En Sinaloa, ni siquiera hace falta entrar a un Penal para encontrar señales de que el Estado ha perdido terreno frente al crimen organizado. A veces basta con que la autoridad encargada de supervisarlo no pueda entrar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no pudo inspeccionar los penales de Aguaruto y la Región del Évora por razones de seguridad, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025. Es decir, dos centros penitenciarios quedaron fuera de la revisión en un estado donde la gobernabilidad de las cárceles también está bajo sospecha.

Los resultados disponibles tampoco dan para presumir. Sinaloa obtuvo una calificación estatal de 5.02, mientras que Goros II, en Ahome, alcanzó 4.79 y El Castillo, en Mazatlán, 5.25. Los tres resultados están en el rango rojo de la escala de la CNDH.

Las deficiencias van desde la falta de custodios y servicios médicos insuficientes hasta actividades ilícitas, cobros por extorsión y sobornos. En algunos casos, las personas privadas de la libertad ejercen funciones de autoridad mediante esquemas de autogobierno o cogobierno.

Así que el problema no se reduce a las condiciones materiales de las cárceles. También está en quién manda dentro de ellas, quién impone las reglas y qué capacidad tiene el Estado para garantizar que se cumplan.

La ironía es que Goros II y El Castillo ni siquiera estaban por encima de su capacidad instalada. Había espacio disponible, pero eso no se tradujo en mejores condiciones de seguridad, atención médica, higiene o reinserción social.

Y mientras la crisis de violencia en Sinaloa continúa desde septiembre de 2024, la imposibilidad de supervisar dos penales exhibe una dificultad todavía más seria: la autoridad no sólo debe garantizar los derechos de quienes están presos, sino también conservar la capacidad de entrar, revisar y conocer lo que ocurre detrás de los muros.

Porque si el Estado no puede supervisar una cárcel por razones de seguridad, la pregunta ya no es solamente cómo viven quienes están adentro. La pregunta es quién tiene el control.

Después de un hecho como el ocurrido la semana pasada en el centro penitenciario de El Castillo en Mazatlán, es obvio que aún haya zozobra y el temor de que vuelva a ocurrir.

Ayer, después de mediodía y durante una jornada de visita, la más importante de toda la semana, el rumor de detonaciones de armas de fuego prendió las alertas a tal grado de que hubo paramédicos que fueron alertados y medios de comunicación que se engancharon y dieron el rumor como cierto.

Unos minutos después la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que personal dentro del Penal había descartado la información que había trascendido, y a su vez señaló que las revisiones en el Penal continuarían ayer domingo, y que mantienen presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Sin duda, lo mínimo que están obligados a hacer.

El municipio de Escuinapa, en el sur de Sinaloa, vive horas aciagas entre la inminente llegada del impacto del Huracán Simon y la desolación Institucional que refleja la violencia.

Mientras la naturaleza impone su amenaza sobre el sur de Sinaloa, se deja ver la tragedia de origen humano, mucho más destructiva y persistente: ayer domingo, en plena faena de preparación y auxilio preventivo frente al huracán, fue asesinado el coordinador de Protección Civil municipal.

Un servidor público acribillado en el cumplimiento de su deber; una muestra más de que, en esta región, el Estado está permanentemente bajo fuego.

Este crimen no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente en una cadena de indolencia que golpea sin tregua el tejido social. La violencia homicida en el municipio tiene un rostro profundamente alarmante y doloroso: ya suman 18 mujeres asesinadas en lo que va del año.

Diez y ocho vidas arrebatadas bajo el amparo de la impunidad y la indiferencia oficial, evidenciando una crisis sistémica de seguridad que no distingue entre géneros, funciones públicas o la gravedad de las emergencias naturales.

Lo que ocurre en Escuinapa desde hace semanas es en sí un huracán permanente de violencia homicida, de categoría superior, destruyendo la paz social.

Hoy, Escuinapa enfrenta dos tormentas. Las movilizaciones de previsión frente a “Simon” ya se están desarrollando. Urge, con la misma o mayor vehemencia, que el Estado active un protocolo de rescate urgente para devolverle la seguridad a un municipio que, entre vientos de tormenta y balas, continúa a la deriva.

Este fin de semana se registró actividad de protesta con la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, para exigir aumento salarial y mejores condiciones laborales.

La actividad esta abre un nuevo frente para la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, para atender nuevos grupos inconformes con sus responsabilidades de gestión.

Este tema sale después de las exigencias de atender temas de seguridad pública y la crisis que todavía sufrimos en el estado desde hace más de 25 meses.

Los trabajadores inconformes, que no llegaron al centenar, partieron de La Lomita y concluyeron la protesta en el Hospital General Regional No. 1.

Su objetivo fue visibilizar problemas de falta de personal, déficit de medicamentos e insumos y cambios en la dirigencia sindical.

Los hechos de violencia ocurridos dentro de restaurantes o establecimientos de venta de alimentos en los últimos meses ha obligado al gremio a gestionar que se rediseñe una estrategia con las autoridades de seguridad pública, de los tres niveles de Gobierno, que incluya una comunicación más directa con las corporaciones.

La presidenta de Canirac Culiacán, Karla Fernanda García Beltrán, fue quien declaró sobre el caso, que la idea principal es coordinarse con el Gabinete de Seguridad para los canales de comunicación preventiva y también conseguir capacitación para el personal sobre cómo actuar ante incidentes de este tipo, que involucren violencia y armas de fuego.

De las declaraciones de Karla Fernanda, destaca una por obvia y que contrasta con la realidad que hemos dejado de tener: Nosotros, pues en realidad no somos expertos en el tema de seguridad, somos expertos en llenar mesas.

La preocupación del gremio, principalmente, es que los restaurantes están distribuidos por distintos sectores de la ciudad, por ello la importancia de establecer una ruta de comunicación más directa con las corporaciones para facilitar la atención en situaciones de riesgo.

También destacaron poder usar estos canales como ejercicios de prevención, como reportar situaciones inusuales, incluso cuando no exista una amenaza evidente.

Excelente idea la de los restauranteros, y su proactividad. Ojalá que no haya muchos incidentes que comunicar y que la capacitación esté sin la necesidad de aplicarla en mucho tiempo.

¡FOUL!... Un ataque armado en Mazatlán dejó dos futbolistas asesinados en un campo... ¡pegado a la barda de la Tercera Región Militar!