Mientras en Culiacán todavía no termina de asentarse el terremoto político provocado por la salida de Juan de Dios Gámez Mendívil, quien pidió licencia después de que el Gobierno de Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con Los Chapitos, resulta que la nueva Alcaldesa, Ana Miriam Ramos, ya aparece en el tercer lugar estatal de aprobación con un 50.8 por ciento.
Ni Harry Potter resolvía tan rápido los problemas de percepción.
Porque vale la pena recordar un pequeño detalle: Ana Miriam Ramos tiene apenas unas semanas en el cargo. Semanas. No meses. No años. Semanas.
Lo suficiente para aprender dónde están algunas oficinas del Ayuntamiento, pero aparentemente también para conquistar el corazón de más de la mitad de los culiacanenses, según la encuesta.
La pregunta es inevitable: ¿qué exactamente están evaluando?
Porque si se trata de obras, programas, proyectos o resultados propios, simplemente no ha habido tiempo material para generarlos. Si se trata de la administración municipal, entonces la calificación corresponde en gran medida al gobierno que ella misma heredó y del que formó parte.
Ana Miriam Ramos fue síndica procuradora durante buena parte de la administración de Gámez Mendívil. Un cargo cuya función principal es vigilar, fiscalizar y señalar irregularidades dentro del Gobierno municipal.
Sin embargo, durante el año y medio que duró en el cargo, su voz pública fue prácticamente invisible.
Mientras el Ayuntamiento enfrentaba cuestionamientos, crisis de seguridad, polémicas y debates políticos, la síndica procuradora parecía practicar una versión extrema del voto de silencio.
Ahora resulta que la funcionaria que menos ruido hizo es presentada como una de las alcaldesas mejor evaluadas del estado.
Cosas de la estadística.
Pero tampoco es un fenómeno nuevo.
Durante meses se difundieron encuestas similares donde el propio Juan de Dios Gámez aparecía entre los alcaldes mejor posicionados de Sinaloa. Se presumían los números, se compartían boletines, se celebraban rankings.
Todo eso ocurría mientras una parte importante de la ciudadanía cuestionaba la situación de inseguridad, los servicios públicos y el desempeño municipal.
Y ahora que Juan de Dios ya no está en el cargo, los mismos números parecen haberse transferido automáticamente a su sucesora, como si la aprobación fuera un paquete heredable junto con la oficina, la camioneta y las llaves del despacho.
Lo más curioso es que ni siquiera estamos hablando de niveles de popularidad extraordinarios.
Un 50.8 por ciento significa que prácticamente la mitad de la población no aprueba la gestión. En cualquier examen escolar sería una calificación que obliga a revisar resultados. En la política moderna, en cambio, se convierte en motivo de celebración.
Por supuesto, nadie dice que los estudios no tengan metodología o que los datos sean inventados. Pero sí vale la pena preguntarse si estos rankings miden realmente el desempeño de los alcaldes o simplemente funcionan como herramientas de promoción política disfrazadas de termómetro ciudadano.
Porque cuando una Alcaldesa con apenas un mes en el cargo ya aparece en el podio estatal, después de sustituir a un Alcalde que salió en medio de una crisis política internacional y tras haber ocupado un puesto de vigilancia desde el que rara vez levantó la voz, lo mínimo que merece el ciudadano es una explicación más convincente que un porcentaje con decimales.
Al final, la encuesta dice que Culiacán aprueba.
La calle, como siempre, tendrá la última palabra. Y esa no se levanta por teléfono dando las consecuencias.
El talento de los partidos políticos de convertir lo evidente en un debate jurídico de cientos de páginas.
Esta semana, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa resolvió que la Senadora Imelda Castro Castro sí incurrió en promoción personalizada. Pero, al mismo tiempo, determinó que no hubo actos anticipados de campaña ni de precampaña.
Traducido al español cotidiano: sí se promocionó, pero no pidió el voto.
