El aguinaldo no es sorpresa, pero la crisis financiera de la UAS ya es tradición
La Universidad Autónoma de Sinaloa apenas llega a noviembre y ya comenzó a movilizar a su comunidad para comunicar que necesitan recursos para pagar los aguinaldos y las dos quincenas de diciembre. Son mil 380 millones de pesos que, a estas alturas, todavía no están garantizados.
El problema no es nuevo, cada cierre de año, la Universidad vuelve a colocar sobre la mesa su déficit financiero, la insuficiencia del subsidio y la necesidad de un rescate económico. Cambian las cifras, se repiten las explicaciones y los pagos decembrinos vuelven a convertirse en motivo de incertidumbre.
Esta vez, el Vicerrector Wenseslao Plata Rocha y el dirigente del Suntuas Académicos, Samuel Jesús Castro Camacho, expusieron nuevamente las dificultades económicas. También comenzaron los llamados a la unidad de trabajadores y estudiantes para respaldar las gestiones del Rector Jesús Madueña Molina ante las autoridades federales.
Lo paradójico es que el aguinaldo y las quincenas de diciembre no son compromisos inesperados. Son obligaciones que la Universidad conoce desde el inicio del año, pero que nuevamente llegan a noviembre sin tener el respaldo financiero asegurado. Al parecer, lo extraordinario no es el gasto, sino conseguir cómo pagarlo.
Los propios representantes universitarios reconocen que los adelantos de participaciones y los préstamos ya no resuelven el problema, sino que únicamente permiten aplazarlo. Mientras tanto, la institución asegura que ha aplicado medidas de austeridad, ajustes laborales y reingeniería operativa, aunque ninguna ha sido suficiente para evitar que la historia se repita.
Cabe preguntar cuánto tiempo más puede sostenerse un modelo en el que cada diciembre se necesita un rescate, se convoca a cerrar filas y se insiste en que la crisis es estructural, sin que hasta ahora exista una solución de fondo.
Admitieron el error, ahora tomen cartas en el asunto
Estamos de acuerdo con la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, cuando dice que con armas y fuerzas por sí solas no servirán de nada si no se cambia la realidad de Sinaloa.
Esto lo dijo la Mandataria en un evento en Mazatlán, después de que la Presidenta Municipal Estrella Palacios anunciara la incorporación de 4 mil nuevos elementos de la Guardia Nacional para integrarse a las acciones de vigilancia y contención de violencia en Mazatlán, con lo que suma ya 13 mil efectivos federales en el puerto.
Justo por eso, después de que la crisis de violencia comenzó en Sinaloa, propiciada por la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, es que varias voces de la sociedad civil, cámaras empresariales y los medios de comunicación hemos insistido en que se deben realizar acciones que busquen cambiar esta realidad con políticas públicas, y no sólo con reuniones y presencias urgentes de funcionarios del Gabinete federal de seguridad cada vez que las cosas se salen de control de manera extraordinaria.
Porque si de por sí ya es muy difícil explicarles a nuestros hijos, y éstos a nuestros nietos en el futuro, que en medio de la barbarie por la hegemonía del Cártel de las dos facciones que lo conformaban, el Estado tardó tanto primero en admitir la crisis y luego en tomar decisiones extraordinarias para esta situación extraordinaria.
Peor, que en medio de todo esto, hayamos tenido que sufrir la peor crisis política de nuestra historia, la amenaza de intervención de otro país para frenar las actividades de las organizaciones criminales, la faramalla del cambio de poderes y las maromas de la Presidenta Claudia Sheibaum y todo el Gobierno federal para salvar pellejos y seguir negando nuestra realidad.
Por lo menos hoy Graciela Domínguez admite que vivimos una realidad que debe cambiarse y que no serán suficientes las armas y las fuerzas del orden, y no es porque lo diga ella, sino porque ya vamos a cumplir 26 meses que se ha comprobado, con una primera parte de la guerra que arrugó el corazón de Sinaloa, dañó su economía y estresó y traumatizó a su población en Culiacán, y ahuyentó a nuestros vecinos de Elota.
