A estas alturas del partido, más bien imaginándonos uno de futbol y no literal uno político, nos ha llamado mucho la atención esas fotografías que presumió el Gobernador Rubén Rocha Moya tras una reunión con la Senadora Imelda Castro.

De pena ajena la reacción de los seguidores de Imelda, que estallaron en lambisconería de alta gama, pero de eso hablaremos más adelante.

Quienes le ponen atención a este jueguito de tronos en que se ha convertido la política en Sinaloa sabrán que en Morena hay, por lo menos, dos grupos visibles que se disputan el poder y por ende el derecho o la venia de prolongar el poder en nuestro estado.

El primero, el más obvio, es el rochismo, conocido así por esta etapa que el de Batequitas apareció de pronto como un baluarte morenista, pasándose por el arco del triunfo a todos los fundadores y quienes sí se la habían rifado mientras él hacía carrera y cobraba como asesor de los gobernantes priistas.

Por sus evidentes malas decisiones, como hacer alianzas con raza como Héctor Melesio Cuén Ojeda, el amigo personal de Ismael “El Mayo” Zambada y su Partido Sinaloense, su influencia a nivel nacional está más desgastada que la suela de la chancla del niño con una bicicleta sin freno.

De por sí su único poder lo tenia por una amistad y simpatía directa con Andrés Manuel López Obrador, pero todos sabemos que con la Presidenta Claudia Sheinbaum, todo es diferente.

De hecho, hoy mismo Rocha Moya lidia con el conflicto en Sinaloa, algo que le ha dado fuerza al otro grupo encabezado justo por Imelda Castro.

Con el estado en llamas, Rocha Moya ha perdido posibilidades de influir directamente para elegir o proponer al próximo candidato o candidata de Morena para gobernar Sinaloa.

Lo peor es que el grupo que ya se siente ganador hasta comenzó con sus campañas, un pésimo mensaje para alguien que quiere hablar de que la ley se debe cumplir.

El mensaje implícito de Rocha Moya da la impresión de haberse rendido, y comenzar así, desde ya, a aplanar el camino para dejar de influir con sus propios candidatos y darle la batuta a una nueva historia con Imelda.

Ah, pero qué patéticas las reacciones de la media docena de diputados locales y federales, que ávidos de seguir cobrando sin trabajar, porque tienen los peores números de productividad legislativa, son los primeros que comentaron la publicación.

Algo triste es que la senadora ya no es la misma figura que todos mirábamos con integridad y respeto, porque ahora viola la ley y le juega al ensarapado con su precampaña, y cuyos mayores motivos de crítica será del equipo que vaya a armar para encarar la campaña. Porque hasta ahorita, lo único que ha recogido es puro cascajo.

A una semana de la desaparición de 10 mineros en Concordia, el Estado apenas empieza a reaccionar. No a buscarlos, eso sigue siendo una tarea borrosa, sino a ponerse de acuerdo. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Rubén Rocha Moya anuncian ahora el refuerzo de operativos, como si el tiempo transcurrido no fuera ya una forma de abandono.

Una semana en la que las familias han vivido con la incertidumbre a cuestas, mientras el aparato gubernamental se mueve con la parsimonia de quien no siente el golpe en carne propia. Porque si algo ha quedado claro en este caso es que la coordinación llegó tarde, cuando el daño ya estaba hecho y la angustia instalada.

El mensaje que se manda es inquietante: primero se desaparece gente, luego se evalúa, después se dialoga y, finalmente, se decide actuar. No hay urgencia real, sólo administración del desastre. En un estado como Sinaloa, donde la violencia no es una anomalía sino una constante, la reacción tardía no puede seguir normalizándose.

Que a una semana del hecho apenas se esté hablando de reforzar operativos revela más que un problema de logística: exhibe una desconexión alarmante entre el poder y la realidad del territorio. Los mineros no desaparecieron en un vacío, ni en un lugar remoto e incomunicado; desaparecieron en un contexto que las autoridades conocen bien, pero que parecen atender sólo cuando la presión pública los alcanza.

Mientras en el discurso se habla de coordinación, en el terreno las familias siguen esperando señales claras: búsquedas efectivas, presencia permanente, resultados. No anuncios. No fotos. No declaraciones que llegan cuando el reloj ya corrió en contra.

Porque cuando la coordinación llega tarde, no es coordinación: es control de daños. Y eso, para las familias de los 10 mineros desaparecidos, no alcanza.

Culiacán no suelta los primeros lugares, y no precisamente por su competitividad económica o calidad de vida, ya que la capital sinaloense se mantiene firme en el segundo lugar nacional en percepción de inseguridad, con un deshonroso 88.1 por ciento de su población viviendo con el Jesús en la boca.

Dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que la variación entre septiembre y diciembre de 2025 fue mínima, porque apenas bajó del 88.3 al 88.1 por ciento.

Seguramente en las oficinas de Gobierno querrán colgarse la medalla de la estabilidad, pero para el ciudadano que sale a la calle, ese 0.2 por ciento de diferencia no es más que una burla estadística frente a una realidad que se siente en cada esquina.

Si en Culiacán las cosas están estancadas en el miedo, en el puerto las alarmas están al rojo vivo porque Mazatlán es el campeón nacional del miedo.

Mazatlán se llevó el trofeo que nadie quería por el incremento más alto en percepción de inseguridad en todo el País, ya que en apenas tres meses, el sentimiento de inseguridad saltó de un 52.8 a un 80.4 por ciento.

El puerto pasó de ser el refugio tranquilo a ocupar el lugar 15 de 91 ciudades evaluadas.

Ya no sólo es el calor lo que sofoca a los mazatlecos, sino la incertidumbre de una crisis que ya no se queda en el centro del estado y que ha decidido vacacionar en el sur.

Mientras que en Los Mochis todavía pueden presumir de estar entre los más bajos del País con un 25.6 por ciento, aunque con su propia subidita ligera, el resto del estado paga la factura de una crisis de seguridad que estalló en septiembre de 2024.

La pugna del crimen organizado, que empezó como un pleito en el centro, ya extendió sus tentáculos y ha convertido la percepción ciudadana en un reflejo fiel de la violencia que las autoridades no han podido, o no han querido, frenar.

No hay forma de matizar que ocho de cada 10 personas en las principales urbes del centro y sur de Sinaloa se sienten inseguras.