"La Securities and Exchange Commission señala a Ricardo Salinas, director de Televisión Azteca, como mentiroso."

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Como dice el dicho: es posible engañar a algunas personas todo el tiempo y a todas las personas parte del tiempo, pero no es posible engañar a todas las personas todo el tiempo. Ricardo Salinas, director de Televisión Azteca, logra lo primero, intenta lo segundo y fracasa finalmente en lo tercero. Después de años de conductas cuestionables y comportamientos controversiales, alguien con quien tiene tratos decide ponerle un alto. Alguien lo señala con el dedo índice. Alguien lo acusa de ocultar la verdad. Alguien decide soplar el silbato. Y el silbato suena en torno a la falta de honestidad. Según la acusación que formula la Securities and Exchange Commission, Salinas entrega reportes periódicos a las autoridades regulatorias, en los que no revela las transacciones de compañías que controla. Salinas entrega reportes falsos en los que esconde su involucramiento en esas transacciones. Salinas ignora a los abogados estadounidenses que le aconsejan hacer públicas esas operaciones, dado que involucran a accionistas estadounidenses de Televisión Azteca. Salinas rechaza hacer públicas las operaciones que deben ser reportadas de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. Salinas rehuye entregar información crucial para quienes invierten en sus compañías. Salinas traiciona la confianza de quienes creyeron en él y compraron sus acciones. Salinas viola la ley del país en donde vive una parte de sus inversionistas. Salinas se enriquece personalmente a sus expensas. Pero peor aún, según la SEC, el director de TV Azteca miente, y quizás esa es la parte más crítica de los cargos en su contra. Cuando es cuestionado publicamente por un periodista sobre su conexión con la empresa Codisco, Salinas niega tenerla. Cuando el abogado estadounidense descubre el artículo noticioso que contiene esa mentira y exige su aclaración, Salinas rehusa hacerlo. Cuando dos directores independientes de TV Azteca cuestionan las transacciones ocurridas y las ganancias personales obtenidas, Salinas no explica con claridad lo ocurrido. El agravio es doble: Salinas no revela lo que por ley tendría que revelar, y después miente al respecto. Predeciblemente, la defensa que ha desplegado Ricardo Salinas busca desviar la atención del meollo del asunto. Salinas argumenta que las transacciones discutidas beneficiaron a los accionistas de sus compañías. Puede ser cierto, pero lo que la SEC está cuestionando no son las transacciones, sino su ocultamiento. Lo que la SEC está investigando no son las decisiones empresariales de Salinas, sino su enriquecimiento personal gracias a ellas. Lo que la SEC está confrontando no es si Salinas debía de haber comprado la deuda de Unefon barata y venderla cara, sino que el hecho innegable de que ocultó haberlo hecho. Y al mentir sobre lo que hizo, violó lo ley. Ahora Salinas se queja de la "imposición" de la ley estadounidense sobre una compañía mexicana, pero el argumento es tanto risible como espúrio. Porque desde el momento en que Ricardo Salinas listó su compañía en la Bolsa de Valores de Nueva York, se sometió a las leyes que la regulan. Desde el momento en que fue en busca del dinero de los inversionistas estadounidenses, quedó obligado a obedecer las reglas que los protegen. Al usar la defensa de la extraterritorialidad, Salinas está sugiriendo, palabras más, palabras menos, que es válido obtener el dinero de los inversionistas extranjeros en su propio país, pero no es necesario regirse con sus leyes. Que es válido obtener recursos de los fondos de pensiones de maestros neoyorquinos, pero no es necesario cumplir con las obligaciones legales que existen hacia ellos. Si Salinas no quería quemarse con la estufa Sarbanes-Oxley, no debió preparar sus guisos en la cocina del mercado de Valores de Estados Unidos. La SEC le está diciendo, sin ninguna ambigüedad, que no puede ir a Nueva York, reunirse con inversionistas estadounidenses, obtener su capital, llevar a cabo una serie de transacciones ocultas con esos recursos, violar la ley y después quejarse por la regulación que aceptó en el momento