JANNETH ALDECOA /JOSÉ ALFREDO BELTRÁN
Cuando escuchamos hablar de enriquecimiento ilícito, normalmente pensamos en fortunas amasadas por la ruta del ejercicio de actividades relacionadas con la delincuencia organizada, en las dirigencias de los grandes sindicatos nacionales o por medio de las diversas modalidades de la usura.
Pero no hay tal, puesto que el fenómeno de embolsarse dinero en detrimento de otros, también lo encontramos entre gente que presume prestigio de honestidad y honorabilidad social y lo que es peor, en ello también incurren infinidad de funcionarios públicos y la propia autoridad, que procura los medios para esquilmar los bolsillos de los gobernados con una y mil acciones tramposas contenidas en las leyes o por decisiones administrativas tendenciosas.
¡Sí señor! Los que deberían ser referentes del cumplimiento del marco de derecho, también caen en el delito de enriquecimiento ilícito, cual si fueran parte de los bandos delictivos; aunque de hecho lo son, pero protegidos por el blindaje oficial.
Y bueno, si los que protestan que cumplirán y harán cumplir los dictados constitucionales y las leyes reglamentarias, actúan en contrario, pues es fácil deducir que tales incumplimientos abonan, y en mucho, a fomentar la impunidad que priva en el actuar de muchos ciudadanos.
El concepto de dineros mal habidos, no sólo se contempla en los códigos penales que imperan en el País, sino que también aparece en los textos de los códigos civiles ejercitables en el plano federal y en las entidades federativas.
De acuerdo al discurso legal del Código Civil Federal y el aplicable en territorio sinaloense, incurre en enriquecimiento ilícito: "todo aquel que sin causa se enriquece en detrimento de otro, bien sea aprovechándose de errores o simplemente de la ignorancia de su contraparte".
En las últimas semanas, a propósito de los derechos e impuestos vehiculares, así como del impuesto predial, he venido insistiendo públicamente, sobre la reprobable y dolosa actitud que han tomado las autoridades recaudadoras sinaloenses, estatales y municipales, al aplicarle multas, gastos de cobranza y honorarios de ejecución a los contribuyentes morosos que cubren sus adeudos de manera voluntaria; es decir, sin que para ello les hayan iniciado el procedimiento coactivo de cobro, mismo que arranca con la notificación y requerimiento de pago de lo omitido, tal y como se marca en la legislación tributaria federal y en la sinaloense.
En consecuencia, tanto el Gobierno estatal como las autoridades municipales del Estado de Sinaloa, aprovechándose de la ignorancia del grueso de contribuyentes sobre los temas fiscales, están cometiendo el delito de enriquecimiento ilícito por medio de acciones de Gobierno fraudulentas que transgreden los dictados legales que al respecto existen, y les digo por qué, citando algunos aspectos que al respecto están contenidos dentro del Código Civil para el Estado de Sinaloa.
Arranco señalando que dentro del artículo 1766, se expresa: "El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido".
Para abundar, ahora les traigo completito el artículo 1767: "Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla. Si lo indebido consiste en una prestación cumplida cuando el que la reciba procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esa prestación; si procede de buena fe, sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido".
Para cerrar va la del estribo con el numeral 1768: "El que acepte un pago indebido, si hubiere procedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos y los dejados de percibir, de las cosas que los produjeron...".
Por lo hasta ahora expuesto, continúo insistiendo que los recaudadores estatales y municipales del Estado de Sinaloa, de manera dolosa, le están robando a los contribuyentes morosos de impuestos y derechos relacionados a la tenencia y uso de vehículos automotores, así como del predial, cargándoles cantidades adicionales improcedentes y que van en beneficio directo, no sólo de los tesoros gubernamentales, sino de los funcionarios relacionados a la cobranza de los tributos estatales y municipales, quienes de manera campechana se reparten adicionales que por su improcedencia son un robo a la economía de los afectados.
En cada oportunidad, nuestros gobernantes manifiestan en sus discursos, que sus administraciones no cejarán en su lucha contra la corrupción, sin embargo, temas como el señalado, los desmienten plena y rotundamente.
Si Mario López Valdez, y en su caso, quien venga a suplir a Alejandro Higuera, en verdad quieren demostrar la solvencia moral de sus administraciones, es tiempo que ordenen que se le ponga un alto a los abusos que cometen sus recaudadores e instruyan a la brevedad posible, que a quienes se les aplicaron cobros indebidos, se les haga el reintegro correspondiente.
El abuso gubernamental me hace recordar al mordaz y valiente cómico jaliciense, Jesús Martínez "Palillo", quien se destacó por su valerosas críticas a los malos gobernantes y no me queda duda de que si conociera lo comentado, a los de manos sucias y caras duras, les gritaría lo siguiente: "¡Ralea de políticos trinqueteros, gusanos, parásitos, chupasangres, sátrapas que están acribillando la economía de todos los que estamos en el tobogán del subdesarrollo...!".
Por su atención, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, si es que ustedes así lo deciden.
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