"La metáfora rural es exacta por la imagen de cosificación, tristeza y abandono con la que pintan su desesperanza los hombres y mujeres que viven en los pueblos que serán inundados por las aguas de la presa y la injusticia de los gobernantes."

Noroeste / Pedro Guevara

"Nos tienen como piedra en pozo", dijo al reportero de Noroeste uno de los campesinos perjudicados por la construcción de la presa Picachos el día que el Presidente Fox fue a inaugurar las obras. La metáfora rural, no podía ser de otra manera, es exacta por la imagen de cosificación, tristeza y abandono con la que pintan su desesperanza los hombres y mujeres que viven en los pueblos que serán inundados por las aguas de la presa y la injusticia de los gobernantes.
Si nos queda alguna brizna de elemental justicia debemos preguntarnos ¿por qué la gente más pobre debe pagar siempre los costos del progreso de otros? ¿Acaso no hay otra manera de llevar beneficios a las ciudades y a la agricultura empresarial?
Los campesinos afectados reconocen con madurez ejemplar, o quizá fatalismo ante la autoritaria realidad, que no se oponen a la construcción de la presa, "eso nunca lo vamos a detener", dijeron, pero si exigen que los traten con dignidad y que les paguen sus terrenos a precios que corresponden al valor real.
Días antes, ecologistas de Mazatlán habían declarado a la prensa local que tampoco se habían hecho estudios sobre el impacto que provocaría la construcción de la presa en la flora y la fauna de la región, lo cual también fue ignorado. Sin embargo, tengan ustedes por seguro que, en la justificación del proyecto hidráulico, dice algo así por el estilo: "la presa Picachos será construida buscando la sustentabilidad, el bienestar y el progreso del pueblo del sur de Sinaloa..." No hay proyecto alguno de cualquier burocracia gobernante que renuncie a hablar de "sustentabilidad" y haga justamente lo contrario.
También pueden ustedes apostar que los técnicos que han planeado y diseñado el proyecto de la presa han concluido que de pagar los precios justos de los terrenos a los campesinos disminuirían las ganancias de la empresa constructora o se elevarían los costos de la inversión gubernamental por lo que, entonces, sería mejor no pagar o pagar muy poco a los habitantes de los pueblos que van a desaparecer.
Para un tecnócrata "del progreso" (¡sic!) cualquier cosa justifica el beneficio que se pueda llevar a algunos sectores de las ciudades y sobre todo a las empresas. No importa que se vayan a arrasar, en el sentido lato de esta palabra, la existencia de los pueblos.
Es decir, las casas, escuelas, iglesias; las calles donde juegan los niños y han transitado las vidas de los padres y abuelos, el campo santo y las memorias de todos quedarán sepultados por las aguas de la presa, y sin que eso les baste a los autócratas, además no les pagarán lo justo a los hombres y mujeres despojados.
Si se consuma la arbitrariedad e injusticia de las autoridades de los tres niveles que tratan con ellos, se confirmará la conclusión de que los gobiernos del PRI y los del PAN, antes y ahora, pasan por encima de los derechos más elementales de quienes menos tienen.
¿Por qué el Presidente Vicente Fox, el Gobernador Jesús Aguilar y el Alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera, escuchan pacientemente y con simpatía al influyente hotelero Ernesto Coppel Kelly y a los labriegos de los altos del sur sinaloense, no?
Si partimos de la contundente realidad de que uno es rico y poderoso, y los otros pobres y débiles, y de que esto es definitivo en un país injusto como México, entonces no hay nada que objetar; pero si nos apoyamos en que la Constitución Mexicana dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, entonces, la objeción y la pregunta son válidas.
El hotelero Coppel Kelly habló desde un podium y los campesinos acompañados de sus familias fueron rodeados y bloqueados por policías municipales y el Estado Mayor Presidencial. No cabe duda que hay clases sociales y si no hay lucha entre ellas, si hay preferencias del poder hacia la que está económicamente arriba de todas.
Al día siguiente de la visita del Presidente Fox, los empresarios del sur del estado amanecieron felices y los campesinos afectados aun más infelices.
Serán varios cientos de familias los desplazados de sus lugares de nacimiento y trabajo; tal y como pintan las cosas, pocas cosas echarán sobre sus hombros porque la indemnización será mínima. ¿Qué harán estos campesinos despojados y con unos cuantos pesos en el bolsillo? Quizá algunos logren rehacer honestamente sus vidas en base al trabajo redoblado y la solidaridad de otros; pero parece inevitable que más de alguno se sume, dolido y desesperanzado, a las huestes de los gomeros. ¿Quiénes serán en gran parte responsables de que ese escenario se cumpla?
Aprovechando los micrófonos y su presencia en Sinaloa, la cuna del narcotráfico mexicano, el Presidente Fox condenó el ataque al diario tamaulipeco El Mañana y una vez más declaró que "no va a tolerar atentados contra la periodistas no nos van doblegar al pueblo de México, ni van a doblegar al Gobierno federal", lo cual era obligatorio decir, pero lo cierto es que, a pesar de durante su gobierno se han encarcelado más capos del crimen organizado que en ningún otro sexenio, en el mismo periodo la influencia, la violencia y el poder del narco se ha extendido prácticamente a todo el territorio nacional.
Y no es que haya menor voluntad y decisión políticas para combatirlo sino que más bien la indeclinable preferencia por impulsar un modelo económico radicalmente excluyente, tal y como lo vemos en los hechos concretos de la presa Picachos, impele día a día a miles de personas a buscar en la ilegalidad y la violencia un salvoconducto a la sobrevivencia.
Es muy cierto que para las elites del crimen organizado no es la búsqueda de lo más elemental para alimentar sus hogares lo que los lleva a usar la violencia, pero los narcos se retroalimentan, se protegen y crecen con la desesperación de los excluidos que aumentan día a día, tal y como sucederá en los altos de la sierra sur sinaloense si se concreta el trato injusto y abusivo contra sus pobladores.
La osadía y el poder del crimen organizado han aumentado a un nivel que no tiene precedente en el país, y la injusticia social también, tal y como lo dice Enrique Semo en la revista Proceso, del pasado fin de semana: "El salario mínimo urbano en términos reales ha venido cayendo constantemente de 100 por ciento en 1980, a 71 por ciento en 1985, a 45 por ciento en 1990, a 41 por ciento en 1993 y a 39 por ciento en 1999.
Cinco magnates poseen activos por 10 mil millones de dólares, superior a los que tienen 20 millones de mexicanos más pobresLos espacios de marginalidad absoluta están regados por todo el país y son confirmados públicamente por la emigración" y, yo agregaría, por el crecimiento expansivo del narcotráfico y la economía informal.
Los representantes de los pueblos de San Marcos, Palmillas, Copales, Juantillo, Casas Viejas, La Puerta de San Marcos, El Placer y las Iguanas le dijeron al Estado Mayor Presidencial que resguardan al Primer Mandatario Vicente Fox que no habían llegado a pelear, sino a que los trataran con dignidad y negociaran con ellos, pero si la respuesta sigue siendo la misma de hasta ahora que a nadie extrañe que, para la próxima, empuñen los machetes.
No echen más piedras al pozo.