"Ya no tiene caso lanzar improperios antitelevisivos, pues sólo se perdió una batalla, no la guerra; y a partir de septiembre, cuando se renueve el Congreso de la Unión, quienes así lo quieran, pueden comenzar la revancha."

SUGEY ESTRADA / JESÚS LÓPEZ / HUGO GÓMEZ

No es para siempre

Con la novedad de que el jueves ganó la telecracia y, por eso, algunos de quienes por meses se opusieron, con tambos de tinta y toneladas de papel, incluso, hasta electromagnéticamente, a que se reformara la legislación que regula las emisiones radiofónicas y televisivas, ahora están haciendo un tormentón en un vasito de agua.
Lo anterior se dice no porque lo de las telecomunicaciones, radio, TV, telefonía, Internet y otros redituables negocios afines, sean un asunto menor, sino porque buena parte de los derrotados en esta confrontación, que llegó a su parte más crucial el jueves pasado, asume que ya es para siempre la victoria de un poderoso grupo empresarial televisivo.
Desde luego, con estas apreciaciones de varios comentaristas, no se trata de justificar o defender a quienes, supuestamente, de manera habilidosa utilizaron los tentáculos de su poder económico para asegurar el control mayoritario del más jugoso negocio del presente y del futuro, sino de analizar un hecho en el cual se hizo política con la finalidad de reformar o no la Ley Federal de Radio y Televisión y otros ordenamientos legales afines.
Así, tenemos que las fuerzas políticas y económicas involucradas en este episodio se enfrentaron con furia buscando ganar, lo cual significó que, al final, hubo quienes perdieron y otros que triunfaron, aunque es necesario precisar que, aun cuando lo disputado haya pasado por el tamiz de una reforma legislativa, hecha por los órganos facultados para ello, no es un triunfo definitivo, sino un mero posicionamiento de los beneficiados, pues todavía hay recursos del más alto nivel que pueden anteponerse ante la Suprema Corte de Justicia.
Dicho de otra manera, quienes se inclinaron por el uso primordialmente social, sin excluir al sector privado, del espacio territorial y de las teletecnologías, considerando que el espacio nacional es soberano inalienable e imprescriptible, han perdido una batalla pero no la guerra, lo cual queda claro para quienes saben mover las piezas del ajedrez de la política, pero no parece ocurrir así con quienes, metidos o no en un protagonismo que debería aclararse en otro momento, se han echado cenizas en la cabeza e imploran que el ciberespacio castigue a quienes los agraviaron y también, según sus dichos, dañaron a la nación mexicana.

Prietotes en el arroz
Podrá estarse de acuerdo o en contra de lo que ha sucedido, y temer o no por el devenir de la industria de la radio y la televisión, cuyo futuro es y tiene que ser promisorio, pero no puede negarse que la pelea, salvo unos habilidosos madruguetes y ciertos prietotes en el arroz, se hizo con reglas conocidas que, hasta donde se vio, pese a cabildeos y denuncias de arreglos, sin pruebas, en las sombras, no rebasaron los procedimientos legales.
Por lo mismo, no ocurrió nada nuevo y ajeno a cualquier otro enfrentamiento por los insumos escasos, como dicen los politólogos que aplican las teorías sistémicas, pues los mexicanos fuimos testigos de que por consolidar el dominio o por entrar al nicho del negocio de las telecomunicaciones, cada fuerza política aliada o vinculada directa o indirectamente a grupos empresariales, interesada u opuesta a la reforma legislativa aquí referida, desde fines del año pasado, movió sus hilos y resortes parlamentarios y extraparlamentarios (como los agresivos grupos de manifestantes afuera del Senado), y finalmente sucedió lo que vimos que ocurrió el jueves pasado: hubo reformas en el ámbito de las telecomunicaciones.
Sin embargo, esto no quiere decir que, en automático, se aplaudan los medios utilizados y los resultados que tuvo la disputa por el ciberespacio; esto depende de la posición de cada quien, pero sin perder de vista que, desde la óptica política, tuvo lugar una pelea de elefantes, o de mastodontes, por lo del tamaño y lo prehistórico, en la que casi nada importaron los televidentes, radioescuchas y usuarios de otros medios electrónicos de comunicación, como la telefonía e Internet, que en este zafarrancho no tuvieron ni voz ni voto.

