La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tendrá que explicar por qué uno de sus agentes terminó empujando al suelo a un periodista que documentaba un operativo en La Laguna Colorada, al sur de Culiacán.

El reportero Hernán Alfaro, de El Debate, denunció que un elemento federal intentó quitarle el celular mientras grababa un cateo en una vivienda donde las autoridades pretendían detener a una mujer. Antes, según su testimonio, el mismo agente había empujado en varias ocasiones a una de las mujeres que intentaban impedir la detención.

El saldo de la cobertura fue un periodista en el suelo y dos asociaciones exigiendo justicia. La Asociación de Periodistas de Sinaloa y la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio condenaron los hechos y pidieron investigar y sancionar a los responsables.

Porque una cosa es cumplir una orden judicial y otra muy distinta es creer que el uniforme concede permiso para empujar, intimidar o arrebatar teléfonos. Los agentes tienen facultades legales, no patente de corso. Y grabar un operativo de interés público no convierte a un periodista en obstáculo para la autoridad.

La denuncia tiene un ingrediente todavía más delicado: Alfaro señaló que el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estuvo presente y pudo observar el comportamiento de los agentes. Si fue testigo de los hechos, habrá que preguntar qué hizo ante ellos y qué seguimiento dará al caso.

Las agrupaciones también pidieron la intervención de las instituciones encargadas de proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. No se trata de llenar expedientes para después archivarlos, sino de identificar a los agentes involucrados, esclarecer lo ocurrido y aplicar las sanciones que correspondan.

Y es que la violencia contra la prensa no se vuelve menos grave porque quien la ejerza pertenezca a una corporación federal. Al contrario: cuando una autoridad agrede a quien documenta sus actos, también pone en riesgo el derecho de la sociedad a saber qué está haciendo en su nombre.

En Sinaloa, donde la violencia y los operativos de seguridad forman parte de la agenda cotidiana, el trabajo periodístico resulta indispensable. Pretender que los reporteros observen desde donde no incomoden, graben únicamente lo que los agentes permitan o guarden el celular cuando una actuación pública se vuelve cuestionable es confundir seguridad con control de la información.

La SSPC tiene la oportunidad de demostrar que sus protocolos no son letra muerta: debe investigar la denuncia, esclarecer la actuación de sus elementos y hacer públicas las medidas que adopte, sin sustituir la investigación por un simple deslinde.

Porque si quienes deben proteger a la población terminan agrediéndola, y quienes deben garantizar los derechos humanos no intervienen, la pregunta deja de ser quién vigila a los policías. La pregunta es quién responde cuando son ellos quienes abusan de su autoridad.

En Sinaloa parece que para atender la violencia contra las mujeres también hay que hacer fila. En Escuinapa, donde suman 19 mujeres asesinadas entre junio y octubre, la prioridad es aplicar un plan integral antes de considerar la alerta de violencia de género. Porque, al parecer, todavía hay que ver si con lo que ya se hace alcanza.

La Secretaria de las Mujeres, Brenda García Félix, dice que una alerta no se activa de un día para otro y que no se puede esperar a que llegue para comenzar a trabajar. En eso tiene razón. El problema es que las mujeres tampoco pueden esperar mientras las autoridades se organizan.

El plan incluye asambleas, pláticas en escuelas, capacitación para el autoempleo y recuperación de espacios públicos. Todo eso puede servir, pero hay una pregunta que no se resuelve con talleres ni con una patrulla nueva: ¿qué van a hacer para evitar que sigan matando mujeres? Porque una cosa es atender las consecuencias de la violencia y otra, muy distinta, prevenirla de verdad.

También llama la atención que entre los argumentos para no priorizar la alerta esté que algunas medidas, como el alumbrado y la recuperación de espacios, ya se realizan. Pues qué bueno, pero si ya se hacen, ¿por qué no se refleja en las condiciones de seguridad de las mujeres?

En el Gobierno suelen abundar los programas integrales, las mesas de trabajo y las visitas al territorio. Lo que escasea es la certeza de que todo eso se traduzca en resultados. Y en Escuinapa, con 19 mujeres asesinadas en cinco meses, el margen para experimentar con buenas intenciones es demasiado pequeño.

Nadie está diciendo que una alerta, por sí sola, vaya a detener los asesinatos. Pero tampoco se vale convertir la complejidad del trámite en una razón para dejarla en segundo plano. En Sinaloa, las mujeres necesitan acciones inmediatas, sí, pero también autoridades dispuestas a usar todas las herramientas disponibles. Porque a estas alturas, otro plan que apenas arranca no alcanza para devolver la tranquilidad.

Con el anuncio de la construcción de nuevos penales en Sinaloa, nadie se aseguró de hacer la pregunta que se debe hacer en estos casos, ¿quién o quiénes van a controlar los nuevos?

La pregunta se debe hacer porque si hasta la fecha la autoridad no ha demostrado que puede recuperar el control, o más bien, erradicar el autogobierno de los penales que ya están funcionando, pues qué garantiza que cuando vacíen los viejos y llenen de nuevos, los delincuentes van a querer cambiar las cosas como si nada.

Javier Llausás Magaña, director del organismo civil Culiacán Participa, destacó ayer en una reunión con los medios de comunicación que por eso se debe priorizar transformación de penales de Sinaloa antes de construir nuevos y con eso de priorizar la transformación se refiere a cambiar lo que hay, invertir en programas reales de reinserción social y separar a los internos peligrosos de quienes pueden participar en procesos de rehabilitación.

El tema se puso en la opinión pública luego de dos ataques mortales perpetrados por grupos que en un principio se creían aliados, dentro del penal de Mazatlán, El Castillo, que terminó con 12 personas asesinadas, entre ellos un pequeño de dos años.

Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó su diagnóstico de penales a nivel nacional, estado por estado, en la que Sinaloa recibió una calificación de 5.02 puntos, es decir, reprobatoria.

Después de esto y de los hechos violentos, el gobierno federal anunció la construcción de cuatro nuevos penales.

En Sinaloa, hay un Penal en Ahome, el Goros II; otro en Angostura, el de la Región del Évora; otro en Culiacán, el Penal de Aguaruto; y el Penal El Castillo, en Mazatlán. Estos son los estatales, de administración local y de mediana seguridad.

En Guasave está el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 “Nor-Poniente”, de máxima seguridad y de administración federal.

El señalamiento de Llausás Magaña toma sentido porque la reprobación del diagnóstico, que el año pasadao sólo incluyó al Goros II y a El Castillo, porque en la Región del Évora y en Aguaruto no pudieron entrar, por falta de condiciones de seguridad, evidencia el poco interés del Gobierno de Sinaloa por cambiar las cosas a como están.

Por eso no podemos decir que servirá de algo si se construyen nuevos penales, si seguirán funcionando de la misma forma que funcionan los que está actualmente activos. Ojalá, además de la obra, si se note un “nuevo modelo”.

¡FOUL!... El Congreso tomó protesta ayer al suplente de Diputado Pedro “Lobo”, un joven de nombre ¡Vicente Fernández! Hubo muchos aplausos, no supimos si para pedirle una rola o porque ya se fue Lobo.