“Como Gobierno del Estado asumimos con total firmeza y claridad el deber ineludible de combatir la violencia en todas sus formas; la seguridad no puede ser vista únicamente como una reacción ante el delito, sino como un compromiso ético y constitucional para salvaguardar la vida, los derechos, las libertades y el patrimonio de cada sinaloense”, dijo.
Después de la admisión del problema, esperemos que por lo menos veamos decisiones firmes para que comencemos a cambiar nuestra realidad, pero no con la inauguración de canchas deportivas o con clases de boxeo públicas cobradas por el Consejo Mundial de Boxeo, como se le ocurrió al otro, sino con el reforzamiento en equipamiento y personal de nuestras corporaciones policiales, de investigación y de seguridad y justicia.
Porque si no, estaremos destinados siempre a vivir en patrullas, bases y barricadas militares, mientras los grupos del crimen organizado deciden qué hacer con nuestro futuro.
La bronca que no va por ahí, va por allá
Como si con los gobiernos estatal y local en Culiacán nos hicieran falta frentes abiertos contra gremios para tener broncas, los choferes del transporte urbano de Culiacán anunciaron una marcha para el próximo lunes 9 de noviembre para exigir que subsidie los descuentos que se otorgan a estudiantes y adultos mayores, pues este costo recae sobre sus ingresos y de los permisionarios.
La información que dio el dirigente del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano de Culiacán, Flavio Rolando Ibarra, detalla que la movilización será desde la Catedral de Culiacán hacia Palacio de Gobierno, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.
Ahí exigirán a esta dependencia, que es la encargada de tramitar las tarjetas inteligentes para estudiantes que les permiten acceder a tarifas preferenciales en el transporte público.
Esta bronca no es nada nueva, comenzó a principios de los 90 por los descuentos a los estudiantes.
Desde entonces los choferes y los permisionarios traen una lloradera más copiosa que el de la Asociación de Lamentadoras de Damasco. Y es que el reclamo se les devuelve como búmeran cuando cualquiera puede ver las condiciones en las que se encuentran los camiones urbanos con los que dan el servicio, porque traen cuentas bien calculadas.
Fíjese: actualmente el pasaje general cuesta 15 pesos y los estudiantes pagan 3.50 pesos, lo que representa un descuento de 11.50 pesos.El pleito es que de esa diferencia, los choferes únicamente reciben 35 centavos, por lo que consideran que pierden ingresos por cada estudiante que trasladan.
Pero las cuentas mochas siguieron: un conductor que transporta alrededor de 200 estudiantes al día deja de percibir aproximadamente 530 pesos diarios y estiman pérdidas de hasta 108 mil pesos anuales por trabajador, al considerar unos 700 choferes, la suma llega hasta los 68 millones de pesos.
Sobre esto tenemos que hablar seriamente, porque si el dinero entrara como debe, tampoco lo verían, se lo quedarían los dueños de los camiones y tampoco lo invertirían en mejorar las unidades.
No hay que tener una bola de cristal para saber que ganancias millonarias sí hay, pero se las quedan los que nunca quieren perder con descuentos ni gastar en inversiones de sus propios camiones.
La historia se ha repetido una y otra vez, e insistimos, sólo falta con voltear a ver las condiciones de las unidades, lo que es evidente es que hay una distribución más equitativa de los millones de pesos que hay en ganancias, pero eso no tiene qué ver con el Gobierno, sino con los permisionarios.
Es algo muy parecido a los coyotes con los productos agrícolas, siempre el que paga los platos rotos es el último de la cadena, los de arriba no pierden ni en un volado con una moneda con dos lados iguales.
¡FOUL!... Yeraldine Bonilla no va a tener un solo día sin cobrar esta quincena pues después de renunciar a la Secretaría General de Gobierno ¡regresó de inmediato a su curul!
