El cielo no es territorio estatal
En Culiacán, ya es costumbre voltear al cielo y ver pasar las aspas de la Marina o de la Fuerza Aérea Mexicana. La novedad es que ni la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sabe qué están buscando.
La vocera de Seguridad Pública en Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela, lo dijo sin rodeos: la información sobre los sobrevuelos es reservada. Traducido: ni siquiera ella sabe qué pasa.Y no es porque no quiera saber. Es porque no le dicen.
Hay operativos que, según el Gobierno federal, deben mantenerse en “reserva” para garantizar su éxito, pero esa reserva, más que una estrategia, huele a desconfianza.
¿De quién se están cuidando los federales? ¿De los criminales? ¿O del propio Gobierno Estatal?
Cada vez que se presentan estas situaciones es el mismo guión.Porque si los operativos son federales y el Gobierno estatal no tiene detalles, el mensaje es claro: el cielo es territorio de la Federación, y en tierra, de la incertidumbre.
La sartén por el mango... a que los mangoneen
No es que la Diputada local del PAN, Roxana Rubio Valdez, descubriera el agua hervida al admitir que en Sinaloa, y casi que a nivel nacional, las reformas de las leyes actualmente dependen en gran parte de la voluntad de la 4T.
“El PAN está a favor de la transparencia, a favor de la CEAIP, de todos los organismos autónomos, la transparencia, la rendición de cuentas, pero a final de cuentas depende todo ahorita de Morena, son el grupo mayoritario, y la mayoría de las comisiones pues ellos presiden, y los presidentes tienen que convocar”, dijo.
La panista no descubrió el hilo negro, pero sí es un mensaje contundente como por si faltaba alguna otra señal de que, como lo demostraron las pasadas elecciones, la oposición quedó casi inexistente en la política sinaloense.
El comentario de la Diputada Roxana Rubio surgió en torno a un tema tan relevante como preocupante, que es la armonización a la Constitución Política y reforma a la Ley de Transparencia, que suponen la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos la CEAIP.
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en Sinaloa ha demostrado ser un ente importante para que las y los ciudadanos dispongan de información que, no es que las dependencias se apiaden y sean buenos samaritanos, sino que están obligados a difundir.
Recientemente la propia Comisión reveló en un informe de cumplimiento que las autoridades municipales brillan por opacidad, principalmente lo que son las paramunicipales como juntas de agua potable.
Este tipo de reportes por parte de la CEAIP son solo una muestra de lo importante que es insistirle y recordarles a los entes, y por ende a quienes trabajan en estos, que ostentar un cargo público debe asumirse con responsabilidad, compromiso y honestidad.
Pero volviendo al tema de la reforma a la Ley de Transparencia, a nivel nacional ya estará enterado de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la creación de “Transparencia para el Pueblo” en su lugar.
En Sinaloa parece inminente la extinción de la CEAIP, y como respuesta a ello organizaciones ciudadanas, como la Red Ciudadana Anticorrupción integrada por Iniciativa Sinaloa o el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, presentaron hace algunas semanas sus iniciativas para llevar este proceso de armonización.
Es de aplaudir que la sociedad civil se esmere en seguir apostándole a estos mecanismos garantes de un derecho, no capricho, de acceso a la información pública.
Si en estos años, teniendo estas vías de rendición de cuentas y transparencia de recursos públicos, se han dado casos de corrupción tan surrealistas como la pandilla que opera en la UAS, que según retacó a sus estudiantes con tacos de pollo durante años, ¿qué puede esperarnos si los extinguen?
Y retomando las palabras de la Diputada Roxana Rubio, la ciudadanía ahora habrá de confiar en que la aplastante mayoría de Morena, Morena de color verde, y Morena de rojo y amarillo, reflexionen y entiendan lo vital que son los órganos garantes para la vida pública.
Más involucrados en el tema Ahome
El asunto que trae arrastrando el Presidente Municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, ya superó el rollo personal e incluyó en su proceso legal a la Síndica Procuradora, Cecilia Hernández Flores, quien está acusada por cometer presunto abuso de autoridad y delitos de servidores públicos.
Ayer, en una audiencia inicial que duró varias horas e incluyó un largo receso, el Juez Carlos Alberto Herrera determinó que la Fiscalía General del Estado presentó pruebas suficientes para suponer que la funcionaria obstaculizó una investigación ministerial.
El cargo de la Fiscalía Anticorrupción le dio un apretón de tuercas al asunto del presunto contrato irregular por arrendamiento de 126 vehículos a 171 millones de pesos con la empresa Grinleasing S.A.P.I de C.V., del que todos sospechamos sí se pasaron de lanza.
La acusación contra la Síndica Procuradora es que ésta no brindó información a la FGE sobre esta contratación, como una copia del contrato, actas del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, actas de entrega-recepción de los vehículos, padrón vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para justificar la renovación de vehículos, así como cuentas bancarias y origen de los recursos para pagar el acuerdo.
La acción es común simplemente en el ejercicio de transparencia, que en lo habitual dan una respuesta de esta forma para retrasar la información que por ley debe ser pública.
En la audiencia de ayer, los fiscales señalaron a Cecilia Hernández de no otorgar estos documentos cuatro veces, a las que respondió que no tenía competencia y que las áreas que tenían esa información no quisieron brindarla.
¡Patrañas!
Imagínese a una dependencia como un Ayuntamiento dar semejante maroma, es lo que habitualmente enfrentamos los periodistas cuando solicitamos algo tan simple como aclarar una transacción como esta.
La defensa de la Síndica Procuradora argumentó que la imputación tenía vicios, de los que no entendemos, como que la FGE indicó que fue un delito instantáneo, cuando mencionaron que hubo más de una solicitud de información.
Imagínese que la defensa acusó que la FGE no demostró una conducta dolosa o maliciosa por parte de la Síndica y que al contrario ella advirtió a las áreas del Ayuntamiento que la Fiscalía pedía esos documentos como parte de una carpeta de investigación.
Que supuestamente ella mostró disposición y voluntad de conseguir la información para colaborar con las autoridades. Lo real es que la doña sí tiene una broncona que ya se convirtió en una acusación judicial por opaca o por ocultar algo tan simple como las copias de un contrato, sus pagos y argumentos.
El juez consideró que la funcionaria obstaculizó la investigación al negar los documentos solicitados, y al mismo tiempo ordenó a la Fiscalía investigar a los servidores públicos de las áreas administrativas que no colaboraron con la Síndica Procuradora.
Ahora tendrá tres meses para conseguir datos que echen por la borda las acusaciones en su contra.Algo que como el propio Vargas Landeros, estará difícil de comparar.A ver qué sale.
