Geovanni Osuna
Por la fuerza de los hechos, la legalidad y la justicia se espera que los siete magistrados que tienen a cargo el destino electoral del país dando fuerza legal a las pasadas elecciones, se sobrepongan a las presiones de los poderes y hagan valer estos principios, para ver renacer un México que busca su destino sin tutelas ni obligaciones más que la de su gente, su pueblo.
La sala superior del tribunal y sus equipos laboran hasta 18 horas al día para desahogar en el menor tiempo posible los 364 juicios de inconformidad derivados de la jornada electoral del 2 de julio.
Las fechas están dadas y los notables deberán resolver las impugnaciones a más tardar el 31 de agosto, con el fin de realizar el cómputo final y definitivo de la elección presidencial y validar al nuevo jefe del Ejecutivo el 6 de septiembre, inclusive, como fecha límite.
A 20 días el TEPJF trabaja a todo vapor. Cada magistrado deberá elaborar un proyecto de resolución (con el propósito de someterlo a votación ante el pleno) en torno de medio centenar de asuntos. Tocó al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Leonel Castillo analizar el caso, bautizado como el "juicio madre".
En un documento elaborado por Ricardo Monreal Ávila, denominado Síntesis de demanda de juicio de inconformidad, se desglosa con precisión la forma de operar de algunas empresas y sociedades a favor del candidato panista Felipe Calderón y en contra de Andrés Manuel López Obrador.
Éstas entregaron recursos bastísimos, cerca de 200 millones de pesos, promoviendo el manejo desigual y poco transparente de los medios de comunicación electrónica.
Las pruebas de tal hecho se obtuvieron de los registros de la empresa multinacional de monitoreo IBOPE. El costo de toda la campaña fue operado a través de anuncios y banners en Internet en los principales portales, como T1msn.com.mx y www.yahoo.com, del que se da cuenta en el monitoreo en materia de Internet, detallamos:
- Jumex gastó 13 millones 143 mil 476 pesos, en una línea discursiva donde la empresa se ligó a la campaña de Felipe Calderón, al utilizar las mismas pizarras, los mismos colores y los mismos tipos de letra.
- El CCE, con un gasto de 136 millones 476 mil 555 pesos, se sumó al Partido Acción Nacional al referirse al tema de la posible crisis de estabilidad.
- Sociedad Ármate de Valor pagó la transmisión de cortes en televisión por un monto de 30 millones 663 mil 600 pesos, con la intención de fortalecer el miedo, al utilizar los mismos argumentos y al mismo personaje que el PAN, (el presidente de Venezuela) Hugo Chávez, para desprestigiar a López Obrador.
- Sabritas, subsidiaria de la trasnacional Pepsico (Pepsicola), gastó 16 millones 496 mil 800 pesos para incitar a votar por las "manos limpias", que era un eslogan de Felipe Calderón.
Ahora, debemos agregar a los datos obtenidos del IBOPE, y que se hallan en el juicio de inconformidad, Víctor González Torres, el Doctor Simi, gastó en televisión 101 millones 252 mil 200 pesos en espots, "cantidad que no fue regulada por el Instituto Federal Electoral, y donde parte importante del contenido de sus mensajes publicitarios fue dirigido contra López Obrador".
Por su parte, también se presentaron pruebas en la impugnación presentada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que refieren la participación del ex priista, ex perredista y ahora cercano al PAN Demetrio Sodi de la Tijera, quien rebasó por más de 50 millones de pesos su tope de campaña, al anunciarse en la televisión de cadena nacional (canales 2, 7 y 13) "para seguir creando un ambiente hostil y negativo contra López Obrador, al igual que el doctor Simi y las empresas antes mencionadas".
De esa forma se violentaron los párrafos segundo y tercero del artículo cuarto del código electoral, donde se manifiesta que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y que quedan prohibidos todos aquellos actos que generen presión o coacción a los electores.
Aunque resulta muy importante precisar que la normatividad de medios de impugnación permite a los partidos ofrecer y aportar pruebas dentro de los plazos previstos, el cual ha concluido. Sin embargo, en el artículo 16 de la ley referida se establece que la única excepción a esa regla es la de pruebas supervenientes.
De esta manera, La coalición Por el Bien de Todos entregó al TEPJF un paquete de pruebas supervenientes (adicionales) para reforzar sus argumentos en el juicio de inconformidad con el que busca el recuento de todos los votos emitidos el 2 de julio.
En dichas pruebas se incluye un diario estadounidense en el que se publicó propaganda en favor del panista Felipe Calderón Hinojosa en los tres días previos a la jornada electoral, hecho que viola lo que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre los plazos para hacer proselitismo y, sobre todo, la prohibición a realizar ese tipo de acciones en el extranjero.
Otra prueba es el oficio de respuesta de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en el cual niega a la coalición copias de las averiguaciones previas que fueron interpuestas con motivo de todo el proceso electoral, en el que se incluyen, entre muchas otras, las relacionadas con el caso de la empresa Hildebrando, cuyo socio es cuñado del abanderado panista, quien presuntamente tuvo acceso a la base de datos e imágenes del padrón electoral.
Respecto de los paquetes electorales indebidamente abiertos, a juicio de la coalición, se presentarán documentos, entre ellos un oficio girado por la dirección de organización del IFE, según el cual se violaron sellos en diversos distritos ubicados en Yucatán, Zacatecas y Veracruz, entre muchos otros.
Reitero, que aunque estos antecedentes son entregados fuera del plazo en que deben aportarse los elementos probatorios y los existentes desde entonces, llaman estos hechos, también muchos otros de los cuales se va teniendo recién cuenta con pruebas precisas, a la aceptación y a la más completa atención de los magistrados, pues, ante cualquier resolución el peor escenario que pueden dejar los jueces sobre su resolución, será la sombra de la duda.
