En medio de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa, donde el robo de vehículos se ha convertido en una constante que inquieta a la ciudadanía, la presencia de la Guardia Nacional debería representar certeza, legalidad y protección.

Sin embargo, en algunos casos, esa misma autoridad parece estar operando en una zona gris que raya peligrosamente en el abuso.

En el Aeropuerto Internacional de Culiacán, elementos de la Guardia Nacional han intensificado operativos de inspección vehicular, con el argumento de detectar unidades con irregularidades federales, particularmente aquellas de procedencia extranjera.

La medida, en teoría, responde a una estrategia para combatir delitos vinculados al uso de vehículos irregulares. En la práctica, los testimonios comienzan a contar otra historia.

La semana pasada, una ciudadana fue detenida mientras circulaba por la zona. Su vehículo, presuntamente con irregularidades en el emplacado, fue motivo suficiente para que los agentes le plantearan dos opciones: la retención de la unidad o el pago de una “multa” de mil 500 pesos. No hubo boleta, no hubo fundamento legal visible, no hubo recibo. Sólo una exigencia.

Lo más grave no fue la falta de formalidad administrativa, sino el procedimiento. La mujer fue escoltada por los propios elementos hasta un cajero automático para retirar el dinero en efectivo y entregarlo en ese momento. Durante ese lapso, no tuvo libertad plena para retirarse. En términos prácticos, fue retenida.

El episodio no terminó ahí. La amenaza posterior selló el silencio: los agentes, con sus datos en mano, le advirtieron posibles consecuencias si decidía denunciar o hacer público lo ocurrido. El miedo, en un estado donde la violencia ya marca el ritmo cotidiano, termina siendo un mecanismo de control más efectivo que cualquier documento oficial.

Este caso, que no ha sido denunciado formalmente por temor a represalias, abre una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién vigila a quienes deben garantizar la legalidad? Porque en un contexto donde el robo de vehículos va al alza, resulta contradictorio que los mismos cuerpos encargados de combatir ese delito sean señalados por prácticas que vulneran a la ciudadanía.

La crisis de seguridad no puede convertirse en pretexto para normalizar abusos. Si la ley se aplica de forma discrecional, sin transparencia y bajo presión, deja de ser ley para convertirse en herramienta de intimidación. Y eso, en cualquier escenario, es aún más peligroso que la propia delincuencia que se pretende erradicar.

En la Universidad Autónoma de Sinaloa, las matemáticas parecen funcionar de forma muy distinta a las del resto del mundo. Mientras la administración central presume con bombo y platillo un supuesto ahorro de 60 millones de pesos, los jubilados universitarios tienen otra definición para ese movimiento contable, describiéndolo como un atraco directo al bolsillo.

Resulta que, para sanar las finanzas, se les ocurrió la idea de tomar hasta el 20 por ciento de las pensiones, convirtiendo a los adultos mayores en la caja chica de la institución.

Ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos les puso un estate quieto al recordarles que las fuentes de financiamiento deben ser los subsidios y los ingresos propios, no el salario de quienes ya dieron su vida por la educación.

Los jubilados denuncian una jugarreta en el Juzgado Primero del Distrito en Culiacán, donde les regresaron sus expedientes colectivos para obligarlos a pelear de forma individual, buscando quizás que el cansancio o la burocracia los venza.

Sin embargo, la resistencia está firme y ya van cerca de 780 amparos y la cifra amenaza con llegar a los mil, porque el miedo a que les corten el cheque se está perdiendo frente a la necesidad de justicia.

En el sur y el norte ya hay suspensiones definitivas, dejando claro que la ley, cuando se aplica, no entiende de reingenierías abusivas.

Respecto a la entrega de los reconocimientos Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz, nadie duda de los méritos científicos de las galardonadas, pero lo que sí genera urticaria es la autoridad moral de quienes pondrán la medalla.

Es la ironía máxima de una administración señalada por malversación de fondos y con carpetas de investigación abiertas, otorgando reconocimientos a la excelencia.

El Frente de Defensa dice que la universidad sobrevive por su grandeza académica, pero su administración actual parece hundida en el cuestionamiento.

En último término, la Facultad de Derecho despidió personal de confianza solo para contratar a diez más de inmediato y el colmo del cinismo es ver cómo dependencias que nacieron como voluntarias hoy tienen directores generales con sueldos de lujo y estructuras administrativas que nadie sabe para qué sirven, pero que todos pagamos.

El acoso de la luchadora

De flojera inmensa la actitud que ha tomado nuevamente la activista y recién ganadora del premio Norma Corona, Yesenia Rojo Carrizoza, contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el profesor Óscar Loza Ochoa,

Es algo muy parecido a la denuncia de la Diputada con licencia Almendra Negrete y Emma Zermeño, eso de víctimas que vayan y se lo enreden a las más viejas de su casa.

Esta vez el grupo de policías jubilados y pensionados Guerreros Azules fue a tomar las instalaciones de la CEDH como protesta por sus supuestas demandas, quesque el profe Loza Ochoa, ha dicho la misma Rojo Carrizoza, la amenazó.

Pues por esa exigencia absurda, de quien no conozca cómo se las gasta Yesenia, su marido golpeador de periodistas y los pobres polis que se dejan engatusar, quienes están pagando el pato ahorita son las personas que necesitan de la CEDH.

Ayer pudimos constatar que el grupo tomó el edificio y se apoderó de el, y decretó que estarían en plantón permanente hasta que se cumplan sus demandas, o lo que es la misma, el capricho de Yesenia de quitar al profe Loza de la CEDH.

¿Y mientras? Pues las personas cuyos derechos humanos son violentados, tendrán que esperar... y es que entendemos que haya opciones como la atención en línea telefónica o digital, obvio no se compara a lo que representa la atención personalizada en las instalaciones de la CEDH.

Qué absurdo que alguien tan intransigente como esta persona haya sido premiada desde el Congreso del Estado, pero bueno, la verdad es que a esos niveles de absurdo ya nos tiene bien acostumbrados toda la 4T.

Ahora lo único que queda será esperar, porque difícilmente se decidirá enviar a la tropa a desalojar el edificio para no dejar que Yesenia se siga haciendo la vístima.

Lo que sí es que ya la autoridad deberá pensar en hacer algo contra ese evidente acoso del colectivo contra el profe Loza y ver cómo hacer que a Yesenia se le olvide esa obsesión.

Quizás la respuesta sea dándole otro premio. ¡Pilas, doctora Tere Guerra!, échele la mano al profe Loza.

¡FOUL! El asunto que propone regresar a la Presidencia Municipal de Ahome a Gerardo Vargas Landeros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue sospechosamente aplazado por segunda ocasión, ahora ¡por falta de tiempo!