Hace poco destacamos en este espacio que en Culiacán se ha notado un cambio para bien en las calles, pues será poco aún, pero la vida en la tarde-noche y noche han dado asomos de reactivarse.

Gran parte de ello, si no es que todo el mérito, se lo lleva la gente que se anima a intentar retomar los espacios que le pertenecen, aún y cuando las autoridades del Estado no han logrado que esto se logre de forma plena y segura.

En este caso queremos refrendar el hecho de que es la gente quien mantiene firme la lucha por regresarle el brillo y alegría a Sinaloa, y muestra de ello es el anuncio del festival gastronómico “Tierra y Sal 2025” que se celebrará en Mazatlán.

Pocas maneras mejores hay para intentar levantar a este estado que apegándose a lo que le distingue, su gastronomía, sazón y carisma. Este tipo de encuentros son un ejemplo aplaudible.

Hace algunos meses en Culiacán se dio el “Jalemos con la Banda”, encabezado por el chef Miguel Taniyama, y aunque la crisis no se fue ni mucho menos, aquella fiesta sirvió para recordar que los espacios públicos son de la ciudadanía, no de criminales.

Ahora en Mazatlán está contemplado darse este festival, a unos días de que culminó el Carnaval Internacional de aquel municipio, y esperemos que tenga el mejor de los éxitos.

Porque aunado a ello, el dinero que se recaude con la cena con causa que habrá, será en beneficio de otra iniciativa ciudadana muy valiosa como lo es Conselva, especializada en proteger el agua.

Y mientras los diferentes sectores empresariales, gremiales y ciudadanos hacen su lucha por apropiarse definitivamente de la entidad que les corresponde, nuestras autoridades locales se mantienen a la expensa de que el poder federal venga a solucionar todo.

Porque mientras que el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina son los que hacen frente a los grupos criminales, las instituciones a cargo del gobierno del estado y los municipios brillan por su ausencia: sí, hablamos de la policía estatal, la municipal de Culiacán (que se ha convertido en el flanco más débil de esta guerra) y la Fiscalía del estado que son incapaces de reducir delitos del fueron común como el robo de autos y el robo a comercio.

Previo al Día Internacional de la Mujer ya caen sobre algunas instituciones de procuración de justicia algunas demandas por parte de funcionarios públicos adversarios del Gobierno en turno que se enaltecen con robustecer manifestaciones pero institucionalizar la violencia a partir de hacer nada desde sus cargos públicos.

Y estas exigencias no sólo salen de adversarios, sino de los propios Gobiernos que desde su posición mayoritaria promueven con sus luces de colores, sus blusas naranjas o moradas y sus canciones de empoderamiento, un discurso vago sobre la verdadera garantía de justicia.

Hay acciones que cambian de alguna manera la vida de las mujeres que necesitan ese apoyo, y aunque se reconoce, también es una obligación por parte de las autoridades garantizar esa ayuda. Por eso vale la pena recordar que la impunidad en las cifras sigue vigente.

Que pese a que el día nos obliga a estar ahí, cada víctima los obliga a dar la cara por todas las víctimas, a no reducir la lucha a un acto simbólico ni a una efímera conmemoración. Porque la justicia no se mide en discursos ni en iluminaciones temporales, sino en acciones concretas, en sentencias que no tarden años, en investigaciones que no duerman en archivos y en un sistema que no revictimice a quienes buscan respuestas.

Y mientras los gobiernos insisten en sus declaraciones optimistas, la realidad sigue desbordándose en los expedientes sin resolver, en los llamados ignorados y en las puertas que se cierran para las mujeres que denuncian. La deuda es inmensa, y el deber de saldarla no se acaba con una fecha en el calendario.

La muerte de la agente de la Policía Municipal de Culiacán, Petra Emilia, provocó que una treintena de mujeres policías y tránsitos llegaran al Palacio Municipal para realizar una enérgica protesta para que se esclarezca su asesinato.

“Nos falta Emilia”, dijeron las manifestantes mientras afuera sus compañeros mantenían las sirenas de las patrullas prendidas.

Petra Emilia Corrales Jiménez fue privada de la libertad el 28 de febrero y localizada sin vida el 2 de marzo junto con dos compañeros, Ezequiel y Joel Alberto, quienes se dirigían a la zona sur de Culiacán para atender un reporte policial.

Los manifestantes, además de tener la atención de decenas de medios de comunicación, se reunieron con el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, debido a que el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil no estaba, pese a que se hallaba en horario laboral.

El reclamo es debido a la atrocidad del crimen, pues los cadáveres fueron hallados con huellas de tortura.

Lo peor es que por los antecedentes, los compañeros saben que éste, como los otros 22 asesinatos perpetrados contra policías de diferentes dependencias y niveles, no serán esclarecidos ni por las autoridades federales ni las locales.

Históricamente los crímenes contra los policías no tienen castigados y nadie se atreve a exigir justicia ni trabajar por ella como pasa en las peliculas.

Cada año, cuando se celebra el Día del Policía, hay una pregunta que ronda sobre el seguimiento que las propias instituciones le han dado a los crímenes contra sus compañeros, por el seguimiento y exigencia que debería existir desde los mandos, pero nunca hay una respuesta qué de paz a sus familiares y amigos dolientes.

La historia, que aunque nos gustaría fuera diferente, tiende a aplastar los expedientes de los crímenes y lejos están, con el tiempo, de resolver alguno, castigar a los responsables y lograr la tan ansiada reparación del daño.

