, envió dos oficios solicitando una valoración psicológica. Acerca de la menor pidió una opinión sobre sus "valores morales humanos éticos, de honestidad, de amor, de respeto, de disciplina" y si presentaba "tendencia a mentir en forma compulsiva o patológica y principalmente si el evento sufrido por la menor pudo haber sido producto de su imaginación". Del presunto violador únicamente solicitó el "perfil psicológico y criminológico así como sus antecedentes familiares y laborales". La parcialidad es evidente. Pasaron los meses y la familia de la agraviada pagó su cuota de antesalas para ampliar declaraciones y buscar el apoyo, con muy poco éxito, de los organismos estatales de derechos humanos. En esa etapa encontró solidaridad en un abogado, Juan Juárez Rivas, que regala parte de su tiempo a la defensa de niños y niñas violadas. "El caso estaba razonablemente bien armado por Perla Salgado", cuenta en entrevista, pero de "repente la Procuraduría metió tanta presión que me quedé con la impresión de que querían defender a un hombre rico". Por los motivos que fueran, el 27 de diciembre de 2004 el presunto responsable fue exonerado del delito de violación. La MP que llevó el asunto, Perla Salgado, precisa en conversación telefónica algunos aspectos de un caso que conoce perfectamente: la "asesoría legal que tuvo la menor fue nula", los mandos superiores de la Procuraduría estatal le dieron "más atención a este caso que a otros similares" y está "completamente segura de que los hechos sucedieron como los contó la menor", la valoración psicológica que confirmaba esta percepción fue ignorada porque llegó con 4 meses de retraso. Sin embargo, insiste en que desde una perspectiva jurídica y con los elementos que tuvo a su alcance no se acreditaba el delito de violación. Añade, sin embargo, que se rehusó a obedecer las "órdenes que de alguna manera me dieron para que exonerara al presunto responsable de los delitos de estupro y corrupción de menores" que se perseguirán si los afectados se querellan. Hay desacuerdo sobre el papel que tuvo el MP: la familia de la menor piensa que favoreció al violador; otros observadores consideran que tenía pocas opciones y recursos. Lo indudable es la similitud de este asunto con centenares de miles, con millones, de otras historias. La indefensión y la impunidad es lo cotidiano en el sistema judicial mexicano y eso alimenta el escepticismo frente a una legalidad manoseada. Lo notable es que este caso se haya prolongado durante tantos meses, las víctimas generalmente desisten por las dificultades asociadas, y que todavía existan posibilidades de revisarlo. Los resortes que le abrieron un resquicio de luz a la justicia tienen poco que ver con la legalidad. El factor central es que los padres de la menor se decidieron a pelear. ¿Qué llevó a una pareja de indígenas pobres y a una menor con sonrisa y mirada de niña librar tan desigual pelea? Una clave está en los antecedentes. De origen campesino dejaron su pueblo por conflictos de tierra y viven en uno de esos multifamiliares impersonales que proliferan en las ciudades mexicanas. Resultó innecesario que presumieran de su identidad indígena porque las paredes y repisas de su casa rebosan de cuadros y figuras evocando su anclaje con la mexicanidad. El padre ha escrito libros defendiendo sus tradiciones y enseña orgulloso un gafete que lo acredita como delegado a una de las Convenciones Nacionales Indígenas que organizara el EZLN. Con riqueza en el detalle, la familia va relatando pormenores de una batalla que lleva meses. Los ofrecimientos rechazados de un "arreglo" económico, los tropiezos y desencantos en diversas dependencias, la humillación de tener que responder a funcionarios morbosos que exigían oír los detalles de la violación descritos con lujo de detalle en las declaraciones ministeriales y el pesado fardo económico sobre sus exiguos ingresos (él trabaja de velador y ella tiene un changarro callejero). Una y otra vez insistieron en que exigen justicia porque está en juego su dignidad. Es decir, porque tienen conciencia de sus derechos, se engancharon en una difícil disputa. Otra razón tras su persistencia es que hace un par de meses dieron con un tejido social dispuesto a acompañarlos. Una profesora de El Colegio de México, Soledad González, se enteró del caso y pidió ayuda a Patricia Lavín, dirigente del organismo Convergencia 8 de Marzo. Ella convocó a otras mujeres y organizaciones, entre las que se encuentran Cristina Martin, presidenta de la Academia Morelense de Derechos Humanos, y Nadxieelii Carranco, de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos de Morelos. Con el apoyo de la Comisión de Equidad de Género del Congreso local pidieron y lograron entrevistarse con el Procurador Hugo Bello Ocampo que se mostró "sensible" a lo que estaba pasando y les prometió que se "haría justicia" aunque advirtiéndoles que había intereses muy poderosos en contra. El desenlace es incierto, pero la moraleja es clarísima: la legalidad está lejos de garantizar la justicia. Para que ésta llegue sigue siendo necesario dar una pelea política que requiere de alianzas con otros sectores de la sociedad. Por estas verdades elementales, y porque la niña de Morelos mantiene la sonrisa y la esperanza, es que vale la pena conmemorar otro Día Internacional de la Mujer. sergioaguayo@infosel.net.mx