La estrategia interinstitucional para “garantizar” las clases presenciales en Villa Juárez suena bien. Coordinación, acompañamiento, presencia institucional, tejido social. Todo en el discurso está en orden. El problema no es lo que dicen que harán, sino cuándo decidieron hacerlo.

Porque la violencia en Villa Juárez no estalló esta semana ni el mes pasado. Se agudizó hace al menos un año, con episodios reiterados de inseguridad que alteraron la vida cotidiana, cerraron comercios, paralizaron actividades comunitarias y, por supuesto, golpearon de lleno a las escuelas. Madres y padres retiraron a sus hijos de las aulas mucho antes de que el Gobierno del Estado apareciera con desayunos calientes, ferias deportivas y módulos de atención.

Durante meses, la comunidad educativa se sostuvo prácticamente sola, tomando decisiones difíciles sin un acompañamiento institucional visible y permanente. Hoy, cuando el daño ya está hecho y la desconfianza instalada, las autoridades llegan a ofrecer diálogo y coordinación, como si el miedo se pudiera disipar con una agenda de jornadas y brigadas.

La propia narrativa oficial reconoce que el tejido social está dañado. Lo que no se dice es que ese daño avanzó mientras el Estado miraba de lejos. Ahora se despliegan dependencias, se anuncian acciones integrales y se promete permanencia, pero la pregunta incómoda sigue flotando: ¿por qué esperaron tanto?

Garantizar clases presenciales no es solo abrir escuelas con vigilancia ocasional; es anticiparse, leer el contexto, intervenir cuando la violencia empieza a escalar, no cuando ya obligó a normalizar ausencias, cierres intermitentes y el miedo como rutina.

La estrategia puede ser necesaria. Incluso bienvenida, pero llega tarde. Y en lugares como Villa Juárez, el tiempo que se dejó pasar también es una forma de abandono.

La sensación de que el estado está ardiendo de nuevo se vuelve a sentir, ahora con el reporte de que hombres armados privaron de la libertad a cinco personas en El Macapul, en el municipio de Ahome.

En ocasiones se nos olvida que, aunque la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa se pelea mayormente en el centro y sur del estado, el crimen organizado tiene todo el territorio cubierto con su manto.

Terrible que la sensación se extienda luego de que todavía no nos reponemos del atentado a los Secretarios de Seguridad locales y los diputados del Movimiento Ciudadano, cuando ya tenemos que tragarnos una semana entera con noticias de hallazgos de cadáveres en por lo menos ya dos fosas clandestinas en el municipio de Concordia, al sur y oriente del estado.

Estos hechos han mantenido al estado presente en las cadenas de noticias nacionales, debido a que hay ciudadanos de otros estados involucrados como víctimas, como Zacatecas, Chihuahua o Sonora.

Lo peor es que en medio de la crisis haya también claras intenciones de las autoridades de no informar, de ocultar la información y obligar que esto vaya fluyendo no por canales institucionales, sino a través de redes sociales, desde organismos civiles y de los familiares de las víctimas.

Lo grueso de los hechos ha acarreado también exigencias de los colectivos de personas que buscan a sus familiares y que aseguran hay más cadáveres y lugares en donde buscar; además de movimientos de protesta en la capital del país.

Por si fuera poco se informó también sobre otro grupo de personas, todos varones, originarios del centro del país, que de la misma forma fueron raptados en el puerto de Mazatlán y sus familiares han denunciado lentitud y poca claridad en el trabajo de la Fiscalía General del Estado mientras las horas pasan y no han sabido nada de sus captores.

Apenas acusamos este último golpe, cuando por la tarde noche de este lunes la Comisión Estatal de Búsqueda oficializó una privación ilegal de la libertad múltiple ocurrida el sábado, cuando un grupo que viajaba de Mazatlán a la Villa de Ahome fue interceptado por civiles armados.

Difícil vivir en Sinaloa en estos momentos, donde los hechos de violencia no dan respiro.

Duro y tupido, así continúan las cosas para Mazatlán y el sur de Sinaloa, pues al contexto de los 10 trabajadores mineros desaparecidos, y ya confirmados cinco de sus cadáveres en una fosa en Concordia se suma la aparición de una segunda fosa clandestina en esa zona.

También ayer estuvo la protesta que armaron en Ciudad de México los familiares de los cuatro turistas que continúan desaparecidos desde hace ya una semana, y los mensajes de presión que por las redes lanza la familia de Carlos Emilio, que no deja de exigir la búsqueda de su hijo desaparecido hace meses luego de estar en un antro de la zona turística mazatleca. Antro propiedad de “Pity” Velarde, quien fuera Secretario de Economía del Gobierno Estatal y que perdió su puesto precisamente por este caso.

Y para colmo, en Escuinapa se registra un tercer ataque a instalaciones policiacas con artefactos explosivos, dejando a dos personas heridas y pánico entre los habitantes de esa cabecera que lleva meses ya en la zozobra de amanecer con balaceras y explosiones.

Todo esto en la víspera de la celebración del evento máximo del puerto, que es el Carnaval.

Las cosas no pintan nada bien para Mazatlán y el sur del estado, eso es definitivo.

Solo nos queda desear que el operativo de seguridad que se anunció ayer en La Semanera sea un éxito.

Vaya balde de agua fría, y no de la que sirve para riego, el que lanzó la AARC al ponerle números a la tragedia que se cocina en los surcos de nuestro Valle de Culiacán.

Resulta que el maíz, ese orgullo sinaloense que debería darnos de comer a todos, hoy no deja ni para las semillas. Con un precio internacional que ronda los 4 mil 500 pesos por tonelada, la rentabilidad no es que esté baja, es que de plano es nula.

Lo más triste es ver cómo el destino de miles de familias culiacanenses se decide en una oficina con aire acondicionado en la Bolsa de Chicago, mientras allá juegan a la oferta y la demanda con el maíz gringo, aquí los productores locales ven cómo el valor de su trabajo se desmorona.

De los más de 7 mil pesos que recibían en 2023, hoy apenas aspiran a una cifra que no alcanza ni para cubrir los créditos y estamos en un libre comercio donde lo único que parece ser libre es la caída de los ingresos de nuestra gente.

Y si el mercado internacional es el verdugo, el Gobierno federal es el que pone la soga al cuello. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía se deban apoyos a la comercialización de hace dos años?.

Esos 750 pesos por tonelada que parecen poquito en los discursos oficiales, son la diferencia entre seguir sembrando o dejar la tierra baldía y para medio centenar de productores de la Aarc, ese dinero es un fantasma que no termina de aparecer, mientras las deudas y los intereses, esos sí, son bien reales y no perdonan.

Lo que la autoridad parece no entender es que, si al campo le da gripa, a Culiacán le da neumonía.

Roberto Bazúa Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, fue muy claro al decir que la falta de liquidez le pega directo a la derrama económica de la ciudad y el estado.

Sin dinero en las manos de los agricultores, se detiene el comercio, se frenan los servicios y la economía se estanca.

Hoy tenemos agua suficiente en las presas, pero lo que falta es certeza y, sobre todo, respeto a la palabra empeñada en los apoyos porque, entre manifestaciones y promesas de que ya casi pagan, el campo sinaloense se nos está quedando solo, sin financiamiento y con el orgullo herido.

¡FOUL! Protección Civil de Culiacán tuvo que implementar un operativo especial por reportes de un jaguar negro en las inmediaciones de El Ranchito... ¡resultó una fake news!