Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, se enfrentó por fin a su realidad, pues esta vez la audiencia no fue diferida, estaban todos los implicados y todos los defensores.

El ex Alcalde de Mazatlán llegó muy temprano, con lo que logró esquivar a los medios pero ya lo esperaban a la salida.

El mismo juez de control abrió la audiencia a las 10:08 horas y autorizó a la Fiscalía desglosar la carpeta de investigación para imputar a los ex funcionarios.

¿El delito? La compra irregular de vehículos que fueron sorteados en un evento conmemorativo del Día de las Madres. Esa actitud de político lurio que tanto mostró durante su fallida administración en el puerto.

Ahora sí, “El Químico” respiraba hondo, pidió receso para reponerse, sólo se le dieron unos pocos minutos.

Los agentes del Ministerio Público requirieron al juez el auto de vinculación a proceso, pero el Juez le dio respiro o más agonía a los ex funcionarios y fijó el martes 6 de junio como fecha para conocer si procede o no la vinculación a proceso.

Y otra vez, lo veremos en el mismo Centro de Justicia, para la próxima semana donde ya nada será igual.

De acuerdo a la información presentada por la Fiscalía, en total se pagaron 575 mil 395 pesos por la compra de las unidades, lo que representó un daño al erario público, porque se estableció al haber superado los límites que admite la ley para hacer la compra directa, debió haberse procesado a través del Comité de Adquisiciones, además de contar con tres cotizaciones, y no se realizó ninguna de las anteriores.

Y también se informó que pese a que en un principio, “El Químico” declaró que las compras fueron con recursos propios de servidores públicos, el gasto corrió por dinero del Ayuntamiento de Mazatlán.

¿Cómo saldrá de esta? No sabemos, pero todavía le falta lo de las luminarias. Y estamos hablando de 400 millones.

Reconocer que el presente sexenio es el más violento, es aplaudible, pero culpar a otros de lo que tienes la responsabilidad de combatir como es la inseguridad, ahí es donde la puerca tuerce el rabo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el presente sexenio es el más violento de la historia en México, ante las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que anotan que desde diciembre de 2018 a la fecha, se registraron más de 156 mil homicidios dolosos en el país.

Hasta ahí estaba bien pero el Mandatario nacional, a su modo, dijo que esta violencia es por la “mala herencia” que le dejaron las administraciones anteriores.

Y siguió con su cantaleta de que el País era un “narcoestado”, al señalar a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Calderón Hinojosa.

Si la cifra de este sexenio le dio terror, sume usted la de estas cuatro administraciones, todas fallidas en el tema de seguridad.

Con el priista Enrique Peña Nieto hubo 156 mil 066 homicidios, que en las administraciones panistas de Felipe Calderón Hinojosa y de Vicente Fox Quesada, se cometieron 120 mil 463 y 60 mil 280 asesinatos respectivamente.

Mucho se le dijo a López Obrador que esa política de abrazos no balazos no funcionaba.

Y todavía se atreve a decir: ¿quiénes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el País? Pues estos. ¿Dónde están los cárteles creados por nosotros, tolerados por el Gobierno de nosotros?, cuando hace días él mismo admitió la presencia de retenes del crimen organizado, ah pero eso sí muy respetuosos para los guardianes del Bienestar.

Ya casi termina su sexenio y deja un país incendiado por la impunidad, los homicidios, las desapariciones. Dice que le dejaron una herencia maldita, y la que él deja es mucho peor.

Sabíamos que la violencia en el país sería la piedra en el zapato para cualquier Presidente que llegue, pero ni llenando de militares las calles no pudo, cuando menos mitigar el problema.

¿Que el país era un “narcoestado” cuando asumió el poder? Le tenemos noticias: lo sigue siendo.

Tómala papá, tanto ha pugnado el Congreso del Estado porque la UAS se deje auditar por la ASE y además permita la reforma a su Ley Orgánica, que ya al parecer le quieren dar una cucharada de su propio chocolate.

Luis Javier de la Rocha Zazueta, diputado local anunció que solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que haga una revisión especial al Legislativo del Estado.

Con un expediente de 58 hojas, el legislador abarca temas de autopréstamos, cheques robados y cobrados.

Además señala la construcción del nuevo edificio en el complejo del Palacio Legislativo, el cual está sustentado en tres licitaciones.

Bueno como dicen, la mayoría de los deportes, son de varios jugadores.

Ya sé, lo van a tirar a loco, pero bueno, la política es así, a veces divertida. Habrá que ver si no trae inspiración pasista.

El Instituto de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas está en la mira, y es que una de las consejeras del mismo se ha encargado de evidenciar al instituto en grupos de periodistas.

Rosina Ávila Palma ha señalado que el Instituto dejó desamparados a periodistas que fueron desplazados por la violencia, pues apoyarlos económicamente pondría en riesgo las finanzas del ente.

“En este punto les comento que la semana pasada dos periodistas que están desplazados en la CDMX pidieron un apoyo del Instituto y se les negó con el argumento de la directora de que esto pondría en riesgo la estabilidad y el futuro financiero del órgano, algo que no es cierto”, compartió en un mensaje en aplicación de mensajería.

La verdad es que el gremio ha señalado que en el funcionamiento del instituto, que si bien es un acierto que esté operando, los pocos recursos que se le ministraron alcanzan para para pagar nómina pero no para mejores medidas de protección.

Y es que fue muy evidente que el Congreso de Sinaloa designó hace ya casi un año a Jenny Judith Bernal Avendaño como Presidenta del instituto a petición del Gobernador Rubén Rocha Moya, quién ha admitido su simpatía por ella. Pero ya en funciones le cortaron a la mitad el presupuesto solicitado.

Pero ya no se puede reprochar pues hay quienes han estado cercanos al diseño de la Ley que permitió la creación del instituto y se toman personal las quejas del gremio, que es difícil, lo entendemos, pero las circunstancias siguen siendo de alto riesgo e impunidad.

Ojalá el gremio y activistas se unan para de verdad diseñar un instituto que proteja a todos y todas, para exigir que se le dote del presupuesto correcto y para que se echen a andar todas las medidas previstas en la ley.

Hay un gran precedente al llegar a este punto, hay que cuidarlo, cultivarlo y hacerlo crecer en beneficio de defensores y periodistas.