"Por fortuna, son más los mexicanos que se muestran convencidos de que podemos fortalecer al Estado de derecho, y que es posible procurar la convivencia pacífica, además de que están dispuestos a rescatar las estructuras comunitarias que son la"

SUGEY ESTRADA / JESÚS LÓPEZ / HUGO GÓMEZ

Unas preguntas ociosas 

Lo mismo en corrillos políticos que en reuniones familiares o privadas, ante los sucesos que por estos días han impactado a los mexicanos, se formulan preguntas cuyas respuestas, si las hay o no, reflejan los temores y el pesimismo que prevalecen en algunas capas de nuestra población.
Entre esas interrogantes se pregunta si las autoridades mexicanas ahora sí se fajarán los pantalones y actuarán en consecuencia, después que, como lo informó Noroeste el jueves 20, el Embajador de Estados Unidos, Antonio Garza, admitió que la narcoviolencia, causante de múltiples males, así de la corrupción y muertes en nuestro país, se la debemos nada menos que a EU y por ello se le debe exigir a Washington que frene, en serio y sin tapujos, el consumo ilegal de estupefacientes en su territorio, el cual les representa operaciones ilícitas por más de mil millones de dólares diarios.
Además, también están quienes quieren saber si ante la confesión de parte, hecha por el citado diplomático, quien aceptó que su país no cumple con la lucha antinarco, nuestro gobierno le reclamará a EU una indemnización por los daños provocados a México, que ahora debe librar una guerra singular con un enemigo omnipresente y dueño de una gran capacidad ofensiva.
Obviamente, la actitud y las políticas estadounidenses en la materia han sido erróneas, y es evidente su complacencia y hasta su tolerancia a los vicios masivos de sus ciudadanos, que, en conjunto, son un motor para la narcoviolencia, mientras que a naciones como la mexicana les imponen la tarea de resguardarle sus fronteras y costas.
Así las cosas, entre los saldos negativos para los mexicanos se tienen decenas de viudas y los huérfanos de quienes han caído al combatir al crimen organizado, así como los de las víctimas inocentes de esta cruenta lucha, a la cual deben sumarse los efectos de la referida corrupción, además de un sin fin de presiones y represiones, a veces nada simuladas, como podría ser el endurecimiento de las medidas antiinmigratorias en la frontera y la persecución de los trabajadores transitorios en el país vecino.

Consumidor de drogas
De acuerdo a la información publicada por este diario, el Embajador Antonio Garza reconoció que México no enfrentaría tanta violencia si no fuera porque EU es el mayor consumidor de drogas, por lo cual, dijo, su país tiene una buena parte de responsabilidad en el derramamiento de sangre que se registra actualmente en México, el cual, en lo que va de este año, ha sumado cerca de cinco mil asesinatos.
Sin más, el mismo diplomático asumió que EU es el mayor consumidor de drogas ilegales en todo el mundo y el principal abastecedor de armas a los cárteles del narcotráfico; esto lo asintió en un discurso pronunciado el pasado martes ante unos 300 miembros de la Cámara de Comercio de Harlingen, en el sur de Texas, donde habló del combate conjunto al narcotráfico y de la importancia del comercio binacional.
Ahí sostuvo que "México no sería el centro de la actividad de los cárteles o estaría experimentando este nivel de violencia, si no fuera por Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas ilegales y el principal abastecedor de armas a los cárteles"; agregó que los dos países deben combatir juntos a estas organizaciones criminales a riesgo de tener que asumir un fracaso conjunto.
"Todos sabemos que las drogas, las armas y otros bienes ilícitos son una plaga, tanto para México como para Estados Unidos. Gente inocente es asesinada debido a que los cárteles pelean por territorio en México de la misma manera que las pandillas de narcotraficantes se disputan las ciudades en Estados Unidos. La drogadicción destruye familias en ambos lados de la frontera", concluyó.

Otra cara de la moneda
Es de destacar que aun cuando el tráfico de armas fue mencionado de refilón por el representante de Washington, no se trata de una cuestión menor, pues es la otra cara de la moneda de la delincuencia organizada, porque es mediante el tráfico ilegal como se surte y aumenta sus arsenales, que además es también un rentable negocio y fuente de ingresos.
Al respecto, también el jueves, Noroeste reportó que a propuesta del Senador priista bajacaliforniano, Fernando Castro Trenti, legisladores del tricolor y del PRD en el Senado apoyaron un punto de acuerdo para reclamarle al Gobierno federal que coordine y combata de manera más enérgica el tráfico de armas procedente de Estados Unidos, donde se origina "más de la mitad" de este mercado.
Ante ello, y después de que el 7 de noviembre, el Ejército mexicano decomisó el arsenal más grande en la historia del país, el Senado de la República exhortó al Congreso estadounidense y a sus legislaturas estatales para que eliminen el fácil acceso a los trámites legales previstos para la compra y venta de armas de fuego en su territorio.
Asimismo, Castro Trenti solicitó que el Presidente Felipe Calderón se coordine con los gobiernos federal y locales de Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas, y también propuso que la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, realicen las investigaciones necesarias en las aduanas para abatir la entrada ilegal de armamento.

