Dice la Secretaria General del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar que en Culiacán las llamadas al 911 por violencia familiar se han mantenido en un promedio de 16 diarias. Lo sueltan como quien dice que el clima estará estable, pero el fondo es una tormenta.
Resulta contradictorio, por no decir alarmante, que mientras presumen una ligera variación a la baja en los reportes, reconozcan en la misma frase que los feminicidios han aumentado.
Si hay menos gritos de auxilio por teléfono pero más mujeres muertas, algo en la protección está fallando de forma estrepitosa. No se puede decir que vamos del otro lado cuando la capital sinaloense ocupa el primer lugar en feminicidios a nivel estatal.
La justificación de la institución ante el deshonroso primer lugar de Culiacán en esta violencia es casi matemática diciendo que es porque somos más. Argumentan que, como la capital concentra a más del 50 por ciento de los sinaloenses, es evidente que las cifras se disparen, vaya lógica.
Bajo esa premisa, parece que estamos condenados a la violencia por el simple hecho de vivir amontonados y en lugar de ver la densidad poblacional como un reto para redoblar esfuerzos, se usa como el escudo perfecto para normalizar que la violencia estructural contra las mujeres calificada por ellos mismos como una pandemia.
En el sector de Alturas del Sur, que sigue firme como un foco rojo de la ciudad, la autoridad tiene una lectura muy optimista y dicen que si hay muchos reportes es porque la gente está informada y tiene confianza en las instituciones, vaya vuelta de tuerca.
Según esta visión, el hecho de que una colonia sea una zona de violencia familiar es, en realidad, una señal de éxito institucional porque las víctimas sí llaman al 911. Habrá que preguntarles a las vecinas si llaman por confianza o porque la realidad las está asfixiando y no les queda de otra.
Para combatir el machismo, ese tema cultural que reconocen como la raíz de todo, lanzaron la campaña “Cámbiate el chip” enfocada en el noviazgo, y la intención es buena al tratar de que la violencia no escale, pero mientras intentan cambiarle el chip a los jóvenes, el sistema parece seguir con el mismo software lento.
Un contraste preocupante para la población son las pocas denuncias formales en comparación con el mar de llamadas y una atención que, aunque dicen que es permanente, no logra sacar a Culiacán de la zona de peligro.
Durante los últimos días hemos visto cómo se ha vuelto viral una noticia debido a lo absurdo que suena, en un contexto en el que también puede significar una amenaza a la libertad de expresión.
Resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó sancionar a una experta en derechos humanos, debido a unas conversaciones privadas de WhatsApp suyas en las que supuestamente involucraba a la Diputada local con licencia Almendra Ernestina Negrete.
Y es que Negrete, quien tampoco puede presumir de haber ganado algún reconocimiento por “Miss simpatías” pues ya hay varia raza que se ha quejado de sus malos tratos, interpuso la denuncia ante el TEPJF.
Entre 2024 y 2025, Emma Zermeño López sostuvo conversaciones privadas con un amigo a través de WhatsApp en el que involucró a la Diputada, en un tono coloquial y de confianza.
Ese amigo, de quien queda claro es un traidor de bajísimo nivel, terminó agarrando chamba con la Diputada, a quien le enseñó la conversación a todas luces privada.
El traidor entregó capturas de pantalla de los chats que había mantenido con la activista tiempo atrás y, con eso, la otrora activista Negrete interpuso la denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, pero este por lógica y sentido común determinó que no podía analizar el contenido de un chat privado.
Aquí es donde se abre la polémica, porque el TEES consideró que las comunicaciones personales están protegidas por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.
Pero Negrete y sus abogados impugnaron la resolución y el caso llegó a la Sala Regional de Guadalajara.
Lo absurdo del tema es que, el 26 de febrero, la Sala Regional revocó la decisión del Tribunal local y concluyó que sí se acreditaba violencia política de género por parte de Zermeño contra la legisladora.
El mitote va a seguir, porque la actual asistente de la Secretaría de las Mujeres en el Gobierno estatal presentó una impugnación por la sentencia.
Esperemos que al final triunfe la razón y el sentido común, porque entonces sí hay que cuidarse de los traidores y mitoteros, pero sobre todo de la raza vengativa al nivel de llevar unos comentarios de un chat personal hasta el Tribunal federal.
Y lo peor es que esta Legisladora ya anda de aprontada con la candidatura de Imelda Castro para ver cómo le hace para seguir bajando feria del erario sin entregar nada productivo más que mitotes, quedaderas de mal y maltratos a la gente.
