Dicen que en la capital sinaloense la presencia de los militares aporta una cierta tranquilidad visual, pero la realidad, según la Iniciativa Privada, es que se trata de una mera ilusión de seguridad.

Resulta que tenemos las calles llenas de uniformes verdes, pero si a usted le llegan a tumbar el carro frente a ellos, pues lástima porque su formación jurídica no les permite actuar como los estatales o municipales en estos casos.

Básicamente, están ahí para otras cosas, pero legalmente maniatados para corretear a los robacarros.

¿Y la Policía? Bien, gracias. El diagnóstico de Marta Reyes, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, es que no hay suficientes policías porque los están matando, están renunciando o de plano están escondidos.

Ante este vacío, la delincuencia siente que tiene permiso sin decirles, porque no ven una figura de autoridad que realmente los procese y los lleve ante la justicia. Mientras no haya quién ejerza el castigo, el delincuente se siente en su casa.

La exigencia del sector empresarial es clara, urge meterle acelerador a la reconstrucción de las policías estatal y municipal.

Ya no basta con operativos que solo sirven para mimetizarse en el tráfico, se necesita gente capacitada para atender delitos que no solo quitan un bien material, sino que le roban la tranquilidad a toda la familia.

Porque un robo de auto es una bomba expansiva y el miedo le llega a la esposa, al primo y al vecino, sobre todo cuando ocurre a plena luz del día, yendo por los hijos a la escuela o saliendo de un desayuno.

Y para acabarla de amolar, el famoso C4 sigue quedando a deber, ya que las cámaras parecen estar de adorno porque no han funcionado para darle seguimiento a los delincuentes, quienes con un simple cambio de camiseta se esfuman en la dinámica diaria de la ciudad.

El resultado son impactos millonarios, seguros por las nubes y una inversión que mejor prefiere dar la vuelta.

Lo más triste es que ya caímos en la normalización, porque la gente sale de noche o va a eventos no porque se sienta segura, sino porque ya se acostumbró a vivir con el Jesús en la boca.

Mientras la autoridad no se decida a tropicalizar el papel de las fuerzas federales o a revivir a las policías locales, seguiremos viendo desfilar soldados mientras los carros siguen cambiando de dueño sin que nadie mueva un dedo.

Hay políticas públicas que parecen diseñadas para resolver percepciones, como la estrategia del Gobierno de Sinaloa para promover la licencia de conducir permanente, lanzada desde el 17 de marzo.

En el discurso oficial, la medida busca simplificar trámites y aliviar la carga burocrática de tener que renovar el documento cada cierto tiempo. Sobre el papel, suena lógico: menos filas, menos pagos recurrentes, menos desgaste para el ciudadano. Pero cuando se observa el despliegue de la campaña, constante, insistente y ahora incluso vinculada a promociones con empresas privadas, surge una pregunta incómoda: ¿esto es realmente una política de simplificación administrativa o una estrategia de posicionamiento político?

Porque el problema no es la licencia permanente en sí. De hecho, nos parece una medida positiva si está bien implementada y acompañada de controles adecuados. El problema es el énfasis desproporcionado que se le ha dado, en un contexto donde el estado enfrenta retos mucho más graves y urgentes en materia de seguridad, salud, infraestructura y servicios públicos.

Convertir un trámite en una campaña omnipresente, con beneficios comerciales incluidos, revela una lógica distinta.

Presentar la licencia para obtener descuentos o promociones incentiva su adopción y también la convierte en un símbolo, una credencial asociada a un gobierno específico.

Ahí es donde la política pública se cruza con la mercadotecnia.

La alianza con empresas privadas refuerza esta percepción. No es común que un documento oficial se vincule directamente con dinámicas comerciales de esta manera. Y aunque puede argumentarse como un ganar-ganar, beneficios para ciudadanos y negocios, también abre la puerta a una pregunta obvia:

¿Se busca facilitar la vida del ciudadano o posicionar una marca gubernamental?

A lo mejor nos andamos equivocando y en el fondo hay más de intención recaudadora que de estrategia de marketing. Pero bueno, una licencia permanente no debería ser más que eso: un documento necesario y útil.

El robo y despojo a mano armada de motocicletas en Mazatlán es un delito imparable, que las autoridades de seguridad no han podido frenar.

La mayoría de los afectados son trabajadores que optaron por comprar estos vehículos para ahorrar recursos ante el incremento de las tarifas de los camiones urbanos.

Y la mayoría de los despojos violentos se han registrado a la luz de día, en los cruceros e incluso siguen a las víctimas hasta su domicilio, como sucedió y fue expuesto un video en redes sociales de un caso en la colonia Ampliación Esperanza.

Incluso la víctima más reciente fue una pareja joven originaria de Durango que fue despojada a mano armada de su motocicleta cuando llegaron al puerto para participar en la Semana de la Moto 2026.

Y algunos puntos de “focos rojos” de escondite de motos robadas son el Infonavit El Conchi, Infonavit Jabalíes y Santa Fe, donde en días recientes las autoridades de seguridad han recuperado seis de estas unidades y han detenido a cuatro personas.

Pero claro, estos casos son apenas tres casos de una gran infinidad de estos delitos en Mazatlán.

Ojalá y los pupilos de Jaime Othoniel Barrón Valdez, el Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán que no ha podido con la seguridad en el puerto, se pongan las pilas y erradiquen de verdad este delito.

¡FOUL!... El Diputado Serapio Vargas encadenado en el pleno, pidiendo que se incluya la palabra Gobernadora en la Constitución, cuando hace años fue denunciado por violencia política de género.

