"Si en el Gobierno de Jesús Aguilar Padilla impera el intercambio de lealtades y complicidades con los funcionarios que propiciaron la fuga del homicida no habrá, entonces, ni captura ni castigo a los protectores."

Noroeste / Pedro Guevara

La fuga del presunto homicida Eduardo Granados Palma de la cárcel de Aguaruto confirma que hay sobrados argumentos para confirmar que, en plena descomposición del viejo régimen y sus restos regionales, la simbiosis entre el crimen organizado y la clase política en Sinaloa, además de ser vieja estirpe, es una realidad tan grande como el océano que tenemos enfrente.
Si el jefe político de la clase gobernante en Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, ¿o sigue siendo Juan S. Millán?, quiere convencer a la opinión pública y a la ciudadanía que él no tiene relación alguna con el crimen organizado, lo que procede es despedir e investigar a su Secretario de Seguridad Pública, Ernesto Cebreros Murillo, y al Subsecretario de Gobierno, Luis Pérez Hernández.
Una de dos: o estos funcionarios son incapaces y no tienen ascendencia sobre sus subordinados o están coludidos con el prófugo. En el caso del segundo, sabemos, por lo menos, que es su amigo.
Para ser gobernador tiene que caminar como gobernador y parecer gobernador. Para ser funcionario probo hay que caminar como tal y parecerlo.
El gobernador tiene ante si la enorme oportunidad de deslindarse radicalmente de cualquier indicio de complicidad y de devolverle un mínimo de confianza a la ciudadanía separando a esos funcionarios; si no sucede así se reforzará la idea de que en Sinaloa el poder político está subordinado o por lo menos aliado a fuerzas que superan a las del Estado.
A pesar de que la fuerza de la sociedad civil y la independencia de los medios de comunicación han aumentado en México, no son tales, desafortunadamente, como para, a nivel de las diferentes entidades del país, forzar a los gobiernos a despedir a malos funcionarios, enjuiciarlos, disminuir la corrupción y reducir la impunidad.
En el viejo sistema político, el presidente resolvía los conflictos que le empeñaban la figura, aun por encima de la ley; pero en el nuevo contexto que estamos experimentando, el presidente Fox no tiene los atributos legales ni tiene la fuerza metaconstitucional de los presidentes priistas para deshacerse de autoridades o funcionarios sospechosos de malas conductas.
Un ejemplo de lo anterior es el gobernador de Puebla, Mario Marín, quien a pesar de su nauseabunda actuación y el escándalo internacional que ha generado, no ha podido ser removido por nadie.
En el antiguo régimen, el presidente lo hubiera removido ipsofacto aun sin haber elecciones. Es decir, en el actual momento político que vive México, la pérdida de poder en el presidencialismo no metaconstitucional ha llevado a que las atribuciones políticas no escritas y legales del anterior sistema se mantengan a nivel de los gobernadores, y más particularmente de los priistas.
Este nuevo contexto ha producido una especie de autonomización del poder político en el país, donde los gobernadores han levantado una especie de feudos en sus territorios.
Si en estos señoríos premodernos no hay una crítica coherente y una actuación independiente de la mayoría de los medios, así como una actuación vigorosa de los partidos de oposición, como sucede en Sinaloa, entonces los gobernadores harán los que les plazca, incluyendo no hacer nada contra la impunidad.
Si en el gobierno de Jesús Aguilar Padilla impera el intercambio de lealtades y complicidades con los funcionarios que propiciaron la fuga del homicida no habrá, entonces, ni captura ni castigo a los protectores.
México es un país de infractores, de gente fuera de la ley, dice el periodista Carlos Fazio. Agrega: en México "existen dinámicas más complejas y mezclas mucho más íntimas entre las estructuras criminales y estatales, donde una amplia red de actores están completamente integrados en los niveles operativos de la economía criminal".
¿Y es que, acaso, el homicida y prófugo Eduardo Granados Palma, no tenía ya una conducta anómala cuando fue contratado por el gobierno de Juan S. Millán? Cuántos tipos como éste, son parte de las estructuras de "seguridad" en Sinaloa y en el conjunto del país.
En la huida de Granados Palma hubo complicidades y corrupción a manos llenas. Y es que en México, dice Fazio, ser corrupto es más fácil que ser honesto. Nuestro país está pletórico de infractores, de gente fuera de la ley. Lo que supone la ausencia de un Estado de Derecho.
¿Hasta dónde llega la intimidad de las estructuras criminales y estatales en Sinaloa? ¿Dónde se originó esta complicidad? Responde Pável Voshcanov, al hablar del origen de la mafia en Rusia: "comienza con los intereses comunes de políticos, hombres de negocios y gangsters. Todos los demás son rehenes de esta sagrada alianza". Ya no hay fronteras entre las organizaciones criminales y el Estado.
Para Giulio Sapelli, el crimen organizado "crea, con un mercado propio, una clase política propia, que regula, administra y reproduce el sistema". Hans Magnus Enzensberger agrega: "tan pronto como la criminalidad se organiza, se convierte, tendenciosamente, en un Estado dentro del Estado".
Sin embargo, para que el crimen organizado se convierta en un Estado dentro del Estado, es necesario que haya triunfado culturalmente; es decir, haya derrotado la capacidad de indignación de la sociedad y sobre todo su capacidad de respuesta, resignándola a aceptar el dominio de la impunidad.
Quienes propiciaron la fuga de Granados Palma le han sido en extremo leales. Pareciera que son de la misma familia, donde la unidad "jurada" se defiende a toda costa. En este tipo de familia, al estilo de la homertá se jura estar unida en las buenas y en las malas.
Esta lealtad y complicidad familiar sólo integra a quienes participan del juramento y del objetivo fundamental de la organización: el poder, la impunidad y el dinero.
Granados Palma, en su carta, enviada "desde algún lugar del mundo", tal y como decían los grupos guerrilleros clandestinos, se exculpa y culpa a un juez de manipulación de su caso.
No habría que dudar mucho de la corrupción del ministerio público, pero tal hecho no puede negar la rotunda evidencia de su culpabilidad a pesar de que la sentencia no se hubiese dictado. Lo cual es lo relevante en este asunto.
Lastimosa, grave, lamentable, ominosa es la fuga de un homicida, sólo posible mediante cómplices del más alto nivel, que profundiza la descrecencia en las autoridades y gobernantes de Sinaloa. Si hay primeros culpables en la debilidad de las instituciones públicas en México lo son sus gobernantes.