La diferencia parece técnica, pero en realidad es profundamente política.
Durante meses, bardas, lonas, publicaciones en redes sociales y anuncios pagados mostraron nombre, imagen y cargo de la legisladora. Lo suficiente para que el IEES concluyera que existió una estrategia de posicionamiento ante la ciudadanía. Lo insuficiente, según la autoridad, para demostrar una solicitud expresa de apoyo electoral.
Es la delgada línea que hoy separa la promoción institucional de la promoción personal; la misma que muchos aspirantes recorren con precisión quirúrgica cada vez que se acerca una elección.
La resolución deja una pregunta incómoda: ¿cuál es el verdadero propósito de inundar espacios físicos y digitales con la imagen de un político si no existe una intención electoral?
Porque difícilmente alguien invierte recursos en publicidad para recordar a los ciudadanos que existe. La política moderna funciona precisamente sobre el posicionamiento de nombres, rostros y narrativas mucho antes de que inicien formalmente las campañas.
Por eso resulta relevante que el IEES haya acreditado los tres elementos de la promoción personalizada: el personal, el temporal y el objetivo. Es decir, identificó a la protagonista, ubicó la difusión en un periodo cercano al arranque electoral y encontró una intención de posicionamiento.
Lo que sigue ahora es igualmente interesante. El instituto electoral no impondrá una sanción directa. El expediente viajará hasta el Senado de la República, donde serán los propios legisladores quienes determinen qué hacer con una de sus integrantes.
Y ahí aparece otra interrogante: ¿qué tan dispuesto estará el Senado a sancionar una conducta que, en mayor o menor medida, forma parte de las prácticas habituales de la política nacional?
La resolución llega además en un momento en que Morena comienza a mover sus piezas rumbo a 2027. Aunque nadie está oficialmente en campaña, cada vez son más visibles los nombres que buscan instalarse en la conversación pública.
Culiacán acaba de alcanzar una posición que nadie quisiera presumir. No se trata de un campeonato ni de una inversión histórica. Se trata de haberse colocado entre las tres zonas metropolitanas peor evaluadas del País en competitividad urbana.
El dato del IMCO es contundente: la capital sinaloense obtuvo apenas 48 puntos de 100 posibles, su peor resultado desde que existe registro. Más allá del número, lo preocupante es la tendencia. En apenas cuatro años, Culiacán pasó de figurar entre las ciudades más competitivas de México a ocupar los últimos lugares de la tabla.
En 2022, la ciudad alcanzó el cuarto lugar nacional. Hoy, apenas supera a Tijuana y Cuernavaca. La caída no es producto de un accidente estadístico ni de una mala racha temporal. Es el reflejo de una realidad que los ciudadanos viven todos los días.
La competitividad no se mide únicamente por cuánto dinero circula o cuántas empresas llegan. También evalúa seguridad, estado de derecho, infraestructura, calidad institucional, mercado laboral y condiciones sociales. Justamente los rubros que más se han visto presionados en Sinaloa durante los últimos años.
Desde septiembre de 2024, la crisis de seguridad derivada de la pugna interna del Cártel de Sinaloa ha dejado una huella profunda en la actividad económica. Negocios cerrados, inversiones pausadas, turismo afectado y una percepción de incertidumbre que termina pesando en cualquier indicador serio.
El resultado del IMCO debería encender alarmas en todos los niveles de Gobierno.
La pregunta ya no es por qué cayó Culiacán. Los datos parecen responderla por sí solos. La verdadera interrogante es cuánto tiempo tomará revertir una tendencia que lleva varios años en descenso y que hoy coloca a la capital sinaloense en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.
¡FOUL!...La minimización que hizo Yeraldine Bonilla de las protestas sobre Topolobampo no funcionó y en la semana hubo manifestaciones ¡en Mazatlán y en Culiacán! El asunto es que hay programada una más grande en Los Mochis el domingo.