La pintura roja lanzada durante la marcha del 8 de marzo permaneció apenas unas horas en la fachada del Ayuntamiento de Culiacán antes de que personal municipal iniciara labores para retirarla. Las huellas de la protesta desaparecieron con rapidez de las paredes del edificio público, en una escena que se repite cada año después de las movilizaciones feministas.
La intervención formó parte de las acciones de iconoclasia realizadas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, una forma de protesta que busca intervenir simbólicamente los espacios de poder para visibilizar reclamos frente a la violencia que enfrentan las mujeres.
Sin embargo, la velocidad con la que se borraron las pintas y la pintura roja generó nuevamente cuestionamientos entre colectivas y participantes de la movilización, que han señalado en distintas ocasiones que la respuesta institucional suele ser más rápida para limpiar edificios que para resolver los casos de violencia feminicida.
La pintura roja utilizada en estas protestas suele representar la sangre de las mujeres víctimas de violencia y la exigencia de justicia para quienes han sido asesinadas o desaparecidas. En ese sentido, las intervenciones buscan colocar en el espacio público un recordatorio de las deudas que persisten en materia de seguridad y justicia para las mujeres.
La escena de este 8 de marzo no fue exclusiva de Culiacán. En Mazatlán, manifestantes también realizaron intervenciones en edificios públicos, entre ellos el Ayuntamiento y oficinas de los Juzgados Familires del Poder Judicial del Estado, donde se registraron pintas y consignas dirigidas a las autoridades.
Estas acciones forman parte de una dinámica que se ha repetido en distintas ciudades del País durante las marchas del 8M, donde la iconoclasia se ha convertido en una herramienta de protesta para visibilizar demandas y señalar la responsabilidad de las instituciones frente a la violencia de género.
Mientras las pintas y la pintura son retiradas de muros y fachadas en cuestión de horas, los reclamos de las familias de víctimas de feminicidio suelen permanecer durante años en espera de avances en las investigaciones y de sentencias contra los responsables.
La rapidez con la que desaparecen las huellas de la protesta contrasta con la lentitud con la que avanzan muchos de los casos de violencia contra las mujeres, una realidad que cada 8 de marzo vuelve a colocarse en las calles a través de marchas, consignas e intervenciones que buscan mantener visible la exigencia de justicia.
¡FOUL! Un estudio elaborado por el IMCO reveló que Sinaloa cerró el 2025 con 53.2 puntos en condiciones de trabajo para mujeres... ¡apenas a media tabla nacional!
Dice la Secretaria General del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar que en Culiacán las llamadas al 911 por violencia familiar se han mantenido en un promedio de 16 diarias. Lo sueltan como quien dice que el clima estará estable, pero el fondo es una tormenta.
Resulta contradictorio, por no decir alarmante, que mientras presumen una ligera variación a la baja en los reportes, reconozcan en la misma frase que los feminicidios han aumentado.
Si hay menos gritos de auxilio por teléfono pero más mujeres muertas, algo en la protección está fallando de forma estrepitosa. No se puede decir que vamos del otro lado cuando la capital sinaloense ocupa el primer lugar en feminicidios a nivel estatal.
La justificación de la institución ante el deshonroso primer lugar de Culiacán en esta violencia es casi matemática diciendo que es porque somos más. Argumentan que, como la capital concentra a más del 50 por ciento de los sinaloenses, es evidente que las cifras se disparen, vaya lógica.
Bajo esa premisa, parece que estamos condenados a la violencia por el simple hecho de vivir amontonados y en lugar de ver la densidad poblacional como un reto para redoblar esfuerzos, se usa como el escudo perfecto para normalizar que la violencia estructural contra las mujeres calificada por ellos mismos como una pandemia.
En el sector de Alturas del Sur, que sigue firme como un foco rojo de la ciudad, la autoridad tiene una lectura muy optimista y dicen que si hay muchos reportes es porque la gente está informada y tiene confianza en las instituciones, vaya vuelta de tuerca.
Según esta visión, el hecho de que una colonia sea una zona de violencia familiar es, en realidad, una señal de éxito institucional porque las víctimas sí llaman al 911. Habrá que preguntarles a las vecinas si llaman por confianza o porque la realidad las está asfixiando y no les queda de otra.
Para combatir el machismo, ese tema cultural que reconocen como la raíz de todo, lanzaron la campaña “Cámbiate el chip” enfocada en el noviazgo, y la intención es buena al tratar de que la violencia no escale, pero mientras intentan cambiarle el chip a los jóvenes, el sistema parece seguir con el mismo software lento.
Un contraste preocupante para la población son las pocas denuncias formales en comparación con el mar de llamadas y una atención que, aunque dicen que es permanente, no logra sacar a Culiacán de la zona de peligro.
