"Si para el 22 de abril no hay un ganador para las elecciones internas del PRD, el partido quedará acéfalo y en estado de anomia"

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PRD: laberinto sin salida 


La crisis política que padece el PRD, evidenciada en las torceduras de su proceso electoral, que es en el fondo crisis ética, se ha convertido en crisis institucional, lo que significa que puede no haber mecanismo interno que resuelva el cada vez más agudo conflicto entre las principales corrientes.
En otra circunstancia, o en otro partido, el grave problema podría ser resuelto por la justicia electoral, a la que ya acudieron, en diferentes momentos, los dos candidatos que disputan la presidencia, pero existe el riesgo de que sus decisiones no fueran acatadas y el 22 de abril, concluido el periodo para el que fueron elegidos Leonel Cota y Guadalupe Naranjo, ese partido quedara acéfalo y en estado de anomia.
Era anticipable la cerrada competencia que habría entre Alejandro Encinas, de Izquierda unida, y Jesús Ortega, de Nueva Izquierda.
También era esperable que algunos de sus partidarios, sin escrúpulo alguno, echaran mano de toda suerte de añagazas para forzar los resultados.
Pero las expectativas fueron ampliamente superadas por la naturaleza de las tretas,  por la división en dos mitades de la militancia participante,  y por el activismo de los delegados encargados del cómputo, que llegaron a las manos en más de una sesión.
Por esos motivos, contar los votos pasó de ser un simple trámite aritmético a un complicado problema político. Fue imposible, en consecuencia, realizar los cómputos estatales el miércoles siguiente al 16 de marzo, en que se desarrolló la jornada electoral, y hacer la suma nacional el 30 de ese mes.
A partir de entonces, cayeron uno a uno los plazos que como promesa, esperanza u obligación se fijaron para dar por concluido el proceso.
La responsabilidad del conteo estaba a cargo de la Comisión Técnico Electoral, que sin embargo carecía de las posibilidades materiales y políticas para realizarlo a cabalidad. Hizo lo que pudo, al extremo de concentrar en la ciudad de México los cómputos de entidades donde los imposibilitó la evidencia de trampas y los enfrentamientos de los encargados de contar los votos.
Pero ese traslado no implicó disminución de las tensiones que lastraban la operación. Fatigada por la incapacidad del órgano tripartito al que pertenecía para cumplir su encomienda, renunció a su cargo Graciela Sánchez Mota.
La Comisión pudo seguir trabajando unas horas más, porque esa dimisión no invalidó los acuerdos adoptados por los dos integrantes que perseveraron en su trabajo, el periodista mexiquense Edmundo Cansino (que fue consejero en el Instituto Electoral de su entidad) y  el Senador Arturo Núñez, antaño director del Instituto federal electoral.
Acordaron, sin embargo, ante la parálisis en las cuentas y las presiones de los candidatos y aún dos órganos del partido (la Comisión de Garantías y Vigilancia y el Consejo Nacional) forzar las cosas y declarar cerrado el cómputo nacional con resultados de 23 entidades.
Quedaron pendientes los de Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, México, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. No es que, como a veces se entiende, no se hubiera contado ningún voto en esas entidades. Lo sucedido es que en ellas no se completó la revisión de las casillas.
A instancias de Alejandro Encinas, la Comisión de Garantías anticipó su participación en el proceso. Creada para resolver litigios, esta vez la Comisión generó uno nuevo.
Admitió en principio un argumento del propio Encinas y aceptó apartar las casillas controvertidas, lo que fue objetado por Ortega, quien alegó que la norma perredista no admite esa clasificación y aun acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para enmendar eso que consideró una decisión sesgada a favor de Encinas.
A éste le asistía la razón, pues no es admisible contar votos que se depositaron en casillas que ¡no se instalaron! o en mesas donde hubo notoriamente más votos que votantes. Contar esas papeletas y después anularlas habría significado bendecir las tretas de que nacieron esos votos.
La postura de Nueva Izquierda a favor de incluirlos en el recuento es en cierto modo una autoincriminación pues en las casillas respectivas puede estar la clave de su alegado triunfo.
Él proceso está hoy a cargo de la Comisión de Garantías. Se ha buscado minar su credibilidad. Una de sus tres integrantes, Dolores de Los Ángeles Narejo, difundió la especie de que hay instrucciones (no dijo provenientes de dónde) para hacer ganar a Encinas a como haya lugar. La desmintieron todas las personas que presuntamente habrían escuchado esa consigna.
Por lo demás y hasta ahora, los únicos datos oficiales, pero no definitivos, anuncian que el ex Jefe de Gobierno ganó la elección (sin duda por el apoyo recibido de su antecesor).
Los conteos rápidos del 16 de marzo coincidieron en situarlo en esa posición, con 49.4 por ciento contra 44.6, según Consulta Mitovsky, y 50.7 contra 42. 3, según el Instituto de Mercadotecnia y Opinión. En los 23 estados en que se contaron los votos Encinas obtuvo 131 mil 184 votos contra 118 mil 243 de Ortega.
Si con base en la suspicacia artificialmente creada respecto de la Comisión se desacatan sus resoluciones y se busca que el Consejo Nacional entre más francamente al proceso, sus decisiones serán cuestionadas por los partidarios de Encinas.
Contra sus compromisos, las partes tendrían que llevar su caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, malquisto en el PRD por haber calificado la elección a favor de Felipe Calderón.