para crimen atroz
Ayer, la Fiscalía General del Estado difundió un boletín para anunciar que consiguieron 22 años de prisión para los feminicidas de Brenda Guadalupe y Andrea Lizeth, asesinadas y sus cuerpos quemados en 2020.
Este caso es muy recordado por la ciudadanía, porque en ese momento la entonces, y supuesta, Procuradora de la Defensa del Menor, Liliana Pimentel, se refirió a las chicas adolescentes como “ingobernables”, después de que se denunció su desaparición.
Aún con ese absurdo contexto de revictimización, resulta increíble que nuestras leyes puedan obtener una sentencia de 22 años para un par de varones que decidieron, no sabemos por qué, asesinar a las dos menores de edad, quemar sus cuerpos y abandonarlos en una zona enmontada.
Quizás por esa razón es que la FGE y sus fiscales no les gusta que los medios de comunicación estemos presentes en este tipo de audiencias, o luego lloran al Juez por estar los proceso abiertos al escrutinio de los medios, y es justamente porque en las salas del juzgado, y sin la necesidad de ser expertos en materia jurídica, que son evidentes sus limitaciones o incapacidades.
Los acusados fueron identificados como Ezequiel y Sergio “N”, fueron declarados culpables y sentenciados sólo a 22 años de prisión por el feminicidio de las adolescentes ocurrido en septiembre de 2020, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.
La sentencia, obviamente, tiene que ver con que ambos acusados del doble feminicidio se apegan al procedimiento abreviado, y además deberán pagar 623 mil 493 pesos por reparación del daño, divididos entre 616 mil 100 pesos de indemnización por muerte y 7 mil 393 pesos por gastos funerarios.
Lamentable que la multa quede en eso, para este caso de las jóvenes, ocurrido el 2 de septiembre de 2020, que tras haber sido asesinadas a balazos, fueron quemadas a la orilla del Canal San Lorenzo, en el Ejido El Huizache.
Para analizar nuestros casos de feminicidio y la crudeza con que se cometen y los beneficios que existen para este tipo de criminales. Qué terror pensar que volverán a estar libres.
La Síndica Procuradora de Culiacán, Itzel Aglaé Núñez Carrillo, aprovechó la sesión de Cabildo de ayerlunes para repartir descalificaciones contra los medios de comunicación. Según ella, hay quienes publican notas para rellenar espacios o porque les pagan. Así, sin nombres, sin pruebas y con toda la ligereza que permite aventar sospechas desde una silla de funcionaria pública.
El enojo de Núñez Carrillo surgió después de que la Regidora priista Erika Sánchez Martínez cuestionó la falta de presupuesto municipal para indemnizar a ciudadanos afectados por los baches. La Síndica respondió que sí existe una partida para indemnizaciones por afectaciones a terceros, con un millón 240 mil pesos para 2026.
Hasta ahí, la discusión podía centrarse en lo verdaderamente importante: cuánto dinero hay, cómo se ejerce, qué daños se han indemnizado y si esos recursos alcanzan para responder a los ciudadanos. Pero la funcionaria decidió llevar el asunto por otro camino: cuestionar el trabajo periodístico y deslizar que algunas notas se publican por dinero o para llenar espacio.
Vaya ironía: quien ocupa una responsabilidad de vigilancia dentro del Ayuntamiento terminó lanzando acusaciones generalizadas sin aportar elementos que las sostuvieran. Si tiene pruebas de que algún medio publica información pagada, sería interesante que las presentara. Porque insinuar que la prensa trabaja por encargo no equivale a demostrarlo.
Y una cosa más: que exista una partida presupuestal no borra por sí sola las preguntas sobre su suficiencia, su ejercicio o la capacidad del Municipio para responder por los daños que ocasiona el mal estado de las calles. El presupuesto también se puede investigar, comparar y cuestionar. Para eso sirve el periodismo, aunque a algunos funcionarios les incomode.
La Síndica puede defender la actuación del Ayuntamiento, aclarar cifras y exhibir documentos. Lo que no debería hacer es aprovechar el Cabildo para sembrar sospechas sobre el trabajo de los medios sin sustento público.
a firmar porque sí
En Conalep Sinaloa, tener hasta 15 años de antigüedad no garantiza ni siquiera conservar el empleo. Trabajadores contratados por honorarios denunciaron que se les obliga a firmar contratos hasta el 18 de diciembre, sin certeza de recontratación y, según señalaron, sin pago de aguinaldo ni vacaciones.
La respuesta que reciben de sus autoridades, de acuerdo con Nidia Barreras Carrasco, encargada del área de Desarrollo del Estudiante, es contundente: “Es que los tienen que firmar”. O sea, es sí o sí.
Por eso acudieron a Palacio de Gobierno a buscar a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava. Denuncian que carecen de seguro y prestaciones, pese a cumplir con sus responsabilidades dentro de la institución.
Ahora falta ver si el Gobierno estatal escucha a quienes sostienen las actividades educativas o si también para sus derechos laborales la respuesta será firmar y después vemos.
La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, continuó con sus movimientos en el Gabinete del Gobierno del Estado y esta vez tocó nuevas fibras sensibles tras cambiar piezas consideradas rochistas.
Ayer anunció los nombramientos de Karla Marlén García Villela, como Subsecretaria de Agricultura, y Diego Angulo Camacho como titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, organismo que depende de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.
Pese a que Ismael Bello sigue como titular de la Secretaría de Agricultura, ahora Graciela tendrá con Marlén García a parte de su equipo en la toma de decisiones de la dependencia.
No hay que olvidar que Bello es una de las piezas y funcionarios de mucha confianza del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
El movimiento parece obedecer a la misma lógica que explica el por qué Yeraldine Bonilla Valverde sigue en el cargo de Secretaria General de Gobierno.
La salida de Bello ni la de Yeraldine parecen estar dentro de las negociaciones de Graciela con Rocha Moya, al menos hasta ahora.
En el caso de Diego Angulo Camacho, como nuevo titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, es un movimiento más natural que maroma morenista y entre fuerzas o corrientes contrarias, pues sólo ocupa el lugar que dejó Ramón Gallegos para irse a buscar la coordinación de Morena en Navolato.
Sin embargo el cargo y posición, hoy para Graciela, no es menos importante, por los compromisos que desde esa dependencia podrían haber tenido con Obras Públicas y las señaladas empresas que supustamente estuvieron controladas por los hijos de Rocha Moya.
Podriamos creer que por ello es que uno de los primeros movimientos de Graciela involucró la llegada de José Cipriano Serrano como titular del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, para tener el dominio de esa dependencia encargada de los recursos y contratos para las obras de infraestructura de educación pública.
¿O usted qué piensa?
¡FOUL!... La Gobernadora interina Graciela Domínguez señaló que aún no han dado de baja al director del Penal de Mazatlán, porque ¡todavía no hallan sustituto!
