Josep M. Colomer
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron ayer que los elementos del Ejército Mexicano que cometan delitos, o violaciones a los derechos humanos que afecten a la población, no podrán ser juzgados por tribunales civiles sino por militares.
De esta forma, el máximo tribunal de la Nación desechó el amparo de revisión que había interpuesto la esposa de uno de los cuatro civiles muertos por militares el 26 de marzo de 2008 en los alrededores de Santiago de los Caballeros, al supuestamente confundirlos con narcotraficantes, aunque no les encontraron armas ni droga.
Para que exista verdadera imparcialidad es necesario que no sean los militares quienes se juzguen a sí mismos en atropellos o violaciones a civiles, puesto que no se puede ser juez y parte.
Santiago Aguirre Espinoza, abogado del Centro de Estudios Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que si la Corte no estudió a profundidad el fuero militar, está diciendo implícitamente que los militares pueden cometer violaciones a los derechos humanos y permanecer en la total impunidad.
Añadió que esta decisión de la Corte es decepcionante, ya que cierra la posibilidad a que se dé una justicia imparcial, aunque todavía queda la posibilidad de acudir a otra instancia, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo de Esquer, también reprobó esta resolución de la Corte porque hace más vulnerable a la sociedad.
Dijo que el desconocimiento del expediente quedó de manifiesto cuando una ministra de la Corte se refirió al hecho como un enfrentamiento, cuando los militares fueron los únicos que dispararon.
Justicia lenta y tardía
¿Cómo se sentiría usted si pasara los últimos 11 años de su vida en la cárcel por un delito que no cometió y que además la autoridad le fabricó para disimular su incapacidad?
Pues eso le sucedió al menos a 40 indígenas chiapanecos que fueron acusados por la Procuraduría General de la República por la matanza de 45 indígenas tzotziles que fueron atacados a balazos el 22 de diciembre de 1997 por un grupo armado cuando realizaban una jornada de oración en una ermita de madera en la población de Acteal, en la zona conocida como Los Altos de Chiapas.
El próximo miércoles 12 de agosto, la mayoría de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría votar en favor del amparo y protección de la justicia federal en favor de los indígenas y sean liberados de inmediato, por considerar que la gran mayoría de ellos son inocentes, toda vez que la PGR fabricó pruebas, testigos y cometió un cúmulo de irregularidades en el caso.
Los indígenas actualmente cumplen sentencias condenatorias de 20 y 40 años de prisión, por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, luego de que los jueces penales y de distrito de Chiapas encontraron "pruebas suficientes" durante el proceso que se abrió durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar como titular de la PGR, y con Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República.
¿A estas alturas, de qué serviría un "usted disculpe" del gobierno mexicano a todos los inculpados?
Por justicia, los ofendidos por la ilegal y dolosa actuación de la autoridad federal deberían ser inmediatamente indemnizados por haber sufrido un daño moral grave al ser privados de su libertad, provocándoles afectación en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor y reputación.
En Sinaloa, se han registrado algunos casos comprobados en que la autoridad judicial ha encarcelado a personas inocentes por la supuesta comisión de delitos, pero años después se confirma que en realidad eran inocentes; en ninguno de estos casos se ha sabido que el Estado haya tenido al menos la intención de la reparación del daño moral.
En noviembre de 1997, el antiguo grupo antisecuestros de la PGJE, comandado por Roberto Robles Rendón, arrestó a cinco personas en Mazatlán por el secuestro y asesinato del empresario Bernardo Duarte Quintana. A principios de 1998, otro grupo de investigadores detuvo a Luis Terrazas Hubbard, como el verdadero responsable de haberlo plagiado y sepultado clandestinamente en un lote baldío de la Colonia Chapultepec.
Cuatro años después, los primeros cinco detenidos fueron liberados al otorgarles la PGJE el perdón legal, pero de indemnización, nada de nada. ¿Cuántos inocentes más no habrá en la cárcel en esta misma situación?
Refuerza 'El Dimas' 'imagen' de Sinaloa
A la mala imagen que tiene Sinaloa derivada del narcotráfico y la violencia, se agrega ahora que es de Culiacán el presunto delincuente que organizaba un operativo para matar al Presidente Felipe Calderón. Sólo esto nos faltaba.
Ayer, la Secretaría de Seguridad Pública federal informó de la detención de Dimas Díaz Ramos, supuesto operador financiero del Cártel del Pacífico, a quien según la dependencia, le habían encargado sus "jefes" planear la muerte del Mandatario nacional porque les estaba pegando duro y tupido a su actividad ilícita.
La dependencia federal dio a conocer que la investigación inició desde hace un año, precisamente cuando inició en Sinaloa la guerra declarada por el Gobierno federal contra el narcotráfico, y en la que se realizaron cuantiosos decomisos de droga, armas, dinero en efectivo, así como varias detenciones.
La aprehensión de "El Dimas" fue realizada por federales en Culiacán y trasladado a la Ciudad de México donde fue presentado como el encargado de recibir la droga que se trasladaba desde Michoacán, Colima, Nayarit para trasladarla a Mexicali, y San Luis Río Colorado.
Junto con "El Dimas" fueron capturados otros cuatro presuntos sicarios culichis, entre los que se encuentran Miguel Ángel Bagglietto Meraz, "Ángel"; Joel González Esparza, "Raspu"; Benni Jassiel Ramírez Ramírez, "El Brother"; y Jesús Aarón Acosta Montero, "El Tarrayas".
Es positivo que en el Gobierno federal se actúe con "inteligencia" para prevenir actos como el que presuntamente querían realizar los del Cártel del Pacífico contra Calderón, ojalá así fuera siempre y se previnieran también otros hechos delictivos.
¿Será coincidencia que esta captura se dé en el momento en que los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y el Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, se encontraban reunidos con el Presidente Felipe Calderón en Guadalajara?
Malecón es columna institucional de esta casa editorial.
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