Apenas es adolescente
Lo anterior significa que ante el saldo que arrojó una contienda legislativa, de las muchas que acompañarán a la irreversible transformación democrática de nuestro país y la efectiva división de poderes, que apenas anda en la adolescencia, lo que ahora procede, por parte de los derrotados, es levantar el campo de batalla y hacer el recuento de daños y perjuicio, para de inmediato planear cuáles son las estrategias y tácticas a seguir.
Es decir, desde la perspectiva legislativa, ni los que perdieron ya no tienen nada que hacer, ni los que vencieron, ganaron para siempre; esto sólo sucedería en los sistemas dictatoriales, siempre y cuando duraran por siglos y milenios, lo cual, aunque muchos lo desean, es imposible, como lo señalan los especialistas, que ponen como ejemplo al régimen priista, que penas si rebasó los 70 años, o el soviético, que no duró tanto como el tricolor.
También, como prueba de que la tendencia de la humanidad es buscar la libertad y sacudirse los autoritarismos y las plutocracias, los estudiosos hacen referencia a las dictaduras fascistas implantadas por sátrapas del corte de Adolfo Hitler y Benito Mussolini, que con todo y su poderío ahora descansan en el basurero de la historia.

Van a acudir a la Corte
Consecuentemente, como ayer pudimos leerlo en la nota que publicó Noroeste, los senadores que se opusieron a las reformas de las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones tomaron una decisión correcta e institucional al buscar que dichas reformas se cancelen mediante un recurso de inconstitucionalidad que se presentarán, si finalmente lo hacen, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así lo anunció el Senador Felipe de Jesús Vicencio, quien dijo que el grupo contactará, en los próximos días, a otros senadores que apoyaron la reforma bajo el engaño de que se aprobaría una iniciativa "paralela" con las correcciones que el Senado se negó a incluir.
El Senador Vicencio hizo notar que muchos senadores aprobaron los cambios porque se les dijo que el mismo jueves se votaría otra iniciativa que contendría las omisiones y correcciones que necesitaba la reforma, pero que no fueron incluidas para evitar que la primer iniciativa fuera devuelta a la Cámara de Diputados.
También, reportó este diario, en la Cámara de Diputados se estaría conformando un grupo impulsor de un recurso de inconstitucionalidad, pues de acuerdo con su presidenta, Marcela González Salas, el lunes iniciarán pláticas los coordinadores parlamentarios para buscar las 166 firmas que se requieren como mínimo, las cuales serán aportadas por legisladores del PRI; del PAN, PRD, PT y Convergencia.

Técnica parlamentaria
De acuerdo a lo previsto en la Constitución y la técnica parlamentaria, se requieren al menos 43 senadores (de un total de 128) ó 166 diputados (de un total de 500) para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte.
En caso de contar con los suficientes apoyos, el grupo que impugne la controvertida reforma tendría que presentar ese recurso dentro de los 30 días naturales siguientes a que se publiquen, por el Poder Ejecutivo, en el Diario Oficial de la Federación, las mencionadas reformas que fueron aprobadas con 81 votos a favor, emitidos por senadores del PRI, PAN y PVEM.
En dicho sentido, el coordinador de los diputados de la CNC, el priista Luis Ramírez Pineda, dijo que los 60 legisladores de ese grupo analizarán el planteamiento y quedarán en libertad de apoyar o no el recurso de inconstitucionalidad.

Muchas manos negras
Quienes perdieron la batalla en los recintos parlamentarios, aunque los más radicales pudieron darle una felpa al Senador Diego Fernández de Cevallos en quien descargaron sus iras, no quitan el dedo de la inconstitucionalidad porque consideran que en todo esto hubo muchas manos negras.
A esto de las manos tenebrosas hicieron alusión especialistas como Raúl Trejo Delarbre (Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM), Ricardo Raphael de la Madrid, especialista del CIDE; Fátima Fernández Christlieb, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; y Javier Esteinou Madrid de la UAM, quienes lamentaron que las empresas televisoras hayan "influido en la mayoría de los senadores para aprobar, en lo general, las reformas a la ley de medios".
Según ellos, lo anterior quedó demostrado con la actuación de los legisladores que sin argumentos válidos defendieron las reformas; Raúl Trejo Delarbre, aseguró que se confirmó el poder de las empresas mediáticas que subordinaron al poder político; sostuvo que el poder de Televisa es tan fuerte que persuadió y doblegó a 81 senadores que pensaron que con el poder mediático se pueden ganar las campañas electorales.
Ricardo Raphael de la Madrid advirtió que las reformas fueron aprobadas con argumentos de "baja calidad" debido a la presión desmedida que ejercieron las televisoras; "los que subieron a tribuna lo hicieron con cobardía", recalcó.
Javier Esteinou Madrid indicó que sí hubo negociaciones entre las televisoras y los legisladores pero en un "ambiente discreto", mientras que Fátima Fernández Christlieb advirtió que fue obvia la intención de algunos legisladores por aprobar la ley idéntica a como llegó y consideró como "burda" la "minuta paralela" porque no correspondió a la tarea que debió haber hecho el Senado como cámara revisora.

