Gestionan
En México, los gobernados no estamos acostumbrados a exigir cuentas sobre el destino de los impuestos que pagamos. Mucho menos estamos inmersos en la cultura de que la aplicación del gasto público debe hacerse de manera responsable y bajo criterios de transparencia y eficiencia exigidos por la Constitución y las leyes de la materia. A nivel internacional, en cambio, la temática del gasto público y de los tributos forman parte de un todo: las finanzas públicas del Estado. De este modo, a la par del análisis de cuánto se requiere recaudar de los contribuyentes, se realiza el ejercicio metodológico de cómo y bajo qué condiciones debe aplicarse el gasto público. En nuestro país, la Constitución establece que la Cámara de Diputados aprobará el Presupuesto de Egresos de la Federación "previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo". De esta disposición se desprende que el monto de los de los ingresos tributarios aprobados por el Congreso, debe coincidir con el gasto público autorizado en la Cámara de Diputados. Lo anterior, sin embargo, en la práctica queda en un nivel meramente conceptual, pues si bien es cierto que en la elaboración del Presupuesto de Egresos se siguen las reglas y procedimientos legales, ello se hace sin atender, en forma estructural y metódica, a criterios de transparencia, responsabilidad y eficiencia, y sin visión de corto, mediano y largo plazo. Los contribuyentes somos víctimas de las dinámicas legislativas que se caracterizan por una falta de definición sobre qué constituye el gasto público y cuál es el país que por su conducto pretende edificarse. Lo único que conocemos son las contiendas políticas y mediáticas en torno al Presupuesto de Egresos, así como el arrebato de los diputados federales para la asignación de partidas específicas (etiquetadas) a determinadas áreas o proyectos de gobierno. En el Estado de Derecho resulta inaceptable la ausencia de definiciones estructurales sobre el modelo de gobierno a construirse a partir de la aplicación del gasto público. Es insuficiente que el discurso oficial se agote en señalar que con él se construirán "más escuelas y centros hospitalarios", o que tendremos "más y mejores policías", o que se "han abatido significativamente los índices de pobreza en nuestro país". No; esas son expresiones que, aunque pudieran tener alguna trascendencia política y se sustenten en información estadística válida, no satisfacen el requerimiento de que el gasto público se aplique en forma transparente, responsable y eficiente. Muestra de lo anterior es que en México ya se escuchan cuestionamientos serios sobre las ingentes cantidades de recursos económicos aplicados a la publicidad oficial, tanto en medios electrónicos como impresos, cuyo propósito es justificar las funciones realizadas por las dependencias públicas y que, al final de cuentas, se traducen en el enaltecimiento de la imagen de los funcionarios. También existen visos de inconformidad respecto del colosal financiamiento público a los partidos políticos y a las campañas de elección popular. En suma, por definición constitucional y de acuerdo con la experiencia internacional, es tiempo de que en nuestro país se empiece a discutir el tema tributario junto con el del gasto público, con el fin de que éste cumpla con los requisitos de transparencia, responsabilidad y eficiencia antes apuntados. El autor es especialista en Derecho Fiscal y Administrativo