Gringos traficantes
De igual forma recalcó que más de la mitad de las armas de fuego ilícitas que se encuentran en México y el parque o municiones para su uso, provienen de Estados Unidos y no son traficadas sólo por mafias o delincuencias organizadas, sino también por ciudadanos norteamericanos que cuentan con grandes facilidades para adquirirlas.
Ya el 27 de octubre, en este mismo periódico se informó que diputados federales habían advertido que, de manera ilegal, cada mes ingresan a México 2 mil armas de fuego, debido a la corrupción de funcionarios aduanales.
Por ello, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados pidió a la Secretaría de Seguridad Pública y a la PGR, un informe sobre acciones y programas para erradicar el tráfico de más de 20 mil armas al año al país.
También, la Comisión citada, en el dictamen que presentó, le solicitó al Gobierno federal un informe del tráfico de armas, y de los planes de combate, sobre todo ante las cifras que constatan que cada mes entran al de contrabando dos mil armas de fuego, sobre todo en Sonora, Baja California y Tamaulipas.

Diez mil camiones
Dentro de los respectivos considerandos de la aludida petición de los diputados, se destaca que la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU, también reconoce que 60 por ciento de las armas ilegales que circulan en México provienen de su vecino incómodo y se señala que por las ciudades fronterizas transitan cada día alrededor de 10 mil camiones y más de un millón de personas, lo que facilita el tráfico de armas ilegales, agravado por la escasa regulación legal.
Esto ya ha sido detectado por las autoridades mexicanas y los legisladores recordaron que en abril pasado el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, dijo que en Texas existen los tianguis de armamentos, donde éstas se pueden comprar de cualquier tipo, de diferentes calibres, de alto poder y sin ningún registro; se sabe que hay 12 mil centros de venta y distribución en la franja fronteriza dentro de territorio estadounidense, desde donde, el sexenio pasado, ingresaron a nuestro país cerca de cuatro millones y medio de armas, y sólo poco más de ocho mil fueron decomisadas por las autoridades.
Entre otros, esta clase de contrabando hizo que el empresario Carlos Slim Helú criticara, a fines de septiembre pasado, la permisividad de EU en la venta de armas por considerar que dificulta a México el combate a las bandas de narcotraficantes y al crimen organizado.
Durante un encuentro con la prensa internacional, el magnate mexicano, quien es considerado el tercer hombre más rico del mundo, afirmó que "el combate a la delincuencia no es viable si Estados Unidos está armando a todo el mundo con armas sofisticadas".
Slim también consideró "inexplicable" que la delincuencia atraviese la frontera con Estados Unidos "y que allí no pase nada", a pesar de que la droga mueve más de mil millones de dólares diarios.

Para secuestradores
A mediados de este año, en diversos medios se reiteró que se tenían localizados 17 puntos de ingreso de armamento ilegal a nuestro país, destinado a traficantes y secuestradores, por lo cual la fracción del PAN en el Senado preparaba una serie de modificaciones legales para el combate al tráfico de armas y su uso ilegal, a partir de un diagnóstico de la ONU que precisa dónde están los citados puntos de entrada del armamento ilegal.
Previamente, se había informado (09/06/2008) que los gobiernos de México y Estados Unidos intensificarían el combate al tráfico que abastece a los grupos al crimen organizado que operan en nuestro territorio, y que ese día se pondría en marcha el proyecto binacional llamado "Armas Cruzadas".
Se trataba de un esquema de cooperación que tendría un carácter complementario a la Iniciativa Mérida y que buscaba la sincronización de agentes y fuerzas especiales hacia ambos lados de la frontera para cerrarles el paso a los traficantes de armas.
Sonó bien lo de este proyecto, pero no se ha ido más allá de que en Estados Unidos confiesen que es un problema muy serio; incluso, dos meses después de ponerse en marcha el "Armas Cruzadas" se volvió a decir en el Paso, Texas, que las autoridades estadounidenses reconocían la gravedad del tráfico de armas hacia México, porque casi todas las pistolas, revólveres y metralletas decomisadas aquí proceden de Estados Unidos.
Esto lo aseguró Michael Sullivan, Director Interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU, al hablar en la Quinta Conferencia Anual de Seguridad Fronteriza, organizada por la Universidad de Texas, pero no se sabe que se haya ido a los hechos; tal vez, después de que George W. Bush le entregue la Presidencia a Barack Hussein Obama, las cosas cambien, aunque todo estaría por verse.