Dicen que en la capital sinaloense la presencia de los militares aporta una cierta tranquilidad visual, pero la realidad, según la Iniciativa Privada, es que se trata de una mera ilusión de seguridad.

Resulta que tenemos las calles llenas de uniformes verdes, pero si a usted le llegan a tumbar el carro frente a ellos, pues lástima porque su formación jurídica no les permite actuar como los estatales o municipales en estos casos.

Básicamente, están ahí para otras cosas, pero legalmente maniatados para corretear a los robacarros.

¿Y la Policía? Bien, gracias. El diagnóstico de Marta Reyes, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, es que no hay suficientes policías porque los están matando, están renunciando o de plano están escondidos.

Ante este vacío, la delincuencia siente que tiene permiso sin decirles, porque no ven una figura de autoridad que realmente los procese y los lleve ante la justicia. Mientras no haya quién ejerza el castigo, el delincuente se siente en su casa.

La exigencia del sector empresarial es clara, urge meterle acelerador a la reconstrucción de las policías estatal y municipal.

Ya no basta con operativos que solo sirven para mimetizarse en el tráfico, se necesita gente capacitada para atender delitos que no solo quitan un bien material, sino que le roban la tranquilidad a toda la familia.

Porque un robo de auto es una bomba expansiva y el miedo le llega a la esposa, al primo y al vecino, sobre todo cuando ocurre a plena luz del día, yendo por los hijos a la escuela o saliendo de un desayuno.

Y para acabarla de amolar, el famoso C4 sigue quedando a deber, ya que las cámaras parecen estar de adorno porque no han funcionado para darle seguimiento a los delincuentes, quienes con un simple cambio de camiseta se esfuman en la dinámica diaria de la ciudad.

El resultado son impactos millonarios, seguros por las nubes y una inversión que mejor prefiere dar la vuelta.

Lo más triste es que ya caímos en la normalización, porque la gente sale de noche o va a eventos no porque se sienta segura, sino porque ya se acostumbró a vivir con el Jesús en la boca.

Mientras la autoridad no se decida a tropicalizar el papel de las fuerzas federales o a revivir a las policías locales, seguiremos viendo desfilar soldados mientras los carros siguen cambiando de dueño sin que nadie mueva un dedo.

Hay políticas públicas que parecen diseñadas para resolver percepciones, como la estrategia del Gobierno de Sinaloa para promover la licencia de conducir permanente, lanzada desde el 17 de marzo.

En el discurso oficial, la medida busca simplificar trámites y aliviar la carga burocrática de tener que renovar el documento cada cierto tiempo. Sobre el papel, suena lógico: menos filas, menos pagos recurrentes, menos desgaste para el ciudadano. Pero cuando se observa el despliegue de la campaña, constante, insistente y ahora incluso vinculada a promociones con empresas privadas, surge una pregunta incómoda: ¿esto es realmente una política de simplificación administrativa o una estrategia de posicionamiento político?

Porque el problema no es la licencia permanente en sí. De hecho, nos parece una medida positiva si está bien implementada y acompañada de controles adecuados. El problema es el énfasis desproporcionado que se le ha dado, en un contexto donde el estado enfrenta retos mucho más graves y urgentes en materia de seguridad, salud, infraestructura y servicios públicos.

Convertir un trámite en una campaña omnipresente, con beneficios comerciales incluidos, revela una lógica distinta.

Presentar la licencia para obtener descuentos o promociones incentiva su adopción y también la convierte en un símbolo, una credencial asociada a un gobierno específico.

Ahí es donde la política pública se cruza con la mercadotecnia.

La alianza con empresas privadas refuerza esta percepción. No es común que un documento oficial se vincule directamente con dinámicas comerciales de esta manera. Y aunque puede argumentarse como un ganar-ganar, beneficios para ciudadanos y negocios, también abre la puerta a una pregunta obvia:

¿Se busca facilitar la vida del ciudadano o posicionar una marca gubernamental?

A lo mejor nos andamos equivocando y en el fondo hay más de intención recaudadora que de estrategia de marketing. Pero bueno, una licencia permanente no debería ser más que eso: un documento necesario y útil.

El robo y despojo a mano armada de motocicletas en Mazatlán es un delito imparable, que las autoridades de seguridad no han podido frenar.

La mayoría de los afectados son trabajadores que optaron por comprar estos vehículos para ahorrar recursos ante el incremento de las tarifas de los camiones urbanos.

Y la mayoría de los despojos violentos se han registrado a la luz de día, en los cruceros e incluso siguen a las víctimas hasta su domicilio, como sucedió y fue expuesto un video en redes sociales de un caso en la colonia Ampliación Esperanza.

Incluso la víctima más reciente fue una pareja joven originaria de Durango que fue despojada a mano armada de su motocicleta cuando llegaron al puerto para participar en la Semana de la Moto 2026.

Y algunos puntos de “focos rojos” de escondite de motos robadas son el Infonavit El Conchi, Infonavit Jabalíes y Santa Fe, donde en días recientes las autoridades de seguridad han recuperado seis de estas unidades y han detenido a cuatro personas.

Pero claro, estos casos son apenas tres casos de una gran infinidad de estos delitos en Mazatlán.

Ojalá y los pupilos de Jaime Othoniel Barrón Valdez, el Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán que no ha podido con la seguridad en el puerto, se pongan las pilas y erradiquen de verdad este delito.

¡FOUL!... El Diputado Serapio Vargas encadenado en el pleno, pidiendo que se incluya la palabra Gobernadora en la Constitución, cuando hace años fue denunciado por violencia política de género.