"Washington actualizó la lista de los narcotraficantes que reclama. Según datos de la Procuraduría General de la República, el listado suma cerca de 50 miembros de la delincuencia organizada que tienen cuentas pendientes con la justicia estadoun"

IONSA ESPECIAL

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera que la cadena perpetua ya no es impedimento para frenar las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, varios de ellos empezaron a explorar nuevas rutas legales para evitar que los jueces federales concedan las extradiciones que el Presidente Vicente Fox ofreció al Gobierno estadounidense.
En sus nuevos recursos de amparo y en otras alternativas legales que han interpuesto en los tribunales, los defensores de las personas reclamadas alegan que la resolución de la Corte es inconstitucional, pues al resolver la jurisprudencia sobre la cadena perpetua, la cual es de observancia obligatoria, la Corte pasó por alto que el Artículo 22 de la Constitución establece la prohibición de esa pena, lo cual, según los litigantes consultados, constituye una contradicción jurídica.
A raíz de la determinación de la SCJN, emitida en septiembre del 2005, tanto el Presidente Fox como el Gobierno estadounidense celebraron el hecho de que ahora sí habrá facilidades legales para enviar a Estados Unidos por lo menos a unos 50 miembros de la delincuencia organizada que son requeridos por ese país desde hace varios años y que enfrentan juicios en vías de resolución, pues la mayoría de los reclamados tramitó amparos contra la solicitud de extradición.
"La decisión de la Suprema Corte de México es una victoria para el sistema de justicia de Estados Unidos, así como para las víctimas estadounidenses y los familiares", declaró en Estados Unidos el congresista republicano Bob Beauprez.
El Presidente mexicano, a su vez, dijo que ya no había pretextos para impedir las extradiciones, y ofreció enviar a Estados Unidos a todos los delincuentes que tengan pendientes con la justicia estadounidense.
En el 2001, la SCJN había puesto candados a las extradiciones. Es decir, no las preveía si Estados Unidos no se comprometía, como parte solicitante, a no aplicar la cadena perpetua o de muerte. Ante la falta de garantías en este sentido por parte de Washington, la mayoría de los juicios de extradición que implicaban a importantes capos del narcotráfico se perdía en los juzgados de distrito, lo cual empezó a preocupar a las autoridades estadounidenses.
Pero tan pronto la propia Suprema Corte modificó su criterio, con base en una decisión que es vista por abogados consultados "como política y una muestra de las presiones de Estados Unidos hacia México", Washington actualizó la lista de los narcotraficantes que reclama. Según datos de la Procuraduría General de la República, el listado suma cerca de 50 miembros de la delincuencia organizada que tienen cuentas pendientes con la justicia estadounidense.
Al menos 15 de los casos están en el orden de prioridades y sólo se espera que los jueces emitan sus fallos sobre los amparos interpuestos.

Los capos solicitados
La lista que afina la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR incluye los siguientes nombres: Mario Villanueva Madrid, ex Gobernador de Quintana Roo, quien fue acusado de tener vínculos con el cártel de Juárez y de facilitar sus operaciones en la Península de Yucatán.
Albino Quintero Meraz, ex operador de Amado Carrillo, desde Veracruz también servía a Osiel Cárdenas, y quien fue una pieza clave en la consolidación de la llamada "célula" del cártel de Juárez en Quintana Roo.
Además de Don Beto, Estados Unidos también pide la extradición de Alcides Ramón Magaña, "El Metro", ex agente de la extinta Policía Judicial Federal y uno de los hombres de mayor confianza que tuvo Carrillo Fuentes.
Socios de los anteriores, Gilberto Garza García, "El Güero" Gil, acusado de introducir grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos para el cártel de Juárez, con el apoyo de Villanueva Madrid, también es reclamado por ese país.
Otros de los capos que, a juicio de la justicia estadounidense, debe rendir cuentas, son Gilberto García Mena, "El June" y su ex jefe en el cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.
El listado oficial incluye al ex líder del cártel del Milenio, Armando Valencia Cornelio, y a su ex empleado, Carlos Rosales, "El Carlitos" o "El Tísico", quien después de haber sido uno de los sicarios más importantes de esta banda criminal, terminó sirviendo a los intereses de Cárdenas Guillén desde Michoacán.
La justicia estadounidense solicita además la extradición de Héctor Palma Salazar, ex líder del cártel de Sinaloa, ex socio de Joaquín Guzmán Loera y ex lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo, este último también forma parte de la lista.
Palma ya logró quedar absuelto de todos los cargos que se le imputaron. Cuando estaba a punto de recobrar su libertad, en 2004, Estados Unidos solicitó su aprehensión con fines de extradición, por lo que el capo no pudo abandonar el penal de Puente Grande, en Jalisco.
No obstante que compurgaba una larga pena, primero en Almoloya de Juárez y luego en Puente Grande, Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", y algunos de sus cómplices también están anotados en la lista de extraditables.
De ser reaprehendido, Guzmán Loera tendría que cumplir con la pena que tenía impuesta, más otros cargos que presuntamente prepara la PGR. Luego de esto podría ser extraditado.
Junto con "El Chapo", igualmente figura en la lista uno de sus principales operadores: Felipe de Jesús Corona.
De la misma manera, en Estados Unidos hay expedientes abiertos contra Rigoberto Gaxiola Medina, miembro del cártel de Juárez y quien rivalizó en el liderazgo de esa organización contra otros extraditables: Vicente Carrillo Fuentes y Juan José Esparragoza, "El Azul".
Washington también formalizó la solicitud de extradición de Javier Torres Félix, "El JT", quien fuera uno de los más violentos gatilleros de Ismael "El Mayo" Zambada, cabecilla del cártel de Sinaloa.
Otro grupo relevante de narcotraficantes lo conforman sujetos como Juan José Álvarez Tostado, lavador de dinero de varias organizaciones criminales y que estaba en la mira dentro de la Operación Casablanca.

Batalla legal
A pesar de la resolución de la SCJN, que prácticamente pone en territorio estadounidense a los más importantes capos mexicanos, abogados postulantes y expertos en derecho internacional consultados por Proceso aseguran que, si bien la Corte quitó uno de los candados que había contra las extradiciones, éstas no serán fáciles, pues aún hay inconsistencias tanto en la ley como en el tratado en la materia entre Estados Unidos y México.
"Hay defensa. No todo está perdido y tengo la certeza de que muchos casos, incluso los que el propio gobierno ya comprometió, se van a ganar en México si el Poder Judicial actúa conforme a derecho y no con base en un criterio político", sostiene Américo Delgado de la Peña, quien ha ganado 22 juicios relacionados con extradiciones.
Uno de los clientes de este abogado es Francisco Rafael Arellano Félix. El hermano de Benjamín y de Ramón Arellano ya no tiene delitos pendientes con la justicia mexicana, pues fue absuelto de todos los cargos.
Sólo espera que un tribunal de alzada resuelva si es o no extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta una acusación por posesión y tráfico de 65 gramos de cocaína, droga que le fue descubierta en 1980 en San Diego, California.