Es inseguro el Acuerdo
Y por lo que toca a las preguntas que se hace la gente en las calles y en sus casas, también se cuestiona que si tiene caso que el Estado haya convocado a los Tres Poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno, junto con los sectores social y privado, para que firmaran el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (Noroeste, 22/08/2008).
La duda ciudadana es porque, como se dice en público y en secreto, las autoridades federales convocantes del mencionado convenio de seguridad, a evaluarse en unos días más, fueron incapaces de velar por la seguridad personal de quien era Jefe del Gabinete Presidencial y, al mismo tiempo, cabeza del Gabinete de Seguridad; en consecuencia, también era el enlace de la Federación con los Poderes de la Unión, partidos y las distintas fuerzas sociales, para los efectos de dicho acuerdo nacional.
Este mismo señalamiento es todavía más corrosivo si se toma en cuenta que el reciente percance aéreo en el que perecieron varios servidores públicos y particulares, puede tener entre sus causales a la contratación de proveedores baratos, a los que acudieron los "cuentachiles", como los llamó Joaquín López Dóriga en el programa "Tercer Grado" de Televisa el miércoles 19, con el ánimo de ahorrarse unos pocos pesos.
El problema es que, por andar con tales "economías", se pasaron por alto los riesgos que se corrían por cuidar la morralla, sobre todo para la vida de los funcionarios gubernamentales y hasta para la credibilidad de la administración calderonista, pues todavía hay quienes insisten en que el avionazo del 4 de noviembre fue un atentado, por más pruebas que se les dan en contrario.
Al respecto, Sergio Aguayo Quezada, en su artículo, publicado el miércoles aquí en Noroeste, decía que los fallecidos en el referido accidente aéreo "no cayeron en un enfrentamiento con el crimen organizado; murieron porque se descuidaron los protocolos de seguridad más elementales y porque, al parecer, dependencias como la Secretaria de Comunicaciones y Transportes fueron incapaces de verificar que si los pilotos de la empresa subcontratada tenían la preparación que se requería".
Si algo dejó en claro la tragedia del Learjet, agregó el articulista, es que "el Estado no puede ser tan descuidado, desorganizado y chafa; no puede seguir permitiendo que empresas privadas, sin preparación ni vocación, tengan la responsabilidad de garantizar la seguridad de altos funcionarios, de instalaciones estratégicas y de ciudadanos comunes y corrientes".

Descuidan a los policías
Igualmente, la gente en la calle se pregunta qué sentido tiene reclamar que los policías cuiden a los ciudadanos, cuando ya es cotidiano que éstos, con o sin uniforme, aparezcan entre las principales víctimas de la inseguridad, porque a ellos tampoco hay quienes los protejan de los criminales.
En el caso de los policías, entre los que no faltan los agentes dobles, vemos que tanto los de a pie como los más encumbrados jefes de las corporaciones, son víctimas de la violencia, pues, con frecuencia, son acribillados hasta en las puertas de sus casas, y a veces al interior de las mismas, ya ni ahí están a salvo; encima, estas agresiones sólo son estadísticas.
Obviamente, relacionado con esto, hay mucho más dudas que, incluso, ni siquiera se sabe a quién deben planteárselas; pero está claro que en mucho son producto del pesimismo y la incertidumbre de ciertos grupos sociales.
Por fortuna, son más los mexicanos que se muestran convencidos de que podemos fortalecer al Estado de derecho, y que es posible procurar la convivencia pacífica, además de que están dispuestos a rescatar las estructuras comunitarias que son la base de la nación, y hacia allá tendremos que orientar el rumbo.
Mientras tanto, hoy es tiempo de recoger las varas, así como de presenciar, y hasta padecer, las confusiones y descoordinación de los organismos oficiales y las dependencias gubernamentales, que a veces, en vez de solucionar las contradicciones, las complican, y más cuando intervienen los partidos políticos, aunque también éstos son facilitadores de acuerdos o consensos, como acaba de suceder con la reforma petrolera.