"Tuvieron que exhibirse las escenas en las televisoras y morir dos agentes de la Policía Federal Preventiva para que surgiera un grito desesperado de poner un alto a los linchamientos de las turbas en México. Los acontecimientos son muy lamentable"

Melissa Sánchez

Tláhuac no es el único caso Tuvieron que exhibirse las escenas en las televisoras y morir dos agentes de la Policía Federal Preventiva para que surgiera un grito desesperado de poner un alto a los linchamientos de las turbas en México. Los acontecimientos son muy lamentables, obligan a una seria reflexión sobre las causas de los mismos y hacen impostergable la estricta aplicación de la ley. Sin embargo, es justo reconocer que las únicas dos diferencias con eventos similares en el pasado es que el martes 23 de noviembre los linchados fueron policías federales y que su ejecución fue transmitida en vivo por los medios de comunicación masiva. Nuevamente la imagen televisiva sacudió las conciencias que los asesinatos de muchos otros mexicanos no pudieron despertar. Llama la atención que en gran parte el debate público en estos momentos gire en torno a las responsabilidades de las distintas autoridades en los eventos que segaron la vida de dos personas y tienen gravemente herida a otra; mientras no se analizan las razones que subyacen en lo repetitivo y extendido del fenómeno. Obviamente hay razones de tipo socioeconómico que tienen raíces profundas y cuya solución es de largo plazo; pero hay una muy elemental y fundamental: la ausencia de Estado de derecho. Cuando el pueblo pretende hacerse justicia por su propia mano es evidente que hay una terrible crisis de autoridad; pero ésta se agudiza si no se sancionan estos actos. Y eso justamente es lo que sucedió en nuestro país y vale la pena ser enfático: no es sólo Tláhuac ni el Distrito Federal. Hechos similares, también con perdidas de vidas humanas, se han sucedido en varios estados de la República Mexicana: Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y muchos más, conforme a los recuentos que han hecho los distintos medios de comunicación en los últimos días. Ciertamente, en el Distrito Federal, particularmente en la zona sur: Tlalpan, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y la misma Tláhuac, habían sido escenario de actos de barbarie en el pasado, sin embargo, nada se había hecho para evitarlos. La práctica es tan común que los ciudadanos lo advertían abiertamente y ya tienen formas de convocarse de emergencia. En Santa Rosa Xochiac, en la Delegación Álvaro Obregón, hay mantas desplegadas en las calles que advierten: "Toda agresión a alguno de nosotros lo pagarás al doble: piénsalo". En San Lorenzo Tlacoyuca, Delegación Milpa Alta, las campanas de la iglesia repicaron para convocar a la gente a la plaza para linchar a un hombre que intentó robarse un reproductor de DVD y una grabadora de la Casa de la Cultura del pueblo. Pero así se pueden reconstruir varias docenas de precedentes, que lo único que demuestran es que la ciudadanía harta de la delincuencia y la incapacidad, complicidad o tolerancia de la autoridad decide tomar la justicia por su cuenta. La impunidad de la que gozan los delincuentes es tal que en noviembre del año 2003 los comerciantes del Centro Histórico de la misma Ciudad de México, decidieron poner un alto a los abusos y violencia de un sujeto que tras despojarlos de sus artículos, cínicamente los comercializaba en otro puesto ubicado a unas cuantas calles de donde cometía sus latrocinios, sin que hubiese autoridad que le pusiera un alto. Obviamente, el hacerse justicia por su propia mano implicó intentar su linchamiento, del que fue rescatado por policías de la ciudad. Tan condenable es lo primero como lo segundo, es decir, obviamente que no hay ninguna justificación para los actos de barbarie de una turba histérica y que sus acciones deben ser sancionadas con todo el peso de la ley; pero tampoco puede pedirse a una comunidad que se resigne a vivir eternamente bajo el imperio de la delincuencia. De acuerdo a la información disponible en el caso que nos ocupa los agentes policíacos realizaban una labor de inteligencia, pero también parece innegable que en la comunidad de San Juan Ixtayopan la delincuencia había sentado sus reales y tanto el narcotráfico como el secuestro de menores eran hechos frecuentes. Por si esto fuera poco, de acuerdo los medios de comunicación, los pobladores ya habían reportado la presencia de tres individuos sospechosos, sin que hubiese una respuesta satisfactoria de ninguna autoridad. Hay que dejarlo muy claro: los linchamientos no son el origen del problema, son una consecuencia, desde luego, reprobable, condenable y sancionable, de la incapacidad de las autoridades para procurar e impartir justicia. El asunto no puede limitarse a encontrar los responsables de los sucesos de Tláhuac y, especialmente, a quienes por negligencia permitieron el linchamiento de dos policías. Lo de Tláhuac no debe soslayarse ni olvidarse: debe haber castigo para los criminales, entiéndase quienes azuzaron a la turba y los que materialmente ejecutaron a los policías; igualmente en las investigaciones se deben incluir a todas las autoridades involucradas, pues es obvio que hubo una gran torpeza, por decir lo menos, en la actuación de los cuerpos policíacos. Pero sería desastroso el ver sólo el árbol, hay que ver el bosque. La solución al problema no estriba simplemente en enjuiciar a los directamente involucrados en el linchamiento del martes 23 de noviembre. La solución requiere en una primera instancia de reabrir todos los casos de linchamiento que se tengan documentados hasta el momento; en revisar minuciosamente los sistemas de seguridad y de procuración e impartición de justicia, pues hay que sancionar a quienes pretenden hacerse justicia por su propia mano, pero hay que garantizarles que existe una estructura institucional capaz de brindarles plena seguridad. Para evitar la ley de la selva, la sobrevivencia del más fuerte, se requiere instaurar el imperio del estado de derecho; esa es la responsabilidad más elemental del gobierno. Obviamente, esto es simplemente el inicio de un largo camino que hay que recorrer, pues junto con estas medidas inmediatas urge iniciar el combate a las verdaderas causas de los males que nos aquejan, que tienen que ver con la situación económica y social del país. Urge en paralelo la aplicación de políticas públicas que permitan mitigar la pobreza extrema, mejorar la distribución del ingreso, impulsar la educación y, muy especialmente, promover una cultura política democrática. Mención aparte merecen los medios de comunicación masiva. En este caso la difusión de las imágenes fue uno de los elementos que más contribuyó a la toma de conciencia, sin embargo, vale la pena reflexionar sobre su papel en el México actual, pues es impactante ver como los periodistas captan las imágenes y realizan entrevistas mientras los sujetos son vapuleados, sin hacer nada por evitar el linchamiento. (Quizá sea mucho pedirles a quienes no tienen ninguna responsabilidad pública, cuando incluso la delegada de Tláhuac, Fátima Mena, se retiró tranquilamente del lugar mientras el linchamiento continuaba). Igualmente, resulta interesante debatir sobre el papel de reflexión y análisis que deben desarrollar los medios de comunicación, pues hasta hoy se han limitado fundamentalmente a cuestionar las negligentes actuaciones de las policías involucradas, pero en función de ese hecho y no de la responsabilidad histórica de dichas corporaciones. En fin, es muy lamentable que se requiriese la muerte de dos policías y la transmisión de las imágenes de su linchamiento para que se tomara conciencia de un fenómeno, que precisamente por no ser aislado es preocupante, pero más lamentable sería que todo se pretendiese reducir a la solución de este caso. La alarma está encendida; se requiere atenderla.