Durante los últimos días hemos visto cómo se ha vuelto viral una noticia debido a lo absurdo que suena, en un contexto en el que también puede significar una amenaza a la libertad de expresión.
Resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó sancionar a una experta en derechos humanos, debido a unas conversaciones privadas de WhatsApp suyas en las que supuestamente involucraba a la Diputada local con licencia Almendra Ernestina Negrete.
Y es que Negrete, quien tampoco puede presumir de haber ganado algún reconocimiento por “Miss simpatías” pues ya hay varia raza que se ha quejado de sus malos tratos, interpuso la denuncia ante el TEPJF.
Entre 2024 y 2025, Emma Zermeño López sostuvo conversaciones privadas con un amigo a través de WhatsApp en el que involucró a la Diputada, en un tono coloquial y de confianza.
Ese amigo, de quien queda claro es un traidor de bajísimo nivel, terminó agarrando chamba con la Diputada, a quien le enseñó la conversación a todas luces privada.
El traidor entregó capturas de pantalla de los chats que había mantenido con la activista tiempo atrás y, con eso, la otrora activista Negrete interpuso la denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, pero este por lógica y sentido común determinó que no podía analizar el contenido de un chat privado.
Aquí es donde se abre la polémica, porque el TEES consideró que las comunicaciones personales están protegidas por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.
Pero Negrete y sus abogados impugnaron la resolución y el caso llegó a la Sala Regional de Guadalajara.
Lo absurdo del tema es que, el 26 de febrero, la Sala Regional revocó la decisión del Tribunal local y concluyó que sí se acreditaba violencia política de género por parte de Zermeño contra la legisladora.
El mitote va a seguir, porque la actual asistente de la Secretaría de las Mujeres en el Gobierno estatal presentó una impugnación por la sentencia.
Esperemos que al final triunfe la razón y el sentido común, porque entonces sí hay que cuidarse de los traidores y mitoteros, pero sobre todo de la raza vengativa al nivel de llevar unos comentarios de un chat personal hasta el Tribunal federal.
Y lo peor es que esta Legisladora ya anda de aprontada con la candidatura de Imelda Castro para ver cómo le hace para seguir bajando feria del erario sin entregar nada productivo más que mitotes, quedaderas de mal y maltratos a la gente.
La pintura roja lanzada durante la marcha del 8 de marzo permaneció apenas unas horas en la fachada del Ayuntamiento de Culiacán antes de que personal municipal iniciara labores para retirarla. Las huellas de la protesta desaparecieron con rapidez de las paredes del edificio público, en una escena que se repite cada año después de las movilizaciones feministas.
La intervención formó parte de las acciones de iconoclasia realizadas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, una forma de protesta que busca intervenir simbólicamente los espacios de poder para visibilizar reclamos frente a la violencia que enfrentan las mujeres.
Sin embargo, la velocidad con la que se borraron las pintas y la pintura roja generó nuevamente cuestionamientos entre colectivas y participantes de la movilización, que han señalado en distintas ocasiones que la respuesta institucional suele ser más rápida para limpiar edificios que para resolver los casos de violencia feminicida.
La pintura roja utilizada en estas protestas suele representar la sangre de las mujeres víctimas de violencia y la exigencia de justicia para quienes han sido asesinadas o desaparecidas. En ese sentido, las intervenciones buscan colocar en el espacio público un recordatorio de las deudas que persisten en materia de seguridad y justicia para las mujeres.
La escena de este 8 de marzo no fue exclusiva de Culiacán. En Mazatlán, manifestantes también realizaron intervenciones en edificios públicos, entre ellos el Ayuntamiento y oficinas de los Juzgados Familires del Poder Judicial del Estado, donde se registraron pintas y consignas dirigidas a las autoridades.
Estas acciones forman parte de una dinámica que se ha repetido en distintas ciudades del País durante las marchas del 8M, donde la iconoclasia se ha convertido en una herramienta de protesta para visibilizar demandas y señalar la responsabilidad de las instituciones frente a la violencia de género.
Mientras las pintas y la pintura son retiradas de muros y fachadas en cuestión de horas, los reclamos de las familias de víctimas de feminicidio suelen permanecer durante años en espera de avances en las investigaciones y de sentencias contra los responsables.
La rapidez con la que desaparecen las huellas de la protesta contrasta con la lentitud con la que avanzan muchos de los casos de violencia contra las mujeres, una realidad que cada 8 de marzo vuelve a colocarse en las calles a través de marchas, consignas e intervenciones que buscan mantener visible la exigencia de justicia.
¡FOUL! Un estudio elaborado por el IMCO reveló que Sinaloa cerró el 2025 con 53.2 puntos en condiciones de trabajo para mujeres... ¡apenas a media tabla nacional!