Hace poco destacamos en este espacio que en Culiacán se ha notado un cambio para bien en las calles, pues será poco aún, pero la vida en la tarde-noche y noche han dado asomos de reactivarse.

Gran parte de ello, si no es que todo el mérito, se lo lleva la gente que se anima a intentar retomar los espacios que le pertenecen, aún y cuando las autoridades del Estado no han logrado que esto se logre de forma plena y segura.

En este caso queremos refrendar el hecho de que es la gente quien mantiene firme la lucha por regresarle el brillo y alegría a Sinaloa, y muestra de ello es el anuncio del festival gastronómico “Tierra y Sal 2025” que se celebrará en Mazatlán.

Pocas maneras mejores hay para intentar levantar a este estado que apegándose a lo que le distingue, su gastronomía, sazón y carisma. Este tipo de encuentros son un ejemplo aplaudible.

Hace algunos meses en Culiacán se dio el “Jalemos con la Banda”, encabezado por el chef Miguel Taniyama, y aunque la crisis no se fue ni mucho menos, aquella fiesta sirvió para recordar que los espacios públicos son de la ciudadanía, no de criminales.

Ahora en Mazatlán está contemplado darse este festival, a unos días de que culminó el Carnaval Internacional de aquel municipio, y esperemos que tenga el mejor de los éxitos.

Porque aunado a ello, el dinero que se recaude con la cena con causa que habrá, será en beneficio de otra iniciativa ciudadana muy valiosa como lo es Conselva, especializada en proteger el agua.

Y mientras los diferentes sectores empresariales, gremiales y ciudadanos hacen su lucha por apropiarse definitivamente de la entidad que les corresponde, nuestras autoridades locales se mantienen a la expensa de que el poder federal venga a solucionar todo.

Porque mientras que el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina son los que hacen frente a los grupos criminales, las instituciones a cargo del gobierno del estado y los municipios brillan por su ausencia: sí, hablamos de la policía estatal, la municipal de Culiacán (que se ha convertido en el flanco más débil de esta guerra) y la Fiscalía del estado que son incapaces de reducir delitos del fueron común como el robo de autos y el robo a comercio.

Previo al Día Internacional de la Mujer ya caen sobre algunas instituciones de procuración de justicia algunas demandas por parte de funcionarios públicos adversarios del Gobierno en turno que se enaltecen con robustecer manifestaciones pero institucionalizar la violencia a partir de hacer nada desde sus cargos públicos.

Y estas exigencias no sólo salen de adversarios, sino de los propios Gobiernos que desde su posición mayoritaria promueven con sus luces de colores, sus blusas naranjas o moradas y sus canciones de empoderamiento, un discurso vago sobre la verdadera garantía de justicia.

Hay acciones que cambian de alguna manera la vida de las mujeres que necesitan ese apoyo, y aunque se reconoce, también es una obligación por parte de las autoridades garantizar esa ayuda. Por eso vale la pena recordar que la impunidad en las cifras sigue vigente.

Que pese a que el día nos obliga a estar ahí, cada víctima los obliga a dar la cara por todas las víctimas, a no reducir la lucha a un acto simbólico ni a una efímera conmemoración. Porque la justicia no se mide en discursos ni en iluminaciones temporales, sino en acciones concretas, en sentencias que no tarden años, en investigaciones que no duerman en archivos y en un sistema que no revictimice a quienes buscan respuestas.

Y mientras los gobiernos insisten en sus declaraciones optimistas, la realidad sigue desbordándose en los expedientes sin resolver, en los llamados ignorados y en las puertas que se cierran para las mujeres que denuncian. La deuda es inmensa, y el deber de saldarla no se acaba con una fecha en el calendario.

La muerte de la agente de la Policía Municipal de Culiacán, Petra Emilia, provocó que una treintena de mujeres policías y tránsitos llegaran al Palacio Municipal para realizar una enérgica protesta para que se esclarezca su asesinato.

“Nos falta Emilia”, dijeron las manifestantes mientras afuera sus compañeros mantenían las sirenas de las patrullas prendidas.

Petra Emilia Corrales Jiménez fue privada de la libertad el 28 de febrero y localizada sin vida el 2 de marzo junto con dos compañeros, Ezequiel y Joel Alberto, quienes se dirigían a la zona sur de Culiacán para atender un reporte policial.

Los manifestantes, además de tener la atención de decenas de medios de comunicación, se reunieron con el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, debido a que el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil no estaba, pese a que se hallaba en horario laboral.

El reclamo es debido a la atrocidad del crimen, pues los cadáveres fueron hallados con huellas de tortura.

Lo peor es que por los antecedentes, los compañeros saben que éste, como los otros 22 asesinatos perpetrados contra policías de diferentes dependencias y niveles, no serán esclarecidos ni por las autoridades federales ni las locales.

Históricamente los crímenes contra los policías no tienen castigados y nadie se atreve a exigir justicia ni trabajar por ella como pasa en las peliculas.

Cada año, cuando se celebra el Día del Policía, hay una pregunta que ronda sobre el seguimiento que las propias instituciones le han dado a los crímenes contra sus compañeros, por el seguimiento y exigencia que debería existir desde los mandos, pero nunca hay una respuesta qué de paz a sus familiares y amigos dolientes.

La historia, que aunque nos gustaría fuera diferente, tiende a aplastar los expedientes de los crímenes y lejos están, con el tiempo, de resolver alguno, castigar a los responsables y lograr la tan ansiada reparación del daño.