Solución de conflictos
De entre de lo que todavía puede hacerse para impedir que los cambios aquí comentados sean promulgados y tengan efectos constitucionales, los estrategas en solución de conflictos políticos recomiendan pedirle al Presidente Vicente Fox Quesada que aplique el veto de bolsillo y no publique la minuta con la reforma que le envíe el Congreso de la Unión, o que de plano la regrese al Senado objetando su desacuerdo con los contenidos del documento y solicitando determinados cambios, que los legisladores podrían rechazar y no, para, cumplidas las formalidades, reenviarla al Ejecutivo para que sea promulgada.
En cualquiera de los casos, correrían los tiempos y el calendario marcaría el fin de la actual Legislatura en las dos cámaras, de tal suerte que el asunto le tocaría resolverlo a los nuevos diputados y senadores que apenas serán electos el 2 de julio próximo y nadie sabe a estas alturas cuál será la composición que vaya a tener el nuevo Congreso de la Unión, cuya mayoría absoluta puede quedar en manos del PRD, o repartirse en tercios entre los partidos mexicanos más poderosos.
Independientemente de quién tenga el control bicameral del Congreso, en unos cuantos meses más, lo cierto es que para cuando el Presidente hiciera llegar las reformas vetadas, habrá cambiado la correlación de las fuerzas políticas, con lo cual, los cambios se quedarían en el papel y dormiría el sueño de los justos por un buen tiempo.
Ahora que podría ocurrir lo contrario, que la nueva composición legislativa apoyara las reformas y éstas, al librar todas las aduanas, pasaran a ser mandato de ley y, por lo mismo, su observancia ya tendría que ser obligatoria.

Buena idea lo del veto
Como proyecto, lo del veto presidencial no suena mal, pero depende cien por ciento en que el Presidente Fox estuviera de acuerdo en apagar la lumbre que produjo la ebullición de las reformas multicitadas; pero da la casualidad que al guanajuatense no parece preocuparle lo que dirán, ni que lo acusen de ser uno de los que están atrás de los cambios para, así lo dicen, favorecer, sobre todo, a Televisa y Televisión Azteca.
Ya VFQ había dicho anteayer viernes que festejaba la autonomía legislativa que permitió aprobar las reformas a la Ley de Radio y TV y a la de Telecomunicaciones; celebro, dijo, que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, hayan ejercido su autonomía, su libertad, hayan discutido y hayan aprobado una más de muchas leyes que se legislan en nuestro País.
Para evitar malos entendidos, Fox indicó que la posición definitiva del Gobierno la daría a conocer Gobernación, pero Segob, como para que ahí todos se vieran más bonitos, prefirió guardar silencio, y, esperando que los ánimos se serenaran, no informó cuando dará a conocer su postura.
Ya desde el pasado jueves VFQ había dicho que estaba por decidir si vetaba o no las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, lo cual estaba sujeto a que el Senado le entregara su resolución al respecto.
Al terminar la reciente cumbre de Cancún, Fox se limitó a decir ya veremos, ya veremos, al responder un cuestionamiento expreso; pero, por el tono y el intento de batear la pregunta, los analistas entendieron que el Presidente no sería quien echara atrás los cambios largamente requeridos por los concesionarios radiofónicos y televisivos; demanda que habían llegado al momento de la verdad, pues se hacía ahora o ya nunca.

Puntilla legislativa
La puntilla a la posibilidad de que hubiera un veto a las reformas referidas estuvo a cargo del vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Heliodoro Díaz Escárraga, quien consideró que sería contradictorio y un retroceso pedir al presidente de la República que vete la Ley de Radio y Televisión o promover un recurso de inconstitucionalidad.
Esto lo dijo el legislador priista luego de que la presidenta de la Mesa Directiva de la misma Cámara, Marcela González Salas, solicitó al Ejecutivo que vetara dicha ley; Díaz Escárraga sostuvo que el voto de los diputados para aprobarla fue consciente y nadie puede argumentar que no leyó el dictamen correspondiente y "menos aún quienes hicimos la ley".
De esta manera, sostienen los analistas, sin ser chachalaca, se calló al coordinador de los diputados perredistas, Pablo Gómez, quien olímpicamente confesó que él, sin leer de qué se trataba, mandó a sus correligionarios (entre los cuales estaba la mencionada Marcela Salas) a que aprobaran la iniciativa, que ahora repudian.
Pero ya no tiene caso lanzar improperios antitelevisivos, pues sólo se perdió una batalla, no la guerra; y a partir de septiembre próximo, cuando se renueve el Congreso de la Unión, quienes así lo quieran, pueden comenzar la revancha.
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Foto:
PIE DE FOTO1:
De acuerdo a lo previsto en la Constitución y la técnica parlamentaria, se requieren al menos 43 senadores (de un total de 128) ó 166 diputados (de un total de 500) para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Nación.
PIE DE FOTO2:
Desde la perspectiva legislativa, en cuanto a la aprobación en lo general de la llamada "Ley Televisa", ni los que perdieron ya no tienen nada que hacer, ni los que vencieron, ganaron para siempre; esto sólo sucedería en los sistemas dictatoriales.