La destitución del Tesorero del Estado, Miguel López, no fue solo un cambio de funcionario, sino la exhibición pública de un problema interno en la cadena de responsabilidades del Gobierno de Sinaloa. El hecho de que el Gobernador Rubén Rocha Moya tuviera que anunciarlo personalmente en plena conferencia semanal revela que el relevo no se procesó donde debía: en la Secretaría de Administración y Finanzas.

En un contexto de revisión del gasto, ajustes presupuestales y preparación del ejercicio fiscal 2026, la Tesorería es una de las áreas más sensibles del Gobierno. Por eso, lo ocurrido en la Semanera llama la atención no por el cese en sí, sino por la forma en que se ejecutó. Cuando un Gobernador convierte una conferencia de prensa en escenario de decisiones administrativas, el mensaje implícito es que él manda, más allá de las formas.

La orden pública girada a Joaquín Landeros para ejecutar de inmediato el relevo dejó al descubierto esa omisión. El Secretario de Administración y Finanzas es, por definición, el responsable directo de la operación financiera y de los movimientos internos de su dependencia. Si el Gobernador tuvo que instruirlo en vivo, fue porque el asunto no se resolvió como el mandatario esperaba.

Más que un acto de transparencia, el anuncio funcionó como un llamado de atención expuesto. Miguel López salió, pero el señalamiento político fue para quien debía conducir el ajuste sin escalarlo al máximo nivel. La falta de explicaciones sobre las causas del cese refuerza la lectura de que el problema no solo fue el desempeño del Tesorero, sino la incapacidad de procesar el cambio dentro de los cauces institucionales.

El mensaje hacia dentro fue contundente: cuando los secretarios no responden de acuerdo a la expectativa, el Gobernador interviene, aunque sea frente a todos. Y hacia fuera, la señal fue igual de clara: el relevo en Tesorería no será el único en esa lógica.

Mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Sinaloa clausuró la construcción de la palapa en Playa Norte en Mazatlán, la obra se sigue construyendo y no la frena nadie.

Y mientras la obra avanza a pasos agigantados y extendiéndose, el delegado en Sinaloa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Renato Ocampo Alcántar, justifica que no puede actuar de inmediato, aunque dice que la gente quisiera en el caso de esas palapas es que se llegara con máquinas tumbando, pero eso no se puede hacer.

Y por parte de la administración de la Alcaldesa Estrella Palacios Domíguez, su director de Planeación Urbana y Desarrollo Sustentable de Mazatlán, Julio César Osuna Sandoval, reconoce que en algunas palapas en la playa frente al malecón se extendieron más del área de trabajos autorizada para su reparación tras el paso del huracán Priscila.

Y también le echa la bolita a la Profepa, que a esa dependencia le toca verificar esas labores.

Incluso reconoce que había concesiones, pero no tenían vigente todavía la Manifestación de Impacto Ambiental.

En fin, quién será el poderoso e influyente propietario, ese que las dependencias no han podido con él o no quieren tocarlo?

Por lo pronto estas dos palapas ya casi están listas para el Carnaval y para Semana Santa, mientras las autoridades siguen dormidas.

Mientras en Sinaloa desaparecen personas a diario, poco le interesa a la Fiscalía General del Estado resolver los casos, pues privilegian las vacaciones del personal del Ministerio Público que ponerse a trabajar y dar respuesta la ciudadanía.

Así que está “prohibido” desaparecer mientras estén de vacaciones los burócratas, como el personal del Ministerio Público.

El caso más reciente sucedió en Escuinapa, el municipio que está bajo la pugna de dos grupos delincuenciales rivales y que ha sido objeto de estallido de bombas artesanales, donde la población ha padecido este pleito.

El pasado domingo, el colectivo Orquídeas Moradas señaló la desaparición de Lidia Magdalena Zarate Aguilar y pidió el apoyo de todos para localizarla.

Ella desapareció este domingo 4 de enero a las 15:00 horas, cuando salió de trabajar y no llegó a casa. Su familia salió a buscarla y encontró su motocicleta con daños pero sin ella.

De acuerdo al colectivo Orquídeas Moradas, la familia se topó con la gran sorpresa de que la oficina del Ministerio Público ubicada en la Unidad Administrativa en Escuinapa estaba cerrada y pues no pudiera poner la denuncia de la desaparición.

El Ayuntamiento de Culiacán tenía aprobado en el presupuesto de 2024 y 2025 un apoyo de 400 mil pesos por año para centros de rehabilitación de personas con adicciones. En total, 800 mil pesos. Ese dinero, sin embargo, nunca llegó a estos espacios, como denunció el Movimiento para Sinaloa sin Adicciones.

La explicación del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil es que el recurso se “reasignó” a otras necesidades por la crisis de violencia que vive la ciudad. El problema es que esa respuesta se queda corta.

Si el dinero estaba etiquetado para rehabilitación, tendría que haber algo más que una frase: un documento, una partida específica o un programa que explique con claridad a dónde se fue y en qué se gastó. Hasta ahora, eso no se ha mostrado.

Lo único que se ha dicho es que hubo otras urgencias, como apoyar a comerciantes y tianguistas con apoyos económicos. Pero no se ha aclarado si esos 800 mil pesos terminaron ahí, si se repartieron en varios programas o si se usaron para otra cosa.

Y ahí está el fondo del asunto. No es solo que los centros se hayan quedado sin apoyo; es que un recurso público aprobado no tiene hoy un destino claro. Cuando el gobierno no puede explicar con precisión dónde acabó el dinero, la duda no es exagerada, es obligada.