Éric Vega
Nietzsche dijo: "Cada palabra es un escondite". Cuanta razón hay en dicha reflexión. Bastó una declaración del presidente de la Reserva Federal Norteamericana para que las bolsas de valores cayeran y nuestro peso y otras monedas se devaluaran. Donde Enrique Peña Nieto (EPN) ve "progresividad" en la inclusión de capital privado en la operación de Pemex, los partidos de izquierda desatan la "alerta roja". Ninguna declaración, ninguna palabra es neutra. Toda palabra tiene una carga tal que puede desatar un vendaval o marcar un hito en la historia, y de ello fuimos testigos esta semana con los efectos que trajo consigo la conferencia que EPN dictó en Londres en el Instituto Especializado en Estudios Internacionales de la Chatham House.
Más allá de si Jesús Zambrano y Gustavo Madero tienen razón cuando señalan que la reforma energética en México aún no ha sido parte de los consensos alcanzados en el Pacto por México, no nos llamemos a engaño: Pemex necesita con urgencia una reestructura profunda. La reingeniería y rearquitectura requeridas en Pemex, no son un mero deber dirigido al aseguramiento de la viabilidad económica futura, sino un deber con talante moral que EPN, dirigentes partidistas, diputados y senadores deben encabezar. Me explico.
Cualquier organización productiva que genere recursos económicos, más allá de sus obligaciones fiscales, contractuales con sus empleados, clientes y proveedores, y con la normatividad que vela por el cuidado del entorno natural, tiene una obligación ineludible con la sociedad: proveer un servicio que satisfaga una necesidad/demanda social. Por lo que Pemex representa para nuestra economía nacional, el Estado no puede darse el lujo de sostener un modelo de empresa que, por sus vicios, resulta ser el prototipo de la ineficacia y el dispendio impune.
Aunque Morena lo vea con otros matices (tampoco es que las 10 estrategias que propone Andrés Manuel puedan revertir la inercia de Pemex, ya que algunas son, más bien, arengas políticas sin sustento económico), Pemex está obligado a ser productivo y rentable, no sólo por el beneficio económico exigible por las empresas que serán invitadas a invertir, sino por el beneficio de todos nosotros. No estamos para más dispendios que se van a un fondo perdido, por el contrario, estamos ante un tiempo donde Pemex debe producir conforme a "una triple cuenta de resultados": los económicos, sociales y medioambientales. Dicho brevemente, el reto de EPN es subir a Pemex al barco de la Responsabilidad Social Empresarial, asegurando consensos políticos legítimos e incluyendo a todos los grupos de interés, es decir, los denominados "Stakeholders".
Son comprensibles las suspicacias que se desatan cuando escuchamos que una empresa pública se allegará de fondos privados para su operación, sobre todo, porque la esfera de racionalidad con la que debiese manejar los recursos económicos el Gobierno, es muy distinta a la racionalidad que utiliza una empresa privada. Mientras que ésta tiene entre sus principales propósitos generar ganancias económicas de modo sostenido en el largo plazo, la "ganancia" del Gobierno es la generación del bienestar social. En apariencia, el oxímoron de dos mundos. De nuevo esto es sólo apariencia. Las empresas generan bienestar social, siempre y cuando su operación se realice desde la lógica de la Responsabilidad Social Corporativa, es decir, asegurando buenos resultados económicos, sociales y medioambientales. ¿Pemex, como empresa que es, ha logrado tales resultados? De ningún modo.
La ineficaz estructura productiva de Pemex cobijada por una cultura laboral, retrógrada, que durante la última década reportó pérdidas acumuladas por alrededor de 277 mil, 890 millones de pesos. Si bien es cierto, los sindicatos son el último bastión de resistencia laboral prevista en la desarticulación del Estado de bienestar, su tenacidad y función social les ha granjeado una autoridad moral de la cual el sindicato petrolero carece; pocos creerían que el sindicato de Pemex haya velado por intereses compartidos tanto por sus agremiados, como por nosotros los mexicanos. Para muestra basta un botón. ¿Qué podemos decir de que Pemex, en julio de 2011, le haya prestado al sindicato 500 millones de pesos sin cobrar intereses de por medio? No es poco frecuente que en empresas privadas familiares se realicen préstamos bajo dichas condiciones, pero, ¿acaso los mexicanos debemos absorber los gastos financieros derivados de operaciones como esas? No hablo de volver a Pemex otra nueva banca, pero tampoco resulta económicamente viable, responsable, transparente, ni deseable que operaciones como esas se realicen bajo el "sello Deschamps" sin explicación alguna. Una empresa pública, con mayor razón (y al igual que las privadas), está obligada a transparentar sus cuentas y a hacerlas rentables.
Así pues, como dijo EPN (y vaya que no soy su defensor) "ampliar la capacidad productiva de Pemex" no significa, necesariamente, privatizar la paraestatal. Por el contrario, representa una oportunidad dorada para dejar de una buena vez la serie de vicios laborales y sindicales que han aquejado a la empresa y, a la vez, escapar de algunos riesgos que afectan la estabilidad nacional. Si Pemex continúa tal como sigue operando, es muy probable que para 2020 nos convirtamos en un País energéticamente deficitario; el tiempo apremia, más aún cuando no tenemos en el corto plazo ningún plan para generar energías limpias que nos mantengan a salvo de nuestra dependencia económica y energética del petróleo. A decir verdad, no veo tanto riesgo, ni novedad en el vendaval predicho por algunos medios, ni novedad en el oportunismo de ciertos políticos que para permanecer en escena convocan al Presidente a debatir el tema. En el discurso que dio EPN en la pasada celebración de la expropiación petrolera, describió los tres ejes estratégicos de la Reforma Energética: eficiencia, seguridad y sustentabilidad. El plan posterior implica un conjunto de pasos ineludibles, para asegurar dichos principios: estructura organizacional, alentar la ética corporativa y la responsabilidad social, potenciar la industria nacional y fortalecer la capacidad de inversión y desarrollo tecnológico. Ninguna de estas acciones puede llevarse a acabo si Pemex continúa operando del mismo modo, de ahí que su reestructura para alinearla a las pautas que marca la Responsabilidad Social Corporativa, más que una urgencia económica, se vuelven un deber moral al que el Presidente ya no puede renunciar.
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