que puso pie en Estados Unidos. Le está diciendo que los 109 millones de dólares que ganó a través de la transacción que hoy se escrutina, son ganancias mal habidas. El dinero es de los accionistas de TV Azteca, no de él; las ganacias que Salinas obtuvo son de ellos, no de él. Pero Salinas parece no entender lo que entraña obedecer la ley. Así lo evidencia la nota de The New York Times del 21 de noviembre de 2004, titulada "Si obtienes la respuesta incorrecta, busca otro abogado". El artículo describe cómo, una y otra vez, los abogados de Ricardo Salinas le dicen que está obligado, por la ley, a revelar las transacciones cuestionables y su papel en ellas. Una y otra vez, Salinas los ignora. En vez de cambiar de actitud, Salinas prefiere cambiar de despacho. Va en busca de alguien que le diga que fue correcto ocultar información importante de la junta directiva de TV Azteca, que fue correcto hacer declaraciones falsas a la prensa y no corregirlas. Va en busca de abogados que avalen su posición, pero no los encuentra. Por eso acaba reconociendo lo que hizo, pero ya es demasiado tarde. Como lo subraya el corrreo electrónico de uno de los ejecutivos acusados: "El daño está hecho y la situación que no queríamos explicar abiertamente ahora está en manos del público". Hoy Ricardo Salinas está pagando el precio de un patron de conducta conflictiva, de conducta abusiva, de conducta irregular. Nadie duda que Salinas es un empresario creativo, lleno de buenas ideas y rodeado de buenos colaboradores. Pocos cuestionan que los accionistas de TV Azteca y Unefon se han beneficiado con su estilo personal de hacer negocios. Pero Salinas incrementa el valor de las acciones, y el suyo, prometiendo una cosa y haciendo otra; ofreciendo una cosa y entregando otra; comprometiéndose de una manera y actuando al revés. Dice que jamás destinará recursos de TV Azteca para financiar a Unefon, pero los usa. Dice que inaugurará una nueva era de comportamiento corporativo, pero no atraviesa su umbral. Dice que respeta la ley, pero la viola en El Chiquihuite. En México su nombre es sinónimo de la agresividad empresarial combinada con la ambigüedad ética. Pocos dicen que es un criminal, pero muchos afirman que es un mentiroso. Y esa reputación, sin duda, ha afectado el valor de las acciones que dice proteger. Entre los inversionistas extranjeros existe el término "the Salinas Pliego discount" (el descuento del valor de las acciones derivado de su comportamiento). Quienes hacen negocios con él temen que los traicione; quienes compran sus acciones saben que no siempre los representará; quienes se asocian con él viven a la defensiva. Salinas Pliego se ha peleado con Goldman Sachs y con General Electric/NBC y con el Canal 40 y con sus inversionistas minoritarios. Hoy lo hace con los reguladores estadounidenses. La diferencia es que en casos anteriores logró salir avante, pero ahora dificilmente lo hará. En Wall Street, Salinas ya no es un sol azteca sino una nube negra. Pero más allá de lo que pase en Estados Unidos, el affair Salinas pone sobre la mesa algo de peso en México. El Gobierno estadounidense ha revelado el lado oscuro de Salinas y el Gobierno mexicano debe hacerlo también. El Gobierno estadounidense ha decidido proteger a sus inversionistas y la Comisión Nacional Bancaria debe actuar de la misma manera. El gobierno estadounidense enjuiciará a un empresario por ocultar y mentir y las autoridades mexicanas no deben pensar que es poca cosa. Porque no lo es. Aquí está en juego la transparencia de las transacciones económicas, la integridad de los mercados financieros, los derechos de quienes ni siquiera saben que los tienen. Ricardo Salinas ahora pelea su caso porque está en su naturaleza hacerlo y cree, equivocadamente, que puede ganar. Cree que puede negociar y convencer y presionar y tergiversar y escabullirse tal y como lo ha hecho siempre. Asume que su relación personal con el Presidente lo salvará de cualquier investigación, lo protegerá de cualquier sanción. Y tiene razón: su destino dependerá no de la capacidad investigadora de la Secretaría de Hacienda sino de la decisión política del Presidente. Vicente Fox tiene el silbato en la mano. Debería tener el valor de usarlo.