"Se dice que es el Poder Judicial más caro del mundo y que el de Estados Unidos es sólo un 20 por ciento del costo de operación del nuestro"
Gilberto Yáñez
En muchas ocasiones recientes hemos leído o escuchado comentarios de analistas políticos y económicos criticar al Poder Judicial Federal por su presupuesto, es decir, por su costo anual de operación. Se dice que es el Poder Judicial más caro del mundo y que el de Estados Unidos es sólo un 20 por ciento del costo de operación del nuestro, a pesar de que los resultados no son similares en transparencia ni en honestidad.
Sin embargo, es evidente que dichos comentaristas políticos, en este caso particular críticos de nuestro Poder Judicial, están hablando de lo que no saben y demuestran que no se han tomado la molestia de cumplir con la regla número uno de quien opina en los medios públicos de comunicación: obtener información antes de quedar en ridículo.
Los aludidos expertos en teoría política critican que los millones de pesos que cada año gasta el Poder Judicial Federal son exagerados, si los comparamos con el gasto de Francia, Alemania, España, Inglaterra y Estados Unidos. En México los jueces federales, afirman los críticos, perciben sueldos que no pueden justificarse. Lo que no saben es que en México el Poder Judicial Federal realiza funciones que ninguno de los países mencionados tiene a su cargo, principalmente la revisión de todas las sentencias de segunda instancia dictadas por los tribunales estatales de última instancia.
Conforme a nuestra Constitución Federal, Artículo 14, las sentencias deben ser conformes con la ley aplicable al caso y a falta de ella, con los principios generales del Derecho. Esto permitió que en el siglo pasado, se plantearan juicios de amparo ante los tribunales federales, reclamando la falta de legalidad en las sentencias civiles y penales dictadas por los tribunales de última instancia de los estados, lo que obligó al Poder Judicial Federal a incrementar el número de tribunales que atendieran estos juicios.
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se tomó la decisión, convertida en parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, de atender todos los juicios de amparo promovidos en contra de la correcta aplicación de la ley por los tribunales de segunda instancia de los estados, lo que en la doctrina mexicana se conoce como el "amparo legalidad", para distinguirlo del amparo por razones de inconstitucionalidad de los actos de toda autoridad y de las leyes federales y estatales, que son la esencia de los asuntos del amparo denominado "constitucional".
Esta decisión se debió, obviamente, a la corrupción de los poderes judiciales estatales, cuyas decisiones se dictaban con frecuencia para favorecer a los amigos o socios del Gobernador. Fue una decisión difícil pero en mi opinión, acertada.
Para atender estos asuntos, se crearon decenas de juzgados de distrito y de tribunales unitarios y colegiados de circuito. Tan sólo en Sinaloa, tenemos 10 juzgados de Distrito, 19 en Jalisco, 12 en Nuevo León, 22 en el Estado de México y 69 en el Distrito Federal, que atienden juicios de amparo y también juicios ordinarios federales civiles y penales. En todo el País hay 310 juzgados de Distrito.
Además, en todo el País hay 182 tribunales colegiados de Circuito, que atienden asuntos de segunda instancia en materia de amparo y en primera instancia asuntos de amparo en contra de las sentencias de segunda instancia de los tribunales estatales. En Sinaloa tenemos 4, todos en Mazatlán.
Tribunales unitarios de circuito hay 71 en todo el país y 2 en Sinaloa, ambos en Mazatlán. Atienden asuntos de segunda instancia civiles y penales federales.
En contraste, en Estados Unidos, país al cual copiamos la estructura inicial del Poder Judicial Federal y por ello copiamos también los nombres de "juzgado de distrito" y "tribunales colegiados de circuito", tienen sólo uno o dos tribunales federales de primera instancia en cada estado y los de apelación generalmente comprenden varios estados en cada "circuito", 13 en total, con un total de 175 jueces de apelación, por lo cual no es posible comparar ambos sistemas judiciales, salvo cuando quien compara se refugia en la ignorancia.
Ciertamente el Poder Judicial Federal tiene cuyas fallas. No tiene transparencia en el nombramiento de los jueces de primera y segunda instancia, quienes supuestamente deben ser designados conforme a su calificación en los exámenes respectivos de capacidad, pero en la realidad, se les designa con base en la influencia de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal o de los jueces de la Suprema Corte, pero nadie puede por ello dudar se su honradez y capacidad. Se discrimina a las mujeres aspirantes a jueces, sin atender a su capacidad y experiencia y seguramente podría nuestro Poder Judicial Federal ser más estricto en sus nombramientos.
Nunca en México habíamos tenido como ahora un Poder Judicial Federal honesto y capaz. El Presidente de la Suprema Corte y los integrantes del Consejo de la Judicatura, institución que designa a los jueces federales de primera y segunda instancia, podrían mejorar su imparcialidad y su transparencia, pero nadie duda de su honradez.
Debemos comparar los distintos sistemas judiciales sólo cuando conocemos las características de cada uno. En México tenemos un Poder Judicial del cual los mexicanos podemos estar orgullosos, cuyo costo de operación es alto, pero justificado.
